
La crisis económica por la que atravesó España puso de relieve las debilidades del modelo laboral español. Un mercado de trabajo muy rígido, con altos costes de despido, muy por encima de la media de la OCDE, y segmentado por las grandes diferencias que se daban entre los trabajadores con contrato indefinido y antigüedad acumulada (insiders), y los que tenían contrato temporal, o parados (outsiders), cuya tasa del 24,9% doblaba la media. Esta dualidad entre temporal y fijo, insensibilizaba al mercado de trabajo respecto a la coyuntura empresarial, pues eran los grupos mas protegidos, los que controlaban y fijaban las condiciones de negociación colectiva en detrimento de los outsiders cuyos costes de despido eran mas bajos.
Con estos mimbres y ante la gravedad de la situación, nuestro país había destruido el 50% del empleo destruido en Europa, se aprobó la reforma laboral de 2012, calificada como la ley más dura de nuestra historia. Pretendía proporcionar a los operadores económicos un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. Se redujo la restrictividad de la legislación sobre la protección del empleo a los trabajadores indefinidos. Se definió con mayor claridad los criterios que justificaban el despido procedente, a la vez que se reducía la cuantía de la compensación por despido improcedente. Se priorizaron los convenios colectivos de empresa frente a los convenios colectivos de ámbito superior, y se relajaron las condiciones para que las empresas pudieran descolgarse con mayor facilidad de estos últimos.
El azote de la crisis volvió a mostrar su cara en el primer trimestre de 2013: 6,2 millones de personas en paro dispararon la tasa de desempleo casi al 27%, siendo especialmente duro entre los jóvenes (57,2%). No fue hasta el 2014 cuando nuestro mercado laboral comenzó a recuperarse gracias al crecimiento económico y a la flexibilidad introducida por la reforma laboral. Durante seis años ininterrumpidos, se han creado alrededor de 2,5 millones de empleos y se ha conseguido reducir el paro aproximadamente en 2,6 millones de personas.
La ralentización del crecimiento económico en torno al 2,5% en los dos últimos años se ha visto reflejada en las evolución de las principales magnitudes laborales: el número de ocupados aumenta cada vez con menos intensidad, situándose en diciembre en 19.408.583 personas, mientras que la tasa interanual refleja una caída progresiva desde el 2,94% de enero hasta el 2,02%, actual. Y el ritmo de reducción de paro cada vez es menor, los últimos datos del mes de diciembre publicados por el Ministerio de Trabajo ponen de manifiesto el menor descenso de paro de los últimos siete años, cifrando el numero de desempleados en diciembre en 3.163.605, lo que en términos interanuales revela una caída del desempleo muy inferior a la de 2018, cuando se alcanzaron los 210.484 desempleados menos, frente a los 38.692 de este ejercicio.
Hacen falta medidas para la mejora laboral de jóvenes y mayores de 55 años
Uno de los lastres que arrastra nuestro país es el paro juvenil, fuerza laboral necesaria para el futuro del país. Se ha conseguido reducir la tasa desde el pico alcanzado en 2013 (57,2%) al 33%, pero todavía sigue siendo una cifra muy alta si nos comparamos con la media de la zona euro (15,6%), o con el 14,4% en la UE-28. Alemania presenta la tasa de paro juvenil más baja 5,8%, siendo la más alta la de Grecia, 33,1%, seguida de España, 32,8%, e Italia (27,8%). Como también hay que hacer esfuerzos para conseguir empleo para el colectivo de personas entre entre 55 y 64 años cuya tasa de paro se sitúa en el 13,8%, lejos queda del 20% alcanzado en 2013, pero todavía nos falta para llegar al 5,3% de la UE-28.
En cuanto al paro de larga duración, la incidencia de los que llevan más de un año en paro sobre el total de parados es inferior en España, 38,5% frente al 45,0% en la zona euro en el segundo trimestre de 2019, a la vez que se viene reduciendo a mayor ritmo: en el último año se redujo un 4,9% frente al 3,4% en la eurozona.
Una de las pretensiones de la reforma laboral fue eliminar la temporalidad. Pero la reforma no ha conseguido reducirla, al ascender la tasa de temporalidad en 2018 al 26,6%. En 2019 se han registrado un total de 20.352.787 contratos temporales, lo que supone un aumento del 1,73% sobre los producido en 2018, 346.000 más. Por su parte, los contratos temporales a tiempo parcial, 553.408, crecen un 8,46%, en relación con el mismo mes de 2018, en que se formalizaron 510.246 firmas.
El impacto en la industria
Además, la desaceleración económica se ha dejado sentir en la industria y la creación de empleo. El PIB real de la economía española entre 1998-2018 ha crecido en torno al 2%. El empleo ha crecido a una tasa media del 1%, cifra insuficiente para evitar que nuestra tasa media de paro, 16,5%, sea una de las más altas entre los países desarrollados.
Nuestro mercado laboral no crea suficientes puestos de trabajo. Hay en este ámbito margen para introducir mejoras legislativas y reformar las instituciones del mercado laboral a fin de aumentar su eficiencia y el crecimiento potencial de nuestra economía.
La estimación de Eurostat referida a octubre de 2019 sitúa la tasa de paro armonizada en la UE-28 en el 6,3% y en el 7,5% en la eurozona. Porcentajes que quedan muy lejos de nuestras tasas de paro. España es después de Grecia, el país que presenta la tasa de paro mas alta , 14,2%, frente a Alemania , con una tasa de 3,1% , seguida de Holanda (3,5%). Alrededor de la media se mantienen Bélgica, Portugal y Finlandia, con una tasa de paro en torno al 6%, Francia del 8,5% e Italia, del 9,7%.