PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo in extremis para llevar este martes el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación al Consejo de Ministros. En particular, ambas formaciones han alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM), entre otras medidas como subir el IRPF a las rentas altas y el impuesto de Patrimonio y de Sociedades. Según lo pactado, la ley -de los alquileres- se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.
La negociación se había complicado en las últimas horas. Unidas Podemos reconoció a última hora del lunes que aún no había acuerdo cerrado sobre los Presupuestos, demandando compromisos concretos para la limitación del precio del alquiler y avances en el Ingreso Mínimo Vital. Esa postura contratastaba con lo manifestado por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó en la Conferencia de Presidentes autonómicos que iban a aprobarse en la fecha prevista un anteproyecto de cuentas públicas para 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.
Qué cambia en los alquileres y el IMV
El principal nudo que impedía el acuerdo completo es la exigencia desde Unidas Podemos de incluir una serie de mejoras para garantizar por fin el buen funcionamiento del IMV e impulsar una regulación sobre el precio del alquiler. Bajando al detalle, para el ingreso mínimo se ha acordado tener en cuenta de forma permanente los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder la prestación, algo que antes solo estaba previsto aplicar hasta 2021.
De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV y podrán hacerlo en cualquier momento del año. Además, se ha reducido de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al IMV y se ha establecido la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV.
En cuando a los alquileres, la ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses. La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.
Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".
Presión al PSOE con el resto de partidos
Las mejoras en el IMV es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir ya la regulación del precio del alquiler, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia. Pero además, en Unidas Podemos son partidarios de que introducirlo la cuestión del alquiler facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.
Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma "urgente", suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento. Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo era más partidario de esperar: Montero aplazó dicha regulación a la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ministerio de Transportes, aunque apuntó que los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.
Subida salarial a funcionarios
Lo que sí se despejó desde el inicio es que el Gobierno aprobaría una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas. También se había suscitado ciertos escollos en lo relativo a la subida del IRPF, ya que Unidas Podemos reclamaba un alza de este gravamen a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que opta por no incluirlo o que afecte a rentas de más de 300.000 euros. Finalmente, según lo contemplado en los Presupuestos, el IRPF subirá tres puntos para las rentas de capital desde 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros.
Sobre aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque falta por conocer el porcentaje concreto que se articulará.
Tramitación
Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido. Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre. Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto.
