El FMI es contundente en su crítica a las medidas aprobadas en la primera parte de la reforma de las pensiones. En concreto, el organismo internacional advierte que los acuerdos alcanzados supondrán un incremento del gasto de 42.000 millones de euros, es decir, unos 3,5 puntos porcentuales del PIB.
Añade también que la factura anual para la Seguridad Social tras la reforma alcanzará el 16,5% del PIB en 2050. El Fondo se una así a la larga lista de economistas e instituciones, nacionales e internacionales, que lanzan alertas en la misma línea. Es el caso de la Comisión Europea o del propio Banco de España, que eleva a 50.000 millones el desequilibrio que en el sistema generará el proceso de jubilación de la generación del baby boom. Aunque las cifras difieran, todos los organismos coinciden en el aspecto clave: los efectos que tendrán en el medio plazo la indexación de las pensiones al IPC por un lado, y la derogación del factor de sostenibilidad, por otro. Como el FMI destaca, con estas medidas el Gobierno de coalición ha buscado "la aceptabilidad social y la suficiencia". Es evidente que la reindexación de las pensiones a la inflación, obviando medidas compensatorias que habrían ayudado a reducir el gasto, es útil desde un punto de vista electoral y político. Pero para lograrlo se ha sacrificado la búsqueda de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que sigue pendiente. Es preciso, por tanto, que el Gobierno deje de focalizar su estrategia exclusivamente en elevar los ingresos del sistema, con medidas puestas en duda por todos, como subir las cotizaciones. En su lugar, urge que tome decisiones para racionalizar el gasto que afronta la Seguridad Social en las próximas décadas.
