Desde el primer momento, los agentes sociales mostraron su disconformidad con la negociación de mínimos a la que están abocados en el recorte de la jornada semanal al fijar la vicepresidenta Díaz como irrenunciable el límite de 37,5 horas semanales sin rebaja salarial. Ahora las patronales y los sindicatos han ido más allá con una inesperada rebelión conjunta contra Trabajo. En concreto, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT exigen dos puntos básicos. El primero, que la jornada de 37,5 horas semanales se calcule como un promedio en cómputo anual, tal y como dicta el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo que permitirá adaptarlo por sectores y convenios colectivos. La segunda demanda, es una información completa de las horas verdaderamente trabajadas por áreas de actividad.
Ambas reclamaciones son oportunas para lograr que la implantación de la menor jornada se haga con la suficiente flexibilidad para evitar distorsiones que repercutan en la productividad, el empleo e incluso los precios. De hecho, los sindicatos aseguran que la reforma de máximos que propone Trabajo supondría "un caos" en muchos sectores, ya que no se tendría en cuenta que algunos exigen más horas de trabajo debido a la naturaleza de su actividad. Pese a lo positivo que sería la incorporación de flexibilidad, la realidad es que hasta el momento el Ministerio no está dispuesto a aceptar las reclamaciones de los agentes sociales, especialmente la de entregar una información más completa. Todo apunta a que el motivo del rechazo está en el interés de la vicepresidenta por utilizar esta reforma como arma electoral de cara a los comicios gallegos y europeos. Ello pese a que en su configuración actual la norma provocó un grave daño a la competitividad de las empresas.