Madrid
Entra en vigor la primera parte de la reforma de pensiones y con ella se introducen ciertos cambios en el funcionamiento de la Seguridad Social. El primer efecto de las medidas ya lo notan los pensionistas en sus bolsillos, ya que la vinculación por ley de las revalorizaciones con el IPC provoca que la paga de enero de los 8,9 millones de beneficiarios aumente entre 20 y 30 euros.
Concretamente, el paquete de medidas que liga las futuras actualizaciones al IPC medio de los doce meses anteriores prevé ya para este año una revalorización del 2,5% para la generalidad de las pensiones contributivas y los beneficiarios de clases pasivas, si bien el aumento será algo mayor, del 3%, para el resto de casos: pensiones mínimas, pensiones no contributivas, prestaciones por hijo a cargo e ingreso mínimo vital.
Pero no solo este punto de la revalorización se despliega con la primera pata de la reforma. Este primer bloque de reforma del sistema de pensiones incluye también la derogación del Factor de Sostenibilidad y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una herramienta equilibrada, temporal y contingente para responder al reto demográfico.
También se ha avanzando en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social con la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 de una transferencia por 18.396 millones para la asunción de gastos no contributivos.
Además, se ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley reguladora de los planes de pensiones de empleo para impulsar la previsión social complementaria, como respuesta a la Recomendación decimosexta del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al "actual modelo de previsión social complementaria" e "impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones".
Además, como producto del despliegue progresivo de la reforma aprobada en 2011, desde el 1 de enero de 2022, la edad legal de jubilación se sitúa en España en los 66 años y dos meses. Cifra que llegará hasta los 67 años cuando termine el periodo transitorio en 2027. También, aunque no entre en vigor hasta el próximo 2024, este paquete de medidas sienta las bases de los nuevos coeficientes reductores para la jubilación anticipada que comenzarán a operar a partir de 2024.
Desequilibrio presupuestario
En estos términos, los expertos del Instituto Santalucía apuntan en el documento analítico Comentarios sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC de cara a 2022 que, suponiendo que la revalorización va a ser del 2,51%, el coste total, respecto a no revalorizarlo sería de 3.748 millones de euros, cifra algo superior a la de 2021 para el mismo cálculo (3.464 millones).
"Es fácilmente entendible que se quiera mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no se debería haber hecho sin encontrar una fuente de financiación estable para los grandes desembolsos que se espera que suponga la aprobación de la revalorización con el IPC, como hemos visto al obtener los valores tanto en términos de caja como en términos actuariales para el impacto de un único año, 2021 por un lado y 2022 por otro", advierten los expertos sobre el eventual encarecimiento de las prestaciones.
