A la misma velocidad que Pablo Iglesias ha ido estrenando trajes de chaqueta y engordando su fondo de armario, el líder de Unidos Podemos ha hecho ostensible en el mes y medio que lleva tomando parte en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de una suerte de poder omnímodo, interfiriendo en varios ministerios, especialmente en los del área económica, pese a que su negociado debería ser básicamente social. La primera gran intromisión del dirigente de la formación morada tuvo lugar en el proceso de negociación del acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional, a quien según Iglesias, Sánchez le había dado las atribuciones para actuar. Pero fue gracias a la intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, lo que propició que esa subida se quedará finalmente en 950 euros, y no en los 1.000 euros como aspiraba el podemita. No obstante, el incremento del SMI fue lo suficientemente elevado como para que la CEOE se comiera el sapo "en aras del diálogo social", pero también lo suficientemente importante como para que Iglesias presumiera de ser el autor del acuerdo, colándose en la fotografía de Moncloa al lado de la vicepresidenta económica, de Pedro Sánchez, de los agentes sociales, y en un extremo, de Yolanda Díaz.
¿Farsa en el diálogo social?
La patronal ha valorado en todo momento el talante negociador del Gobierno, pero tiene el resquemor de que la mesa acabe convirtiéndose en un trampantojo por el que pasen los temas como mero trámite, para después aprobarse por decreto en el Consejo de Ministros. La semana pasada, enfrentándose a la postura oficial de diálogo de postula la ministra de Economía, Iglesias y Yolanda Díaz daban carpetazo al despido por absentismo y bajas laborales -vía decretazo-, una modalidad que no emerge en la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012, ya que fue introducida en 1980 por el Gobierno de Felipe González, y posteriormente modificada por José Luis Zapatero en 2010.
En un nuevo capítulo de intromisión, e ignorando a los asociaciones agrarias a quienes había convocado la semana pasada junto a los sindicatos -y desconvocado horas antes para tratar entre otros asuntos el PER-, Iglesias a la cabeza acompañado de Díaz, entró de lleno en las conversaciones que esos días llevaba a cabo el ministro de Agricultura con el sector agroalimentario, siendo Planas uno de los ministros más escépticos de las consecuencias del SMI, al menos entre los agricultores. En ese marco de protestas, Iglesias anunció la reducción de peonadas para recibir el subsidio agrario, para después, y ya con los asociaciones de agricultores, invitarles a presionar al Gobierno de Sánchez. Fuentes de estas asociaciones confiesan que Iglesias llegó a decirles "apretad", la expresión que Quim Torra utiliza con grupos independentistas catalanes para calentar las calles.
Además de contestar por la ministra de Igualdad en la sesión de control -como ocurrió esta semana-, la posición pontifical que ha adoptado Iglesias Turrión en el Ministerio de Trabajo es manifiesta. El mismo ministerio que en su día le fue negado en la segunda sesión de investidura frustrada de Pedro Sánchez, motivo por el cual PSOE y Unidas Podemos no cerraron un acuerdo de Gobierno, precipitando unas nuevas elecciones generales el 10-N de 2019. Pero el poder ejecutivo que ejerce sobre Trabajo, o cómo se ha ido metiendo en decisiones económicas o del negociado de Agricultura, no son las únicas intromisiones hacia una parte del Gobierno que no le corresponde ni por porcentaje de diputados ni por competencias delegadas.
Rentabilizar el protagonismo
Su dialéctica estudiada, la táctica de la contraprogramación, la propaganda, y a la postre adelantarse a los acontecimientos con rápida respuesta mediática le han servido a Pablo Iglesias para no sufrir desgaste alguno a su todavía corto paso por el Gobierno. Sabiendo rentabilizar sus actuaciones, el último sondeo de un medio, el de NC Report para La Razón, señalaba que el PSOE perdería 600.000 votos si hoy se celebraran elecciones generales, mientras que, por contra, Pablo Iglesias ganaría dos escaños.
Bajo ese paraguas, Iglesias lanzaba la semana pasada otro gran reclamo, cuyo impacto económico sobre las arcas del Estado no desveló: el ingreso mínimo vital, un "ingreso mínimo vital" que podría oscilar entre los 600 euros y los 1.200 euros al mes, éste ya para parejas con dos hijos.
En efecto, esta prestación, o algo similar, aparece en el acuerdo alcanzado para la formación de Gobierno entre PSOE-Unidas Podemos. En el capítulo 2 de Derechos Sociales y Regeneración Democrática se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social para familias vulnerables, una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos muy bajos. Lo que sucede es que el apartado no hay ni un solo dato crematístico. Además, Iglesias pasó por alto ante el Congreso, que esa actuación no dependerá de él, sino del Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá, hasta hace poco, presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, AIReF. Fuentes de Inclusión consultadas por elEconomista afirman que sobre el ingreso mínimo vital se pronunciará el ministro la próxima semana, en el seno de la Comisión donde dé cuenta de las líneas maestras de su cartera.
En cuanto al dinero de esta ayuda o prestación, las fuentes consultadas subrayan que es pronto para determinar la cantidad, pues no hay partidas presupuestadas ni siquiera en las Cuentas de 2020, mantienen. Sí matizan que Inclusión partirá de un informe técnico que en su día hizo AIReF sobre esta renta mínima, fijando la prestación media en 426 euros, con un impacto de 3.500 millones de euros al año -0,3% del PIB- y una aplicación paulatina.
En la mesa de diálogo catalán
Desde Inclusión responden con cautela, sin querer entrar en polémicas y sin saber muy bien por qué Iglesias ha hablado de 1.200 euros al año. Mientras, Podemos colisiona con otros ministerios como el de Interior, Justicia, y al tiempo cobra nuevo protagonismo lográndose sentar en la mesa de diálogo.
Así es. A partir de la próxima semana, Iglesias se sentará en la mesa de diálogo exigida por los independentistas catalanes, en cuya hoja de ruta está el referéndum de autodeterminación. Y éste no es tema baladí, porque, de los ocho miembros que se presentarán, cuatro de ellos son partidarios del referéndum. Y con Iglesias son cinco.
Conflicto por el Código Penal
Con filtraciones públicas por el número de personas que asisten a las comisiones de coordinación y seguimiento de la coalición, la Permanente y la Parlamentaria, la Ley integral por la libertad de protección sexual ha sido objeto esta semana de discordia entre las dos formaciones que arman el esqueleto del Gobierno progresista.
El vicepresidente y los ministros de Unidas Podemos (cuatro) quieren que su propuesta de ley dependa del Ministerio de Igualdad. Piden materializar la norma por los delitos sexuales, sin mezclarlos con una reforma del Código Penal, que es lo que defiende el estricto Gabinete de Sánchez -18 miembros, aunque dos de ellos están en zona difusa, como Salvador Illa, del PSC y, Manuel Castells, partidario de la negociación con los independentistas-.
Las prisas de Irene Montero, responsable del área de Igualdad, se fundamentan en querer sacar adelante esta norma antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero el Grupo Socialista no ve así las cosas. Para este partido es más rentable que en la futura reforma del Código Penal se incorporen los delitos sexuales, y hasta es posible que una versión edulcorada del delito de sedición y rebelión, para que Oriol Junqueras tenga más fácil salir de prisión.
Negando la mayor, y después del enfrentamiento, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado discrepancias en el seno del Gobierno relativas al proyecto de ley de libertades sexuales y ha garantizado que se presentará antes del 8 de marzo. En este round, ha vuelto a ganar Podemos.
Interior cede y aparca el 'Asilo'
Interior ha sido otro de los ministerios con el que el ala de Unidas Podemos ha tenido sus más y sus menos. En este caso por la sentencia de la UE que juzga correctas las devoluciones en caliente, una posición de la que discrepa la formación morada, y que al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a las críticas, no le ha quedado más remedio que aceptar.
Salvado este escollo, Unidas Podemos tuvo conocimiento esta semana del borrador elaborado por el Ministerio de Interior relativo a la Ley de Asilo y Refugio con un considerable endurecimiento de los requisitos.
Contrario el grupo confederal a las exigencias requeridas por no recoger el espíritu del acuerdo del Gobierno de coalición, el equipo de Fernando Grande-Marlaska daba marcha atrás aparcando de momento la Ley de Asilo.
Y es que la eliminación de la comisión interministerial de asilo y refugio, la que está encargada de informar de las solicitudes -dejando fuera a los ministerios de Igualdad, Exteriores, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, fue determinante para provocar la respuesta negativa del grupo liderado por Iglesias.
Este miércoles, y con motivo de la Comisión de Interior celebrada en el Congreso de los Diputados, el diputado Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, expresó su opinión manteniendo que, de respetar lo que establece el pacto de gobierno suscrito el 12 de noviembre la política de asilo española mejoraría los estándares de protección de derechos humanos.
Las tesis podemitas ganan terreno
La influencia ideológica de Unidas Podemos sobre las actuaciones del Partido Socialista se constata en el cambio de timón que Moncloa ha puesto en marcha en el inicio de la legislatura. Pendiente Pedro Sánchez de los votos de Esquerra para lograr aprobar unas Cuentas Públicas de una vez por todas, los socialistas han comprado una mesa de negociación en la que solo se sentarán miembros del Gobierno de Sánchez, representantes de ERC y de JxC, y Pablo Iglesias, en nombre de Unidas Podemos.
No es la primera vez que Iglesias ejerce de interlocutor en esta materia. Meses atrás, se acercaba a la prisión de Lledoners para hablar con Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel. Y muy recientemente decía que prefiere a los políticos presos en libertad y dialogando, que en prisión.
A excepción de la figura del relator, el PSOE ha adoptado a pies juntillas el concepto de mesa
Defensor a ultranza del "diálogo, diálogo, diálogo" como solución a la crisis política abierta por las fuerzas independentistas catalanas, Iglesias sostiene que en esta mesa -que se reunirá por primera vez en Moncloa este próximo miércoles-, todos tendrán que ceder, reiterando no obstante que prefiere a los independentistas negociando en las instituciones.
Esta vez, a excepción de la figura del relator, el PSOE ha adoptado a pies juntillas el concepto de mesa de diálogo, sin más fuerzas políticas que las del Gobierno y el Govern, obviando a la oposición, por un precio correlativo al apoyo de ERC a la pervivencia de Sánchez en el Ejecutivo.
Discurso sobre Venezuela
El caso Ábalos ha hecho saltar por los aires el discurso oficial que hasta ahora mantenía el Partido Socialista sobre Venezuela. El esperpento ha sido tal que la estancia de Delcy Rodríguez durante unas horas en el aeropuerto español de Barajas ha precipitado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado prestado el estilo y el lenguaje de Unidas Podemos, hasta el punto de que la ministra de Exteriores ha calificado a Juan Guaidó "presidente encargado de Venezuela y jefe de la oposición". Dos figuras radicalmente contrapuestas, que solo se dan en sistemas comunistas.
Según fuentes diplomáticas, de la oposición venezolana y la administración francesa, el Gobierno socialcomunista y el ministerio que dirige Arancha González Laya habría presionado a Emmanuel Macron para no recibir a Guaidó en su gira por Europa, entre otros acontecimientos, para acudir al Foro económico de Davos.
Las informaciones apuntan a que las presiones tuvieron lugar pocas horas después de la conversación de Ábalos con la dirigente venezolana en el suelo de Barajas.
En esta crisis, que ya no solo salpica al ministro de Transportes -también se ven afectados Exteriores e Interior, además de la Presidencia del Gobierno-, Pablo Iglesias se ha ido por los Cerros de Úbeda. Cuentan fuentes parlamentarias al eE que él ha tenido conocimiento del caso a través de Sánchez, quien le aclaró que fue Ábalos quien intervino a petición propia.
