Bruselas
Europa está en pleno proceso de revisar sus relaciones con Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Las "grandes expectativas" se extienden del frente comercial a la lucha contra el calentamiento global, pasando por la tasa digital, otro de los temas que enfrentó a los europeos con la Administración de Donald Trump.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, también al cargo de fiscalidad, dijo este viernes que los resultados de las elecciones han traído "mejores condiciones" para la discusión global sobre la tasa digital. Un clima más favorable respaldado además por la presidencia italiana del G20 el próximo año.
Trump amenazó este año con imponer aranceles a los países europeos que no retiraran la tasa 'Google' que estaban tramitando o ya tenían en vigor. Pero si no se logra el acuerdo global que intenta tejer la OCDE y se quería para finales de este año, y actualmente en punto muerto, Gentiloni recordó que la Comisión volverá a poner sobre la mesa a principios de 2021 una propuesta para que los gigantes digitales paguen la parte justa de impuestos en Europa. "Es nuestro compromiso claro", resaltó.
La tasa digital es uno de los impuestos que la UE ha previsto que sirvan para devolver los 750.000 millones de euros que pedirá prestados a los mercados para financiar el fondo de recuperación, y que se espera que entre en vigor en 2023. También se quiere aprobar un impuesto a los plásticos (a partir de 2021); una ampliación del mercado de emisiones para incluir el sector aéreo y marítimo (a partir de 2023) y una tasa a las transacciones financieras (a partir de 2026).
Con los ingresos de todos estos nuevos impuestos, Bruselas prevé devolver durante las próximas tres décadas el principal y los intereses del préstamo sin precedentes que pedirá para superar la mayor crisis en siete décadas de historia de la UE.
El Fondo de Recuperación avanza
Mientras, la puesta en marcha del propio fondo de recuperación continúa con su lento avance. Los Estados miembros (el Consejo) y la Eurocámara arrancaron este viernes la negociación del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal instrumento ya que movilizará hasta 672.000 millones de euros.
Es el último frente de la negociación para sacar adelante el gran estímulo europeo frente a la pandemia. Los principales puntos de fricción entre ambos lados son el tipo de reformas e inversiones que tienen que incluir los países en sus planes nacionales de recuperación para desbloquear la ayuda. Mientras que la Eurocámara quiere que sean solo aquellas reformas relevantes para la salida de esta crisis, el Consejo quiere que se consideren también las tareas pendientes, como aquellas relacionadas con la sostenibilidad de las pensiones o el mercado laboral.
La Eurocámara además quiere eliminar cualquier referencia a las metas fiscales, y busca doblar hasta el 20% la prefinanciación a la que pueden acceder los Estados miembros, una vez que se acepten sus planes nacionales de reforma. En el caso español, representaría acceder a unos 14.000 millones de euros el año que viene. Los eurodiputados también piden tener más voz en la gestión del mecanismo.
La eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, una de las negociadoras de la Eurocámara, urgió a cerrar un acuerdo, recordando la "fructífera cooperación" que ha habido hasta ahora con el Consejo en los otros frentes de la negociación del fondo y del presupuesto comunitario.
Un portavoz de la presidencia alemana del Consejo comentó que la primera ronda negociadora fue "constructiva". Sin embargo, añadió que "todavía queda mucho trabajo por delante para conseguir un buen acuerdo". Eso sí, valoró que ambos lados coinciden en que el mecanismo esté listo cuanto antes para luchar contra el impacto económico de la pandemia.
Una tortuosa recta final
Una vez que se cierren los detalles del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, se concluirá la negociación del fondo y del presupuesto comunitario. Sin embargo, todavía quedará una serie de votos en el Consejo y la Eurocámara, y la tortuosa ratificación en los 27 países del aumento del techo presupuestario comunitario, necesario para que la Comisión pueda pedir prestados los 750.000 millones de euros. Polonia y Hungría han amenazado con vetos, también al presupuesto plurianual, por la inclusión de una condicionalidad del Estado de Derecho más estricta. El proceso se alargará durante el primer semestre de 2021, por lo que el grueso de la ayuda europea no llegará hasta la segunda mitad del próximo año.
