A día de hoy, la falta de control, transparencia y rendición de cuentas impide saber cuánto se gastan las Administraciones Públicas en subvenciones. Así lo indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte del caos público en este campo.
Si bien en 2017 hubo convocatorias con una financiación de 28.000 millones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones solo recoge unos 14.300 millones. Además, no siempre figuran los importes. Es más: el campo de dotación financiera está incompleto en el 8 por ciento de las convocatorias recogidas en este reservorio.
A esto hay que sumar que, como el órgano fiscalizador precisa en un informe que forma parte de la revisión del gasto encargada por el Gobierno el año pasado, hasta el 10 por ciento de cada una de las subvenciones públicas son para costear la propia gestión, lo cual avala los problemas de eficiencia en este área de la inversión pública.
Subvenciones sin devolver
Además, la AIReF destaca que, a diferencia de en el ámbito tributario, no se sanciona a aquellos que reciben subvenciones públicas sin cumplir las condiciones para ello. De hecho, no es tan solo que estos sujetos no sean castigadosd sino que además no devuelven los reintegros recibidos. Según explican desde la institución, esto se debe a que los procesos caducan demasiado pronto como para poner en marcha los mecanismos de castigo.
Por ello, consideran prioritario un régimen sancionador similar al tributario en este campo que permita poner coto a los incumplimientos, mejorando el rendimiento y la eficiencia de las ayudas públicas, cuyo destino y uso en términos generales no queda registrado. "La ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones", advierten desde la Autoridad. Ante este problema, proponen una reforma de la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar su ámbito de aplicación, dado que con una definición más amplia de las subvenciones - salida de fondos sin contraprestación directa - se podría estar hablando de un importe de 30.000 millones anuales.
Sin actualizar
Además, en algunos casos, las subvenciones no se actualizan desde hace décadas. Un ejemplo es lo que sucede en el campo de la vivienda. En la conferencia de este sector, una de la que más fondos reparte a las comunidades autónomas, la proporción de lo que se destina a subvenciones no se actualiza desde 1992 -una proporción que además se hizo con criterios desconocidos-, a pesar de los evidentes cambios poblacionales registrados en las comunidades autónomas.
Uno de los casos más llamativos en este sentido es el que se produce en Baleares, cuyo porcentaje de población sobre el total de España ha aumentado más de un punto en estos 25 años, pero no recibe más fondos para subvenciones, a pesar de ello.
Vacíos de subvención
Así mismo, la Autoridad denuncia la inexistente trazabilidad de las subvenciones, así como la nula planificación estratégica a la hora de elaborarlas. Esto, sumado a la falta de registros y control, impide y dificulta contrastar cuándo subvenciones de diferentes administraciones se están superponiendo o cuándo hay "vacíos de subvención".
De hecho, el Estado Central no puso en marcha sus Planes Estratégicos de Subvenciones, que se tienen que elaborar por los ministerios desde 2013, hasta 2017. En este caso, las regiones le llevan la delante al Gobierno Central, que hace años que tienen sus estrategias en marcha. Sin embargo, no existe una regulación o metodología definida para su elaboración, por lo que tienden a ser caóticos y no permiten la comparación. "Faltan indicadores e importa más quién gestiona la subvención que cualquier otro dato", indican desde el ente.
Conferencias sectoriales
La conferencias sectoriales por sectores habrían fracasado como mecanismo de coordinación en subvenciones públicas, según el informe. Aunque son el principal órgano de colaboración multilateral entre el Estado y las autonomías en ámbitos como la vivienda, los repartos de fondos que en ellas se hacen suelen carecer de criterios objetivos, públicos y revisables de asignación.
Para abordar esta situación, la AIReF apuesta por una mayor coordinación enetre administraciones y por crear un organismo independiente que evalúe el impacto de estas políticas públicas y permita elaborar un mapa del dinero, con el que conocer la situación y los movimientos de las subvenciones, incluyendo una información periódica de la gestión de los reintegros.
También propone la simplificación de las cargas administrativas y mejorar la regulación de las subvenciones de concesión directa.
