Madrid
El plan de 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de empresas dedicadas al turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio -afectadas todas ellas por el covid-19- tendrá que esperar. Al menos hasta el próximo viernes, donde las previsiones gubernamentales anuncian que se dará conocer en un Consejo de Ministros extraordinario. Y es que a última hora del lunes, el Real-Decreto-Ley se caía del consejo de los martes por razones desconocidas que poco a poco se fueron desgranando.
Según fuentes políticas consultadas por eE, el Gobierno está dividido por la cuantía de las ayudas directas, concretamente, por esos 5.000 millones que a última hora barajan los ministerios económicos -cantidad que aun no está consignada-, frente a los 2.000 millones iniciales. Cabe recordar que Unidas Podemos ve este dinero insuficiente y pide 8.000 millones.
El otro punto de fricción pasa por escoger la administración que reparta esos fondos: ¿El Estado, como quiere Unidas Podemos? o, ¿las CCAA como quieren las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero?
Oficialmente, desde Economía y Hacienda, y también de Industria y Turismo se argumenta que el retraso de este RDL "no se debe a presiones internas", sino a esos clásicos flecos que siempre quedan para ajustar cuestiones técnicas, pues se trata de un trabajo "muy complejo por el volumen de dinero que se moviliza". Remarca Economía la importancia de la racionalidad económica y la seguridad jurídica", admitiendo que aun se trabajando en este plan y puede haber cambios.
Otros frentes mantienen que ha sido la falta de desarrollo del RDL, cuya concreción no ha llegado a los agentes afectados -indican a eE fuentes consultadas-, lo que ha podido ser causa de este retraso.
Pero ni los flecos ni los ajustes impidieron traslucir uno de los puntos de desacuerdo que divide de nuevo al Gobierno. A preguntas sobre el documento de las observaciones y comentarios de Unidas Podemos sobre el RDL, y donde los morados proponen 8.000 millones de ayudas directas, María Jesús Montero fue clara al defender que hay que "evitar que las empresas cierren por un problema de solvencia", acompañando así a la reestructuración. Montero fue contundente. El plan que ella y la ministra Calviño sostienen confiere especial relevancia a reforzar la solvencia de los balances de empresas y pymes coincidiendo con el anuncio de Pedro Sánchez el 24-F.
El reparto del fondo
A lo largo de la semana pasada, el plan de los 11.000 millones iba tomando forma y el reparto de las cuantías quedaba así: 1.000 millones para la recapitalización de las empresas medianas a través de Cofides; 5.000 millones de euros para la reestructuración de empresas vía ICO; y, entre 2.000 y 5.000 millones para ayudas directas a través de las CCAA.
En este punto, fuentes de Unidas Podemos mantienen que ni Carmen Calvo, en el consejillo de los subsecretarios de Estado donde se presentan los temas que luego van al Consejo, ni Nadia Calviño, en la Comisión delegada de Asuntos Económicos de los viernes mostraron un papel que explicara qué cantidad va a ir destinada a las ayudas directas, porque "ese apartado -explican- aparecía en blanco".
Entretanto, asociaciones de autónomos con ATA piden 6.000 millones de euros para ayudas directas; el PP defiende 50.000 millones para esta tarea; Iñigo Errejón, de Más País, exige entre 50.000 y 40.000 millones como en Francia y en Alemania y, socios como ERC y Compromís piden que esas ayudas se canalicen con las CCAA.
La queja de la banca
Diversas fuentes del sector financiero reconocen la falta de información respecto al plan de ayudas, a pesar de jugar un papel clave para vehicular estos fondos. La banca reclama que la mayor parte de los 11.000 millones se destinen a ayudas directas, y el resto se dirija a cubrir pérdidas por reestructuraciones de deuda a las empresas y a créditos participativos.
En la actualidad, el sector dirige todo su esfuerzo a evitar que el Gobierno imponga quitas de una manera automatizada, una línea que por lo avanzado por la Administración de Sánchez podría llegar a darse. Sin embargo, desde la banca temen una sorpresa final, ya que no conocen el trazo definitivo del acuerdo, y piensan que se pueden acabar imponiendo quitas por decreto.
El plan de Iglesias: café para todos
Con el RDL aún por cerrar, la formación morada, parte del Gobierno, mantiene la defensa de un paquete de ayudas directas de 8.000 millones de euros del que se pueden beneficiar todo tipo de empresas, sin ser necesariamente empresas dedicadas al turismo, la hostelería y el pequeño comercio. Lo que sí exige Unidas Podemos es el compromiso de políticas públicas por parte de estas compañías o pymes, y que ese dinero sirva para el mantenimiento del empleo, al menos entre el 70%-80% de la plantilla.
