Bruselas reclama a los Estados miembros "controles robustos" a la hora de dirigir el reparto en sus territorios de los fondos europeos anti-crisis. Se trata de un llamamiento generalizado, en el que la UE se cuida de nombrar a países en particular.
Sin embargo, si existe un Gobierno que no puede ponerse de perfil ante este llamamiento es el español. Nuestro país carece de las comisiones supervisoras de expertos que sí habilitaron otros Estados. Además, las propias instituciones españolas (el Consejo de Estado en particular) ya han expresado su preocupación ante la "eliminación" deliberada de los controles. La recuperación depende de la buena gobernanza de las ayudas europeas y debe eliminarse la seria incertidumbre que ahora pesa sobre ella.
