Raúl Mínguez (Cámara de España): "La gestión de los 'NextGen' generó dudas y demoras en su ejecución"

Raúl Mínguez es el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España y Subdirector de la Cátedra Nebrija-Santander en Internacionalización de empresas (Universidad Nebrija). Anteriormente ha sido analista del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, profesor de la Universidad San Pablo CEU y Director de proyectos de consultoría (Quasar SA). Doctor en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares (premio extraordinario). Especialista con una experiencia de más de 25 años en el diseño y ejecución de estudios económico-empresariales, el análisis de coyuntura y el sector exterior. Atiende a elEconomista.es para analizar la coyuntura económica de España.

¿Cómo está España?

Después de la pandemia, desde una perspectiva económica, hemos logrado recuperar los niveles cuantitativos que se habían perdido durante la crisis sanitaria. La singularidad de la estructura productiva española ha determinado un impacto mayor en comparación con otros países de nuestro entorno. Esto, sin duda, ha tenido efectos en los ámbitos económico, empresarial y social, retrasando el proceso de recuperación posterior a la pandemia en comparación con otros contextos similares.

En estos años, hemos recuperado los niveles previos a la pandemia, principalmente en términos cuantitativos, como lo evidencia el PIB. Sin embargo, es crucial cuestionarnos sobre las bases de este crecimiento, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Desde la perspectiva de las bases del crecimiento, hemos observado que el sector exterior jugó un papel determinante en la salida de la pandemia, siendo uno de los principales impulsores de la mejora económica en los años posteriores. Su contribución ha disminuido gradualmente, mientras que la demanda interna, especialmente el consumo privado y el sector público, han tomado el relevo y lideran el crecimiento económico.

En cuanto a las bases del crecimiento y la situación económica española, se están produciendo cambios significativos desde la pandemia. Además, desde una perspectiva cualitativa, es importante analizar otras dimensiones.

Por ejemplo, la renta per cápita de la economía española se encontraba 17 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro después de la crisis financiera. Aunque este diferencial se ha reducido gradualmente, nunca ha sido inferior a 10 puntos porcentuales. Sin embargo, debido al impacto mayor que tuvo la pandemia en la economía española, esta brecha se ha ampliado hasta alcanzar alrededor del 15%.

Este estancamiento o diferencia en la renta per cápita se debe, en parte, al aumento gradual de la población, especialmente de la población extranjera en España, lo que afecta negativamente a la renta per cápita. Además, esto también tiene implicaciones en términos de productividad, que puede verse afectada tanto por características sectoriales como por el número de horas trabajadas, que ha disminuido desde la pandemia.

Otra lectura cualitativa importante se refiere al crecimiento potencial de la economía española, que parece estar desacelerándose según las últimas estimaciones. Esto implica que las posibilidades de mejora en términos de renta per cápita se están volviendo más difíciles de alcanzar. Esto subraya la importancia de las inversiones en innovación, capacitación y digitalización, así como mejoras estructurales en el ámbito empresarial, para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo.

¿Qué supone entonces que el Gobierno quiera reducir la jornada laboral a pesar de que la productividad sigue disminuyendo, incluso con la caída en el número de horas trabajadas?

La productividad es un cociente entre la producción o el valor bruto generado en unidades monetarias respecto a la fuerza laboral, en este caso, en relación con el número de empleados o al número de horas trabajadas. Depende de la productividad.

En la medida en que se reduce el denominador, el número de efectivos o de horas empleadas, se incrementa la productividad, es un cálculo matemático. La cuestión aquí es: ¿qué se está logrando? ¿En qué medida, con los mismos trabajadores o menos horas trabajadas, se podrá mantener la producción o el valor bruto generado en relación con esos trabajadores o esos recursos humanos involucrados?

Aquí es donde pueden surgir dudas, ya que, según indicadores y comparativas, en España nos encontramos con niveles de innovación inferiores a los de nuestro entorno y condiciones en términos de capacitación y educación que no son óptimas, especialmente en ámbitos más especializados y técnicos. Estos son los que permitirían aumentar la producción o al menos mantenerla con menos recursos. Hay deficiencias que deben mejorarse en los recursos involucrados, las prácticas de innovación y digitalización, y la estructura empresarial y sectorial, de dimensiones medias o reducidas. Esto determina que las posibilidades de aumentar la producción con el mismo número de horas o empleos, o bien de mantenerla o aumentarla al reducir el número de empleos o horas, sea dudoso desde un punto de vista práctico.

¿Cómo percibe que está impactando el estancamiento prolongado de la inflación y la evolución del país, tanto en el ámbito empresarial como en el económico?

Hemos observado que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha logrado la reducción esperada. Nosotros realizamos una encuesta de perspectivas empresariales en la que abordamos varios aspectos.

Una de las preguntas clave es cuáles son los factores que limitan el crecimiento pasado y futuro, esperado. Históricamente, la inflación y los costos asociados eran las principales preocupaciones de los últimos ejercicios. Sin embargo, en nuestra última encuesta, realizada a nivel internacional y publicada en enero, encontramos que los costos laborales han tomado la delantera como la principal preocupación. Esto refleja las dificultades en términos de recursos disponibles y los costos asociados a la mano de obra.

Desde la pandemia hasta los últimos tres años, hemos sido testigos de un aumento significativo en los costos en todas las áreas, incluidos los costos laborales y los insumos. La salida de la pandemia trajo consigo desajustes entre la oferta y la demanda, lo que resultó en cuellos de botella en ciertos suministros e industrias, impactando directamente en los precios de bienes y servicios. Esta situación se vio agravada por la crisis energética, derivada en parte de la invasión rusa de Ucrania, y ha generado dificultades adicionales en las cadenas globales de valor y distribución. Como resultado, la inflación se ha mantenido en niveles elevados.

No obstante, por ver el lado positivo, se ha ido embridando poco a poco gracias a la acción coordinada de la política monetaria y a la contención de los efectos de segunda ronda. Es decir, el contagio sobre los salarios y sobre los márgenes empresariales. Los salarios y los márgenes empresariales han crecido, pero no lo han hecho al ritmo que lo han hecho los costos subyacentes, los costos de la energía, la inflación en términos globales, entre otros.

Por tanto, hay que mostrar esta actitud responsable por parte de los asalariados, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, y del tejido empresarial, de los empresarios, para tratar de mitigar y absorber el impacto que ha supuesto sobre su capacidad adquisitiva. Una capacidad adquisitiva que, hablando desde el punto de vista empresarial, ha supuesto que no hayan podido invertir. Una de las debilidades de la economía española es ese déficit, esos niveles de inversión inferiores al crecimiento del PIB, inversión en bienes de equipo inferiores al crecimiento del PIB, y que también están detrás de ese estancamiento en la productividad.

Las previsiones permiten ser razonablemente optimistas, ya que parece que esa dinámica de contención de los salarios y de los márgenes empresariales continuará; al tiempo que las presiones en términos de energía también se están conteniendo. Las empresas han adaptado ya sus cadenas logísticas a la situación de cuellos de botella que aparecieron en determinados mercados de bienes y servicios, y no es un escenario exento de riesgos, de incertidumbres geopolíticas, de ver qué va a suceder con la política monetaria; ya que, en nuestro caso, se determina por la concentración europea, y hay distintos niveles cíclicos en el ámbito de la zona euro.

¿Qué podría hacer el gobierno para facilitar la actividad empresarial en España?

Uno de los principales factores a considerar es la política monetaria. Hemos observado tensiones geopolíticas a nivel internacional, lo que limita el margen de maniobra en algunos aspectos. Sin embargo, hay áreas donde existe una mayor capacidad de actuación, uno de estos ámbitos es la política fiscal. En el año 2023, el gasto público fue el componente más dinámico de la economía y se esperaba que la política fiscal fuera gradualmente hacia una neutralidad, en consonancia con el crecimiento del PIB y la situación del empleo. España debe cumplir con los acuerdos en materia de déficit y deuda con sus socios comunitarios, lo que implica una senda de consolidación fiscal creíble, que puede lograrse a través de aumentos impositivos y/o reducciones del gasto.

El año pasado, vimos un incremento significativo en los impuestos recaudados, lo que no justifica un aumento adicional en un contexto de recuperación económica. Por otro lado, el gasto debe ser contenido para reducir el déficit estructural, un elemento diferenciador clave del ciclo fiscal español. Es necesario consolidar y reducir los gastos, ya que el año pasado vimos un aumento considerable que superó el crecimiento del PIB. La prórroga de los presupuestos generales del Estado del año 2023 es donde se observan oportunidades de mejora en la política fiscal, especialmente para las empresas. Estos presupuestos fueron diseñados en 2022, en un contexto de los costos y desafíos distinto, lo que sugiere la necesidad de una revisión para adaptarlos mejor a la realidad económica y social del país.

Otro aspecto relevante desde la perspectiva empresarial es la regulación y el marco normativo. En la Cámara de Comercio, trabajamos en la simplificación administrativa, pero aún persiste una normativa compleja, influenciada por múltiples niveles administrativos. Esto representa una carga para las empresas, especialmente con los crecientes requisitos relacionados como por ejemplo con la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Es fundamental simplificar la normativa y reducir la carga administrativa para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas. Un ejemplo concreto es el aumento en el tamaño de las empresas.

Identificamos una serie de umbrales relacionados con el crecimiento de las empresas, un tema en el que la Cámara ha trabajado extensamente en el pasado. Al revisar este marco, observamos que no se han reducido estos umbrales ni se han implementado medidas concretas para mitigarlos; como el paso de 9 a 10 trabajadores o de 49 a 50, y así sucesivamente. Por el contrario, la normativa ha seguido aumentando, agregando nuevos requisitos en áreas como la igualdad y la sostenibilidad, lo que ha profundizado los umbrales y dificultado el crecimiento medio de las empresas españolas. No estamos en contra de la modernización de la normativa y los trámites, sino de simplificar y coordinar la administración, así como de telematizar los procedimientos en todos los niveles. Esto facilitaría el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas.

Existen diversas acciones que se pueden tomar para incentivar el aumento de la productividad, como mejoras en la educación: la coordinación entre universidades y empresas, el impulso a la formación profesional y la colaboración público-privada. En términos de innovación, hemos presentado propuestas para estimular a las empresas a invertir en recursos innovadores, ya que la innovación es fundamental para el crecimiento de la productividad. En cuanto a la digitalización, aunque hay avances gracias a los fondos Next Generation, también se podrían implementar incentivos fiscales u otros apoyos específicos para diferentes sectores y tamaños de empresas.

Por último, el mercado laboral y los recursos humanos son una preocupación importante para las empresas, dada la gradual subida de costos asociados, como el salario mínimo interprofesional y las cuotas a la Seguridad Social. Esto encarece el proceso de contratación y requiere una acción tanto del sector público como del privado para abordar el costo y la oferta. Además, hay desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra en varios sectores y territorios, y la falta de cualificaciones que se ajusten a las necesidades empresariales.

¿Hay diferencias entre los retos de las grandes empresas y las pymes?

Los retos, aunque tendemos a segmentar mucho el tejida empresarial, son los mismos, solo que algunos los enfrentan en el corto plazo, y otros los afrontarán en el medio y largo plazo.

Normativas como la de sostenibilidad, en principio se aplica a las empresas muy grandes, pero estas demandarán ciertas características, cumplimientos y criterios en sostenibilidad, condiciones laborales, igualdad, medio ambiente y requisitos ambientales en toda su cadena de suministro y valor. Esto afectará también a las medianas, pequeñas, microempresas y autónomos. Por lo tanto, los retos son comunes.

¿Qué sucede? Las pequeñas sociedades tienen menos recursos para capacitarse, invertir, innovar o internacionalizarse. Los retos implican suplir esas deficiencias por otras vías, como la colaboración interempresarial, aunque en España hay menos cultura de colaboración comparado con otros países.

El proceso de crecimiento implica conseguir economías de aprendizaje mediante el conocimiento colaborativo, donde se aporta y recibe conocimiento para aumentar la dimensión conjunta.

También está el acercamiento institucional, ya que existen instituciones públicas que apoyan a las empresas, pero a veces estas no las conocen o desconfían de ellas. Superar esta barrera es un reto social.

Es esencial que las empresas entiendan que su entorno, incluyendo proveedores, clientes, competidores e instituciones de apoyo, ofrece oportunidades de crecimiento y éxito. Trabajar colaborativamente en este entorno puede aumentar la probabilidad de éxito ante los desafíos que enfrentan.

Respecto a los fondos europeos, ¿cómo está siendo su permeabilidad en el ecosistema empresarial?

Los fondos europeos, especialmente los Next Generation, han tenido un impacto considerable. Su implementación a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia ha sido clave para lograr que la economía española recupere los niveles prepandemia, lo cual es un desarrollo muy positivo. El paquete inicial ha sido fundamental para apuntalar políticas de apoyo a las empresas, y ahora nos concentramos en los objetivos de transformación y resiliencia.

La gestión de estos fondos ha sido compleja debido a su magnitud, lo que ha generado ciertas dudas y demoras en su ejecución inicial. Los fondos, finalmente, han ido penetrando en el tejido empresarial con instrumentos, llegando a empresas de todos los tamaños y sectores. Aunque ha habido dificultades, la colaboración público-privada ha permitido cierta flexibilidad y reorientación cuando ha sido necesario.

La perspectiva de ejecución de los fondos es positiva, y es probable que beneficien al tejido empresarial en gran medida. Algunos recursos tendrán un impacto directo en las empresas, mientras que otros, como las mejoras en infraestructuras o el fortalecimiento de instituciones de apoyo, beneficiarán indirectamente su competitividad.

Además de los recursos financieros, los Next Generation incluyen alrededor de 100 reformas estructurales o normativas que son igualmente importantes para la modernización. Estas reformas tienen la intención de ser duraderas y adaptarse a las necesidades cambiantes. Ejemplos incluyen la Ley de Industria, reformas en el mercado laboral, energético y de formación profesional, entre otras áreas.

Aunque a veces pasan desapercibidas frente al impacto directo de los fondos, estas reformas son fundamentales para el futuro de la economía española y merecen atención y apoyo continuo.

En esta España enfocada en la evolución del ecosistema empresarial, ¿puede haber sectores que se queden atrás?

Es cierto que no hay un sector único que esté experimentando un crecimiento uniforme en la economía española. Al salir de la pandemia, observamos un crecimiento heterogéneo en diferentes sectores, influenciado por factores como el entorno global y la apertura de fronteras.

Diría que los sectores con más dificultades son los que necesitan un tipo de mano de obra, con características específicas en cuanto a cantidad y cualificación, y que no la encuentran. Esto puede limitar sus posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, el sector del transporte y la logística, la hostelería y la construcción. Son sectores que necesitan disponer de recursos humanos para expandirse y, si no lo logran, pueden ver afectada su productividad. Por lo tanto, son los sectores que enfrentan mayores desafíos.

Otro ámbito es el de la internacionalización. Hay sectores muy expuestos al ámbito internacional, con una clara vocación internacional, especialmente en servicios como el turismo, hostelería y restauración, pero también en muchos sectores industriales. Estos sectores necesitan realizar mejoras tecnológicas y realizar inversiones necesarias para mejorar su productividad y competir a nivel internacional.

También es importante considerar la estabilidad geopolítica. Siempre hay inestabilidades en el escenario internacional, debido a la globalización y diversas crisis. Las empresas internacionalizadas necesitan cierta estabilidad en sus suministros y cadenas globales de valor para tener un horizonte de estabilidad a medio plazo. Sectores como la automoción, la química-farmacia y los bienes de equipo están sujetos a una exigencia adicional en este sentido.

¿Qué supone para las empresas los próximos procesos electorales en Europa y Cataluña?

La situación demanda certidumbre para las empresas y toda la actividad económica en general. Es crucial tener un entorno estable donde puedan llevar a cabo sus planes, previsiones de ventas, compras e inversiones con confianza. Por lo tanto, cualquier proceso electoral de gran magnitud, especialmente a nivel europeo, atrae mucha atención.

En el caso español, nuestras estructuras nacionales, autonómicas y locales son afortunadamente bastante estables y no están sujetas a fluctuaciones o riesgos significativos, más allá de los propios del ciclo político. No se anticipan cambios sustanciales en este contexto, por lo que las empresas están vigilantes y cautelosas, pero no prevemos que modifiquen sustancialmente sus prácticas en respuesta a esto, más allá de mantenerse alerta.

¿Cambia algo la aprobación la semana pasada del Reglamento Europeo contra la Morosidad?

Respecto a las versiones iniciales, ha mejorado sustancialmente. Inicialmente se tendía hacia una visión restrictiva de la relación comercial entre las partes, imponiendo rigideces o normativas que, en el caso particular de España, ya estaban reguladas de manera satisfactoria. Por lo tanto, consideramos positivo modernizar el marco en el que las empresas operan, adaptarlo al contexto y a las normativas paralelas emergentes.

Los términos en los que se ha alcanzado el acuerdo, que probablemente no se materialice hasta después de las elecciones, también son positivos, ya que son bastante similares a lo que se había solicitado desde España, incluyendo la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos comerciales. En las versiones iniciales esto no estaba presente y suponía una rigidez considerable. Además, se diferencia según la naturaleza de los bienes, estableciendo plazos distintos para bienes de consumo duradero y bienes fungibles en el corto plazo, como los 30 días que se establecían de manera genérica.

La normativa española contempla plazos de hasta 60 días en casos específicos, como establece la ley de comercio minorista. Esta filosofía ha impregnado también el reglamento, y desde la Cámara hemos respaldado estos planteamientos, lo que sugiere un avance positivo hacia la modernización del marco de las relaciones comerciales. Aunque se le denomine reglamento contra la morosidad, en realidad se trata de un marco para regular las relaciones comerciales.

¿Cómo están siendo las relaciones comerciales de las empresas españolas en territorios como Rusia, Ucrania o Israel?

Bueno, la empresa española asume todos los compromisos que la política comercial internacional, determinada por la Unión Europea, establece. Esto implica que se adapta a los marcos en los que se desarrollan las relaciones comerciales internacionales.

Afortunadamente, la empresa española cuenta con una base empresarial sólida en exportación, que incluye tanto empresas regulares en este ámbito como otras esporádicas. Esta base sólida se caracteriza por su diversificación y capacidades competitivas bien establecidas. Si observamos la serie histórica de los últimos 20 años, vemos un crecimiento continuo, incluso en un contexto internacional complicado, con aumentos de precios, entre otros desafíos.

Las empresas españolas tienen una amplia gama de productos y participan en múltiples intercambios comerciales en diversos mercados. Aquellos mercados que puedan presentar dificultades, ya sea por cuestiones normativas o coyunturales, como en el caso de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros países sujetos a sanciones o restricciones comerciales, han llevado a las empresas españolas a buscar alternativas. Han explorado otros mercados para exportar sus productos o para abastecerse, respetando las normativas y las situaciones coyunturales.

El comercio internacional implica tanto exportaciones como importaciones, y las empresas españolas han sido capaces de encontrar oportunidades en ambos aspectos, asegurando costos y tiempos razonables. Los datos más recientes sobre el comercio exterior indican que la empresa española mantiene sus bases competitivas, siguiendo la trayectoria histórica desde finales de la crisis financiera. En ese período, las empresas españolas, de todas las dimensiones, han interiorizado la internacionalización como una estrategia estructural, no solo como una respuesta coyuntural a la debilidad de la demanda interna.

¿Qué les parece la proposición de la patronal al Gobierno de que el trabajador cobrase su sueldo íntegro y pagase las cotizaciones directamente al Estado?

Esta es una cuestión que requiere un análisis más profundo y basado en datos concretos. Por ejemplo,las retenciones a la seguridad en términos del impuesto sobre la renta podrían ser consideradas en este contexto. Sin embargo, es probable que estas cuestiones dependan en gran medida del conocimiento y la información del trabajador, con efectos reales en las dinámicas de contratación.

Lo que está claro es que hay necesidades de mejora en el marco laboral, ya que es uno de los factores que preocupan a las empresas. Por ejemplo, en los indicadores a nivel europeo e internacional, observamos una tasa de desempleo que, aunque ha disminuido a corto plazo y se sitúa en alrededor del 11%, sigue siendo el doble del promedio de la Unión Europea. Esto indica que existen deficiencias que deben abordarse con políticas activas y pasivas de empleo, y mejoras en el mercado laboral.

Esta medida debe analizarse en una visión integral que incluya políticas activas y pasivas, así como el marco laboral en su conjunto. Aunque no hemos examinado esta cuestión en detalle, consideramos necesario acompañar las medidas con un análisis detallado que incluya datos, experiencias internacionales, pros y contras, costos, calendarios, etc.

En última instancia, creemos que es importante abordar esta cuestión dentro de una reflexión global a nivel nacional, considerando todos los aspectos del mercado laboral. Cualquier medida que se pueda proponer en este sentido debería ser bienvenida como parte de este proceso de reflexión.

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