La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva varias semanas dando a conocer los resultados del análisis del gasto público que le encargó el Gobierno de Mariano Rajoy bajo los llamados Spending Review.
Aunque sólo se centran en algunos programas de gasto, sus informes muestran algunas de las debilidades que presenta el gasto público en España, como la falta de evaluación del mismo, la falta de control en el uso de algunos fondos o el reparto realizado con criterios desconocidos y poco transparentes, entre otros.
Uno de los aspectos que la AIReF pone en duda es el papel de las Conferencias Sectoriales. En dos de los informes, el de las políticas de empleo y el de las subvenciones, recuerda que el reparto de fondos que se realiza en ellas es mejorable. En el primer caso recuerda que, aunque el Estado es el que financia a través del SEPE, son las comunidades las que realizan el gasto sin que exista la "adecuada coordinación" entre ambas administraciones.
Además, los agentes consultados tienen la "percepción común de que el sistema no está basado en el esfuerzo realizado por las comunidades en mejorar la empleabilidad de los demandantes de empleo".
Las Conferencias sectoriales, señaladas
En el caso de las subvenciones, el organismo pone el foco en la existencia de un gran número de Conferencias Sectoriales, pero con pocas reuniones y menos criterios técnicos de evaluación, lo que da resultados desiguales según los sectores. De hecho, una de las cuestiones que se resaltan en el informe es el reparto de fondos en la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que los porcentajes de distribución se fijaron en 1992 y desde entonces no se han cambiado. La AIReF tampoco ha conseguido descubrir cuál es el criterio utilizado en la fijación de esos porcentajes.
En menor medida, pero esta falta de actualización también es apreciada en las becas universitarias, cuyos criterios de concesión tampoco se han actualizado desde el curso 2010-2011.
La administración dificulta el acceso a becas y subvenciones
Otro de los aspectos que se cuestiona en los informes sobre el gasto público son las relacionadas con la administración de las mismas. Tanto en el informe sobre las becas de estudios como el de las subvenciones, la Autoridad Fiscal constata las dificultades existentes para acceder a ellas. Según su estudio, se realizan cada año 47.697 convocatorias de subvenciones, cada una con sus diferentes trámites y requerimientos de documentación, lo que dificulta el acceso a las mismas.
Sobre las becas, la crítica es similar: las becas existentes se encuentran en diferentes plataformas web y presentan diferentes procedimientos de tramitación. Además, según el estudio, uno de cada cuatro solicitantes de becas no entiende los requisitos, lo que complica el acceso a personas que podrían necesitarlas. La misma crítica aparece también en el informe referido a las ayudas postdoctorales.
La informática, una traba para la empleabilidad de los parados
En el caso de las políticas de empleo, los problemas administrativos se centran más en la gestión. Por ejemplo, la AIReF destaca que los sistemas informáticos de los servicios de empleo están orientados a la gestión administrativa y no al análisis de los diferentes casos. Tampoco se ha progresado lo suficiente en integración, lo que hace imposible la armonización de los diferentes sistemas.
Otra de las críticas que se repite a lo largo de los informes es que la temporalidad de las ayudas no siempre es la más adecuada. Por ejemplo, en el caso de las becas, el informe constata que más del 70% de los becados reciben la beca entre los meses de enero y mayo, durante el segundo cuatrimestre, habiendo afrontado, sin beca, los costes económicos de al menos la mitad del curso.
Lo mismo ocurre con las ayudas postdoctorales. La AIReF aprecia "poca predictibilidad e incertidumbre en las fechas en la tramitación de las ayudas y descoordinación temporal entre las etapas de la carrera investigadora y las fechas de las convocatorias de las ayudas". De esta forma, estos "fallos" hacen que estas ayudas sean menos útiles de lo que deberían.
Utilidad del uso del dinero público
Finalmente, otra de las críticas que se repite a lo largo de los diferentes informes es si el sistema es la falta de eficiencia, lo que redunda en una menor utilidad del gasto público de la deseada. Por ejemplo, en las ayudas postdoctorales, el supervisor fiscal alerta de que el "sistema estatal resulta menos competitivo que el autonómico y europeo", por lo que no se retienen a los mejores investigadores.
También en las políticas de empleo hay dudas sobre la utilidad de las ayudas. Según el estudio, el "40% son incentivos a la contratación" y también "el sistema de subvenciones para la formación es cuestionable". En materia de empleo, señala el programa PREPARA, en el que se han invertido más de 1.400 millones de euros y no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación.
Y una crítica parecida trasluce en el informe sobre el gasto farmacéutico, en el que detecta la "inexistencia de procedimientos reglados para incorporar nuevos medicamentos", la "heterogeneidad en las pautas de prescripción entre las comunidades autónomas" y "un modelo ineficiente para la evaluación" de los fármacos por parte de las CCAA.
