La crisis del covid-19 está cambiando la forma de entender la economía y la política. Los países desarrollados se están adentrando en una especie de 'capitalismo de Estado' (un nuevo paradigma) en el que los Gobiernos tienen un mayor peso en la economía y en las grandes decisiones de la sociedad, algo que parece contar con el apoyo de las grandes instituciones económicas. Hoy son pocos los que se atreven a mencionar la austeridad o a denunciar la reducción a la libertad económica que suponen las medidas que se están adoptando en España y otros países avanzados. Entre esos pocos se encuentra el Instituto Juan de Mariana (IJM), que ha elaborado un decálogo de medidas para "salvar la economía española".
Pese a todo, el cambio de paradigma que se está viendo entre instituciones, economistas y expertos también deja ver de cierta manera en el IJM, que en algunas de sus medidas apuesta por la intervención del Estado ante la situación crítica y excepcional a la que se enfrenta la economía.
En el propio documento reconocen que "en algunas propuestas, planteamos programas de apoyo a las empresas impulsados desde el sector público; además, creemos que es necesario que el Estado intervenga en determinadas áreas de la economía en estos momentos (por ejemplo, avalando créditos), un planteamiento que parece ir en contra de los principios liberales que defiende el IJM".
Pese a todo, gran parte del decálogo está basando en medidas que se pueden encuadrar dentro del liberalismo económico, buscando una reducción de la regulación y del poder público dentro de una economía de mercado.
Propuestas para salvar la economía
-Sin paga extra para pensionistas y algunos funcionarios. El instituto cree que en una situación excepcional como la actual, con millones de asalariados y autónomos en el sector privado sufriendo los reveses de la crisis, no tiene sentido subir el salario a los sectores más protegidos de la sociedad en términos económico: funcionarios y pensionistas. Más bien sería positivo recortar una paga extra para reducir la creciente deuda pública, que ya supera el 115% del PIB, que tendrán que devolver generaciones futuras.
De esta modo, el IJM aboga por la eliminación de una paga extra a los pensionistas y a todos los funcionarios excepto a los empleados del sector sanitario y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, propone la congelación del salarios o rentas de estos colectivos, frente a la subida del 0,9% que ha aprobado el Gobierno. Por ejemplo, el Reino Unido ha congelado el salario a sus funcionarios por respeto a todo el que está perdiendo su empleo y sufriendo la crisis.
-Eliminar el salario mínimo. Para superar la recesión e impulsar la productividad, la institución plantea suprimir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para facilitar la entrada en el mercado laboral de los colectivos con más dificultades de inserción.
Un salario mínimo elevado (respecto al salario medio de la economía) puede entorpecer la contratación de los trabajadores menos productivos o con menor formación, a la par que puede puede suponer un coste demasiado alto para las pequeñas empresas que ya se encuentren una situación financiera delicada. Un mercado laboral sin salario mínimo puede favorecer la contratación, el dinamismo en el mercado de trabajo, un aumento de la tasa de empleo y una caída del paro. Por el contrario, también puede generar mayores desigualdades salariales.
-Ayudas a las empresas (pago a proveedores). El IJM cree en una crisis como la que enfrentamos, en la que se necesita dotar mecanismos de liquidez a las empresas y agentes económicos, de nada sirve que las administraciones públicas sigan incumpliendo los plazos legales para saldar la deuda comercial (genera incertidumbre y nuevas deudas para las empresas).
"Con cientos de miles de pequeñas empresas ahogadas por la caída de la facturación, creemos que hay que pedir un pequeño esfuerzo al Estado y a sus organismos. Por eso, proponemos saldar de forma inmediata los importes pendientes de pagos a proveedores y acortar los períodos medios de pago desde el sector público al privado. Una vez que una factura sea aceptada y validada, la administración responsable de su pago tendrá 30 días para abonarla (quizás se podría ampliar algo el plazo para pequeñas administraciones locales)", según señala el documento.
-Ayudas a las empresas (financiación). A corto plazo y para inyectar liquidez en la economía es necesario acelerar el pago de las deudas pendientes de las administraciones públicas con sus proveedores, y conceder avales para líneas de crédito equivalentes a tres meses de la facturación de 2019 a todas las empresas y autónomos que lo soliciten.
Esta propuesta, explica, se llevaría a cabo en colaboración con el sistema financiero y el Estado avalaría entre un 15% y un 25% de las líneas de crédito aprobadas por las entidades.
-Atenuar la carga fiscal de las empresas. El instituto propone, además, aplazar hasta 2023 todas las obligaciones tributarias del primer y segundo trimestre de 2021, incluidas las cotizaciones sociales, a las empresas que lo soliciten.
-Otro tipo de confinamientos. El IJM plantea como alternativa a los confinamientos generalizados un sistema híbrido que permita seguir funcionando a la economía, pero que proteja a la vez a los sectores de la población más vulnerables. Para ello pide blindar a los grupos de la población que son más débiles ante la incidencia del virus, pero reducir las restricciones para el resto de la población, ya que estas asfixian la economía y los ingresos de familias y empresas.
-Reducir el gasto público superfluo. Para evitar un aumento excesivo del déficit y de la deuda pública deben implementarse de forma inmediata las medidas de ajuste coherentes con el programa de auditoría de gasto (spending review) que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que detectó grandes ineficiencias. España pierde miles de millones de euros todos los años por un sistema subvenciones poco eficiente y con muchos agujeros.
-Revolución fiscal. Otro de los puntos débiles de la economía española es el sistema fiscal. Funcas reveló en un informe reciente que muchas de las desgravaciones y beneficios fiscales del sistema tributario español no cumplen con el fin para el que fueron concebidos. Al final, España tiene unos tipos impositivos marginales elevados que no se reflejan en la recaudación.
Desde el IJM piden una rebaja de impuestos (IRPF y Sociedades) y la simplificación del sistema. Una buena parte de los países de nuestro entorno están apostando por reducciones del IVA y de otros impuestos para estimular la demanda, España no ha tomado ninguna medida en este sentido, más bien se ha hecho todo lo contrario, con subidas de impuestos que han entrado en vigor este 2021.
-Uso de los fondos europeos. La institución realiza una doble propuesta: acometer rebajas puntuales de impuestos en 2021 y 2022 financiadas con el dinero de la UE, y destinar los recursos a provisionar un fondo que cubra las pérdidas derivadas de los avales a empresas. Los expertos del IJM critican que el dinero de los fondos se vaya a usar para planificar la economía y ayudar a grandes empresas, lo que puede generar una enorme red clientelar que dependa del Gobierno.
-Facilitar el rescate de desempleo y planes de pensiones. El IJM pide reducir las trabas para que se pueda capitalizar la prestación por desempleo (recibir el paro de una vez). También sería positivo permitir el rescate de los planes de pensiones (muchos españoles tienen un patrimonio importante inmovilizado que no pueden recibir hasta su jubilación) "sin tener que pasar por la caja de Hacienda o al menos permitir el aplazamiento del pago de la deuda fiscal".