La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el marco de su análisis del gasto público, ha hecho una evaluación del gasto español en políticas activas de empleo y su eficiencia, cuyo resultado no es positivo. Hay "claras deficiencias" y España suspende en este campo debido a la falta de efectividad de las estrategias – haciendo especial hincapié en los incentivos para la contratación- , la escasa trazabilidad de la financiación y la cuestionabilidad económica de las medidas de formación, todo ello en un campo muy difícil de evaluar debido al obstáculo que supone la falta de homogeneización de los datos disponibles.
En total, España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros al año en estas políticas, una horquilla que se debe a la baja calidad de los datos, cuentan desde la Autoridad. El 40% va para incentivos de contratación, "pero no parecen que sean las políticas de empleo más adecuadas, según la literatura", precisando que esta cuestión se tratará en un futuro análisis. Con todo, en España "se gasta proporcionalmente más que en otros países de Europa en este ámbito".
De los fondos restantes, el 25% se va a formación, un 15% a Orientación Laboral y el 20% restante se destina a otras iniciativas, como la creación de empleo público y apoyo al emprendimiento.
Financiación
En este sentido, carga contra cómo se decide esta financiación en la Conferencia Sectorial de Empleo. El SEPE es el que financia "pero no hay una adecuada coordinación con las comunidades autónomas". Carga particularmente contra el sistema de subvenciones para la formación, que tilda de "cuestionable". Considera que con el actual modelo "existe la posibilidad de que los centros de formación incrementen de forma artificial sus facturas", razón por la que las Administraciones Públicas hacen exhaustivas auditorías, lo cual genera más gastos y resta rapidez a la tramitación de estas políticas.
"Existen alternativas", indican fuentes del ente, que recurre al ejemplo de Alemania, donde a los desempleados se les entrega un cheque para gastarlo en formación en centros acreditados, controlando la calidad. Con todo, en términos generales, la AIReF no ha analizado la eficacia concreta del gasto en formación, debido a su complejidad y a la falta de comparabilidad.
Suspensos en Andalucía y Castilla-La Mancha
Si bien Aragón y Cataluña se cuentan entre las regiones con mejor eficacia en sus políticas laborales activas, Asturias, Andalucía y Castilla-La Mancha suspenden en este campo. En el caso aragonés, se considera un ejemplo de éxito su atención personalizada para la orientación laboral.
Todo lo contrario ocurre con el programa Prepara, que puso en marcha en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, para promover la recualificación profesional de personas desempleadas, que recibían una subvención de formación de 2.500 euros durante medio año, y cuyo coste hasta 2017 fue de 1.423 millones de euros. Según el análisis, "el programa no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación". En cambio, hay regiones en las que sí se ha visto mejora a partir del año.
Por otro lado, en este campo, en el de la formación, "estamos muy por debajo en flexibilidad de los países europeos. El catálogo es demasiado rígido y difícil de cambiar en el corto plazo, no es ágil para adaptarse a las necesidades del mercado. Además, hay escasa autonomía local", indican desde la Autoridad.
La clave de la bóveda de este asunto, consideran, es la falta de evaluación sobre los cursos de formación y su efectividad, "sobre los que no existen datos". De ahí que consideren "cuestionable" la financiación actual de la formación para la recualificación de parados.
Pago por éxito
Para abordar la situación, la AIReF propone, para empezar, basarse en el sistema alemán para reconducir el reparto de fondos en políticas activas de empleo. Es decir, que solo se 'pague' por éxito, por cada inserción de un desempleado lograda y con incentivos directos para los gestores de las agencias públicas de empleo, también en formación, es decir, de formadores y orientadores. Un "pago por resultados", precisan.
En este sentido, se considera que hay que poner en marcha más colaboración público-privada, "pagando por eficacia" revisando la subvención como instrumento de financiación de estas políticas.
Apuestan por romper el 'gap', la diferencia, entre el presupuesto aprobado y el ejecutado, de manera que el primero se acerque lo máximo posible al segundo. Además, consideran que la formación se tiene que ejecutar bajo demanda adaptada a las necesidades presentes y previsibles de las empresas. Finalmente, consideran que es necesaria una 'ventanilla única' en materia de políticas de empleo, es decir, mayor coordinación y centralización. "Un registro único por beneficiario", también a la hora de gestionar los subsidios, sería lo deseable, según la AIReF.
Respuesta al sector farmacéutico
Por otro lado, respecto a las críticas del sector del medicamento, tanto de la industria como de las farmacias, al análisis de la AIReF sobre el gasto farmacéutico público, fuentes de la Autoridad avisan de que "el informe no puede recoger los intereses de todos los actores" y que ellos se centran "en los intereses del ciudadano, al que ponemos en el centro. Hay propuestas que están claramente a favor de la industria. Cuando hay intereses, se mezclan cosas", indican, al tiempo que añaden que, aunque los informes les son encargados por el Gobierno, "cómo los hacemos es decisión nuestra".
