Madrid. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte al Gobierno de España sobre la reforma de pensiones, que hará el Sistema más insostenible si no se toman medidas complementarias sobre el gasto y los ingresos. De este modo, afea al gabinete dirigido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "la reforma de las pensiones ha priorizado la aceptabilidad social y la suficiencia, pero persiste la inquietud sobre la sostenibilidad en caso de que no se implementen medidas adicionales". Asegura el organismo que tan solo las medidas aprobadas en el primer paquete que entrará en vigor desde el 1 de enero supondrán un incremento del gasto de 42.000 millones de euros, es decir, unos 3,5 puntos porcentuales del PIB.
Concretamente, el organismo internacional advierte sobre los efectos que tendrán en el medio plazo la indexación de las pensiones al IPC por un lado, y la derogación del factor de sostenibilidad, por otro. Cabe recordar que, actualmente, el gasto del Estado en pensiones ascienda a os 13 puntos porcentuales del PIB, si bien una vez desplegados los efectos de la actual reforma este nivel crecería hasta copar un 16,5% del PIB.
"Según la actual propuesta de reforma, las pensiones se indexarán de forma permanente a la inflación del índice de precios de consumo (IPC) y el factor de sostenibilidad será revocado a partir de 2021. Esto incrementaría el gasto anual en pensiones un 3,5 por ciento del PIB de aquí a 2050, comparado con la implementación completa de la legislación anterior", señala el Fondo en una declaración de los técnicos del organismo sobre el caso concreto de España.
Una reforma insuficiente
También se expone en este documento la insuficiencia de algunas medidas adoptadas, que si bien parecen bien dirigidas para el objetivo final de mejorar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se aprecian como exiguas para el reto que afrontar el organismo de protección social en las próximas décadas. Según apuntes del Banco de España, el proceso de jubilación de la cohorte del baby boom podría provocar en su pico máximo de intensidad un desequilibrio financiero superior a los 50.000 millones de euros.
De hecho, el Fondo parece escéptico a cerca del impacto que tendrá en las arcas públicas y en ese saneamiento de las finanzas de la Seguridad Social la aplicación del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Así, por un lado apunta la racionalidad de las medidas asegurando que "se prevé que parte del aumento se vea compensado por otras medidas propuestas en la primera fase de la reforma, como la introducción de incentivos para elevar la edad efectiva de jubilación y el aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social". Aunque en este mismo informe asegura que "algunas de las posibles medidas adicionales son la adopción de mecanismos para restringir el gasto (por ejemplo, prolongar más la vida laboral) y aumentar los ingresos (como incrementar los ingresos máximos sujetos a cotizaciones), asumiendo que este aumento de las contribuciones en forma de cotizaciones deberá aumentar para apuntalar la mejora de los ingresos. O aplicar un recorte del gasto en las prestaciones para sostener las Cuentas.
"Preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones, lo cual también ayudaría a dar una señal del compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal", advierte el Fondo en la línea de que la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones en España está lejos de alinearse con las reclamaciones o recomendaciones históricas de los organismos globales como la OCDE o la propia Comisión Europea, que ya en las recomendaciones específicas de país venía reclamando un reforma del sistema, eso sí, en la línea contraria al incremento del gasto.
La segunda pata, crucial
De este modo, el FMI viene a advertir al Gobierno de que la reforma de pensiones puede quedar en agua de borrajas si no se encauza el elemento de la sostenibilidad financiera en la segunda ronda de negociaciones con los agentes sociales. "Se espera que algunas de estas medidas se incorporen en la segunda fase de reformas en 2022", apunta el Fondo en clara referencia a las medidas a adoptar previstas que sí tendrían impacto sobre el balance de la Seguridad Social.
Concretamente, el organismo se centra en la subida progresiva de las bases máximas de cotización que podrían elevarse hasta los 60.000 euros anuales y supondría un acicate para la recaudación del organismo público, por un lado. Y, por otro lado, el aumento de los años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la pensión, previsiblemente hasta los 35 años cotizados, que sí implicará reducciones en las prestaciones iniciales de los nuevos pensionistas.
"Si no se toman medidas discrecionales, se prevé que a medio plazo el déficit público siga estando por encima de los niveles previos a la crisis. Debe emprenderse un proceso sostenido y gradual de consolidación fiscal una vez que se cierre la brecha del producto y que la economía haya entrado en una senda de crecimiento sostenido", advierte el FMI.
