El gasto público en España tiene agujeros, y son numerosos. Así lo prueban los siete informes que ha lanzado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el marco del Spending Review -revisión del gasto- que le encomendara el Gobierno hace un año.
Un análisis global de estos documentos indica que las Administraciones Públicas pierden al menos 10.086 millones por la nula de eficacia de las iniciativas públicas y la falta de medidas que aumenten la eficiencia y gesten ahorros que son posibles.
Según los diferentes análisis de la AIReF, donde más se ha dilapidado el dinero público es en el Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (RCI), es decir, el plan para la reindustrialización -también conocido como Plan Reindus- que ha venido ejecutando el Gobierno desde 2008 y que está activo a día de hoy. En él se han invertido 4.900 millones con escaso resultado: su eficacia y eficiencia para mejorar la productividad de las empresas implicadas -que recibían préstamos a coste 0- era nulo y ha generado unas pérdidas de 1.260 millones. Por estas razones, el ente pide la suspensión del programa y su replanteamiento.
Esta conclusión provocó las iras del Ministerio de Industria, que solo un día después de su publicación cargó contra la AIReF, particularmente, por no tener en cuenta los cambios realizados en el programa por el Ejecutivo socialista en 2018. Entre sus críticas, el departamento que dirige Reyes Maroto acusa al ente de hacer "extrapolaciones incomprensibles desde el punto de vista científico".
Farmacia
El gasto farmacéutico también ha sido uno de los focos de la investigación de AIReF. Se trata de un campo del que podrían sacarse importantes ahorros de aplicarse varias medidas para mejorar su eficiencia, recortando el gasto en casi 2.000 millones.
Entre ellas destaca la de tomar la idea de la subasta de medicamentos de Andalucía -concurso regional por el que se da a un solo suministrador el abastecimiento de un producto farmacéutico concreto financiado por el sistema público- a escala nacional, usando para ello el modelo del pull eléctrico. A esta fórmula se suman otras como la prescripción por principio activo y por indicación así como una revisión constante de los precios de los medicamentos.
El otro tirón de orejas de la AIReF es a Correos. La Autoridad acusa a la empresa pública de cobrar demasiado por gestionar el Servicio Postal Universal. Concretamente se embolsa unos 1.450 millones por prestar este servicio entre 2011 y 2020, una cifra demasiado elevada y que tiene que ver con que "el Estado compensa a Correos por sus ineficiencias", lo cual impide que se ponga manos a la obra para corregirlas. "La compensación podría ser menor y debería ser menor", han indicado fuentes del ente. La AIReF también suspende a las Administraciones Públicas por su gestión de las políticas activas de empleo. Son numerosos los dardos que lanza -cuestiona los 6.500 millones que se destinan a estas políticas-, pero el más afilado es el que envía al programa Prepara, que puso en marcha en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy para promover la recualificación profesional de personas desempleadas, por el que recibían una subvención de formación de 2.500 euros durante medio año. Su coste hasta 2017 fue de 1.423 millones y según el ente no mejoró la incorporación al mercado laboral de los participantes.
Y es que, en términos generales, la Autoridad alerta de la falta de control y organización en estas materias en las Administraciones Públicas, aunque el caso más sangrante es el de las subvenciones públicas. En este caso, son numerosas las barreras que impiden saber cuánto se gastan las Administraciones Públicas.
Si bien en 2017 hubo convocatorias con una financiación de 28.000 millones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones solo recoge unos 14.300 millones. Además, no siempre figuran los importes. Es más: el campo de dotación financiera está incompleto en el 8 por ciento de las convocatorias recogidas en este reservorio.
Costeo de la gestión
Más problemas: hasta el 10 por ciento de cada una de las subvenciones públicas son para costear su propia gestión, lo cual avala los problemas de eficiencia. Además, la AIReF destaca que, a diferencia de en el ámbito tributario, no se sanciona a aquellos que reciben subvenciones públicas sin cumplir las condiciones para ello.
De hecho, lo que ocurre en realidad es más grave aún: no es tan solo que estos sujetos no sean castigados sino que además no devuelven los reintegros recibidos. Esto se debe a que los procesos caducan demasiado pronto como para activar los mecanismos de castigo, de ahí la necesidad poner en marcha medidas que corrijan esta situación de inmediato.
La Autoridad lanza 26 nuevas recomendaciones para 2019
Hace menos de una semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF) glosó 26 nuevas recomendaciones para la gestión económica de las Adminitraciones Públicas que incluyen, entre otras peticiones, que los objetivos de deuda de las comunidades autónomas se establezcan en función de las necesidades reales de financiación de cada administración, una vieja reclamación del ente. También pide convocar una comisión de expertos para los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén para analizar las causas de su "nivel crítico" de riesgo en la sostenibilidad. En concreto, la mitad de las recomendaciones fueron para la Administración Central y la otra mitad para comunidades autónomas (7) y corporaciones locales (6). Estas recomendaciones han ido encaminadas fundamentalmente a mejorar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a incentivar la adopción de medidas para el cumplimiento de las reglas fiscales.
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