Sigue sin despejarse el horizonte económico para España. Tras casi un año de bloqueo político, nuestro país sigue instalado en la parálisis reformista y la prórroga presupuestaria sin visos claros de solución para ninguno de los frentes. La investidura convocada in extremis por Pedro Sánchez arranca este sábado inmersa en el mayor desbarajuste parlamentario vivido en nuestra democracia desde la Transición, lo que aboca a la formación, si finalmente se produce, de un Gobierno endeble, reo de los pactos de Sánchez, y a reeditar la dificultad para aglutinar una mayoría que permita confeccionar unas Cuentas Públicas que reemplacen las aprobadas por el exministro popular, Cristóbal Montoro, en 2018, que ya acumulan dos prórrogas. Es más, tras la inhabilitación del president Quim Torra, la investidura ya es un escenario incierto afectado por un posible adelanto electoral en Cataluña.
Por un lado, el acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, anunciado el 12 de noviembre y vuelto a rubricar el pasado lunes 30 de diciembre, no basta para formar Gobierno en primera votación -la que se celebrará el domingo, que requiere mayoría absoluta- y sólo permitirá sustentar un Ejecutivo con una mayoría simple en segunda votación, para la que bastan más síes que noes. Incluso aunque ello suceda, tampoco esa formación de Gobierno asegura que unos futuros Presupuestos para 2020 sean aprobados, ya que una cosa son los apoyos o abstenciones a la candidatura de Sánchez y otra la asunción de la hoja de ruta económica.
Por otra parte, las sentencias europeas sobre la inmunidad de los exdirigentes catalanes Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como la decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, agitan el panorama politico catalán hasta el punto de bordear un adelanto electoral en la comunidad cada vez más factible y perentorio.
Cesiones con ERC inasumibles
En medio de todo, el acuerdo del PSOE con ERC para conseguir la abstención de los republicanos en la segunda votación supone unas cesiones de Sánchez de tal calibre que la factura parlamentaria que sin duda le pasará la oposición se torna difícilmente inasumible para agotar una legislatura de cuatro años. El socialista ha claudicado ante los republicanos tanto en su relato -al aceptar la etiqueta de "conflicto político" para definir la pretensión de autodeterminación y ahuyentar así la vertiente judicial de la disputa- como al admitir una negociación bilateral que desemboque en una consulta para el electorado catalán.
Prisionero de los pactos
La premura de Sánchez para atar una investidura en plenas fechas navideñas y convocada con extrema urgencia, antes de que cualquiera de sus apoyos expresos o tácitos pudiera dar un paso atrás, supone quedarse en manos de unos socios que pueden condicionar cualquiera de las decisiones del Ejecutivo que planea formar. Algo muy poco conveniente justo en un ejercicio en el que hay que cumplir con los ajustes de Bruselas por mandato constitucional y con el Fondo Monetario Internacional pisando los talones a las autoridades españolas, a las que viene exigiendo ahondar en las reformas en vez de revertirlas, como pretende el documento Un Nuevo Acuerdo para España firmado por el PSOE y Unidas Podemos, que tumba las reformas del PP que fortalecieron a la economía española ante los embates de la coyuntura, como la de pensiones o la reforma laboral.
Sorprende en este punto el mutismo empresarial en las horas siguientes al pacto del PSOE con ERC. Las patronales sectoriales consultadas por elEconomista no se han pronunciado al respecto nada más conocerse el contenido del documento, a la espera del desenlace de la nueva tentativa de investidura de Pedro Sánchez, el próximo martes, 7 de enero, en segunda votación. No en vano, el preacuerdo de los sociocomunistas ya levantó alarmas entre los empresarios, llevando los indicadores de confianza al nivel de la crisis.
Sucede que España acomete 2020 con un Gobierno en ciernes que, de formarse definitivamente el martes, ha de capear con una etapa de desaceleración económica tanto en clave interna como marcada por la coyuntura internacional, azotada por vaivenes como el inminente Brexit o la batalla arancelaria de China y Estados Unidos. Y la inestabilidad política así como la debilidad del previsible Gobierno suponen un viento en contra para embridar una situación en la que ya el INE constata que la economía crece por debajo del 2% y sobre la que los últimos datos de los servicios públicos de empleo ya certifican que 2019 cerró con el peor dato laboral desde la crisis incluso pese a que la creación de empleo público en año electoral enjugó el que hubiera sido todavía peor registro de guiarse sólo por la marcha de la actividad.
No sólo eso, la vigencia de un Gobierno en funciones desde el 15 de febrero, cuando Sánchez convocó las primeras generales de las dos celebradas en 2019, ha impedido la adopción de muchas medidas vedadas para la figura del decreto-ley que también dejan a trabajadores y empresarios en una suerte de limbo que dificulta la adopción de decisiones ante la indefinición normativa que aguarda. Un panorama oscuro para un inicio de década.
