Opinión

Perspectivas económicas ante las elecciones europeas

  • El futuro que pasa por políticas de inversión pública y de financiación para los grandes retos

Las elecciones europeas del próximo 9 de junio se producen en un contexto crucial para el futuro, no solo de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea, sino también para el conjunto del continente europeo.

Unas elecciones en un momento complejo, lleno de incertidumbre, en el que la guerra de Ucrania, que se inició hace más de dos años, no tiene viso de finalizar. Con un debate abierto sobre el futuro de la inversión en gasto militar; con la contracción de la economía rusa tras las sanciones impuestas; con el auge de Donald Trump en Estados Unidos ante las próximas elecciones del 5 de noviembre con propuestas como establecer un arancel del 10 por ciento a las importaciones; y el conflicto abierto en Oriente Próximo con nuevos factores como la entrada en escena de Irán.

Pero también con un debate en el marco de la futura expansión de la Unión Europea hacía los Balcanes occidentales, con la entrada de países como Albania, Serbia, Moldavia o la propia Ucrania, que daría más estabilidad a la región, un aumento de la prosperidad y las oportunidades para los ciudadanos y las empresas europeas, y que es también una inversión en paz y seguridad.

Es evidente que el mejor resultado de las urnas en junio es el que pasa por una mayor presencia de formaciones políticas que tienen claro el rumbo de la UE, que comparten los valores fundacionales y que tienen como objetivo el fortalecimiento de la democracia, frente al auge de formaciones de extrema derecha con amplia presencia ya en países como Italia, Francia, Suecia Finlandia o Países Bajos.

Un auge que es preocupante desde el punto de vista político pero también social y económico, por su capacidad de intervención sobre las decisiones a adoptar en el Parlamento Europeo, principalmente los presupuestos. Por tanto, su auge no sólo es un riesgo para la estabilidad política por sus tesis antieuropeístas, sino también para el progreso económico de la UE.

Un futuro que pasa por políticas de inversión pública y de financiación para los grandes retos de la digitalización y de la mitigación y adaptación al cambio climático, en un contexto de estancamiento económico de muchos países europeos.

Y que también deberá hacer frente a retos globales y compartidos con una perspectiva de solidaridad como la de esta legislatura, que ha hecho posible la puesta en marcha y despliegue de los fondos europeos con planes de recuperación y transformación. Fondos que han sido, por ejemplo, en el caso de nuestro país, un pilar fundamental para el crecimiento económico, la mejora de la competitividad empresarial o la creación de empleo; pero también políticas eficaces para la UE, como el desacople del gas ruso con iniciativas como la excepción ibérica liderada por los gobiernos de España y Portugal.

La nueva legislatura, tras las elecciones, abordará también la reactivación y el desarrollo del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las nuevas reglas fiscales, sobre el que se ha trabajado estos años, flexibilizando y adaptando los nuevos objetivos de deuda y déficit de los países a la realidad europea actual.

O también las iniciativas legislativas relacionadas con el avance de la digitalización, la estrategia innovadora o el desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en la que la UE ya es pionera en su regulación y en acotar sus límites y ámbitos de actuación.

De la misma forma, la reforma del mercado energético y la lucha contra el cambio climático, y el Pacto Verde Europeo, que recoge un paquete de iniciativas políticas con un impacto económico claro cuyo objetivo es avanzar en la transición ecológica con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en 2050, manteniendo y reforzando la innovación y competitividad de la industria, serán claves en los próximos años.

En ese contexto, nuestro país está en una situación mejor que el resto de los países, dado el buen desempeño de la economía española, con un crecimiento previsto para este año en el entorno del 2 por ciento y con una fuerte creación de empleo, con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, y creando cuatro de cada diez empleos nuevos que se crean en la UE.

O, por ejemplo, los datos de producción industrial que conocíamos estos días, que sitúan a España con el mayor crecimiento interanual en febrero, con una subida del 3,5 por ciento frente al descenso del 5,4 por ciento en el conjunto de los veintisiete estados miembros.

Recientemente, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, señalaba en una entrevista la posición óptima de la economía española en el contexto europeo, destacando el despliegue de los fondos Next Generation que han permitido que, de los 225.000 mil millones de euros desembolsados hasta ahora, España haya recibido 38.000 millones de euros.

Estas elecciones europeas, por tanto, son más que un punto de inflexión, son un punto de partida en el que un Parlamento Europeo con las prioridades económicas y la agenda de la UE clara es más necesario que nunca.

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