Después de semanas de silencio ha sido Unidas Podemos el que ha dado el primer paso para reactivar las negociaciones y que los diputados morados apoyen la investidura de Pedro Sánchez antes del 23 de septiembre. Para ello, los de Pablo Iglesias han enviado a los socialistas una propuesta de Gobierno de coalición que incluye cuatro fórmulas distintas de competencias para los morados, así como un texto programático. Si bien los socialistas ya han cerrado la puerta de una alianza de partidos en Moncloa, reconocen que les resultan muy "próximas" sus propuestas para poner en marcha en un futuro Gobierno. De ser así y fructificar un Ejecutivo socialista respaldado por las huestes moradas, España se asomaría a un incremento de los impuestos de 6.654 millones de euros.
Esta cifra es consecuencia de medidas en realidad ya conocidas y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó movilizar a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que finalmente embarrancó por el rechazo de los partidos de la derecha y los independentistas catalanes en el Congreso. De hecho, en las medidas que propone Unidas Podemos para incrementar la recaudación solo hay una novedad notable: su anhelado impuesto a la banca.
Con él se pretende "recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, que el Banco de España dio por perdidos en junio de 2017". Para ello se crearía un tributo específico para las entidades bancarias con el que se cobrarían unos 1.000 millones al año. Sin embargo, es cierto que es la única novedad reseñable en lo que se refiere a fiscalidad. El grueso de las iniciativas reclamadas por los de Pablo Iglesias coinciden con lo que el propio Gobierno envió hace unos meses a Bruselas en la última actualización del Programa de Estabilidad.
Tasas Google y Tobin
Entre ellas se encuentran propuestas como generar un tipo mínimo del 15% del Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, que sería del 18% en los casos del sector de los hidrocarburos y del financiero. También desarrollar los impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, es decir, las tasas Google y Tobin. Asimismo, permanece la reclamación de ejercer un mayor control sobre las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y poner un tipo de gravamen del 15 por ciento sobre los beneficios no distribuidos de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi). En cambio, no hay ni rastro de medidas de control sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros (etve).
Esta es una de las cesiones que la formación morada hace a los socialistas en un documento, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que se adoptan las denominaciones y la redacción de la última propuesta de Gobierno hecha por los socialistas, antes de la primera votación de investidura.
El grueso de las medidas fiscales reclamadas ya está en el Programa de Estabilidad
De hecho, esta propuesta programática se basa, según Unidas Podemos, "en el documento que los equipos negociadores ya estaban trabajando en julio. Además, todas las propuestas se basan, con el ánimo de facilitar la negociación, en responsabilidades sobre las que se estuvo trabajando en ese momento".
Otra de las coincidencias entre Unidas Podemos y el PSOE es la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles, es decir, el tipo de inversiones que pueden hacer las Administraciones Locales sin que computen en la regla de gasto. Los morados reclaman que los ayuntamientos que estén saneados puedan dedicar parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, al fomento del empleo y a la construcción o rehabilitación de viviendas.
De hecho, los de Sánchez reconocen que "en materia de contenidos, si algo demuestra el documento es la cercanía existente en muchas políticas sociales que ambas formaciones queremos impulsar".
En cambio, el documento no abandona clásicas reclamaciones de Podemos como mantener Bankia "como un banco público", de manera que "mejore la competencia del sector, dificultando los comportamientos oligopólicos", así como "compatibilizar los objetivos de rentabilidad con la promoción de la cohesión social".
En materia de vivienda, la formación morada incluye una de las exigencias que no logró colocar en el real decreto ley de alquiler que se aprobó hace unos meses, a las puertas de las elecciones generales del 28 de abril. Se trata de la limitación de precios de los alquileres, de manera que se ponga "techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas. En virtud de este acuerdo, se habilitará a las regiones o ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler".
Por otro lado, también hay medidas concretas para los grandes tenedores de vivienda. "Estos garantizarán el realojo en determinadas condiciones de las personas inquilinas de buena fe que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos y se regulará la obligación de que una parte del parque de alquiler que gestionen tenga precios asequibles".
Además, la propuesta de Unidas Podemos incluye llevar a cabo los cambios normativos necesarios para acabar con la "sobrerretribución" -que la formación morada califica como "beneficios caídos del cielo"- "que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente" y anterior "a la liberación y han recuperado sobradamente sus costes de inversión".
Además, en el documento se reclama incorporar "criterios ambientales en la fiscalidad, en las compras públicas y en la emisión de bonos verdes a emitir por el Tesoro o por el Instituto de Crédito Oficial, vinculando deuda pública a financiación de proyectos de bajas emisiones".
En este contexto, la apuesta se concreta en el campo tributario "incorporando una fiscalidad medioambiental que nos coloque a la altura de la media de la OCDE". Aunque no se indica de forma específica, una de las fórmulas para aplicar este escenario será la subida fiscal del diésel y su equiparación con la gasolina, una medida con la que se vaticina una recaudación de 600 millones anuales.
Derogar la reforma laboral
Unidas Podemos rebaja determinadas pretensiones que en el pasado eran inamovibles, aunque ya lo venía haciendo desde que comenzó la negociación con el PSOE para la primera investidura. En este sentido, reclama la derogación "inmediata" de los "aspecto más lesivos" de la reforma laboral ejecutada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Particularmente, pretende la eliminación total de la prioridad del convenio de empresa, del mecanismo de inaplicación del convenio no basado en el acuerdo con la representación legal de los trabajadores y la recuperación "incondicional" de la ultraactividad indefinida.
Por otro lado, establece las fases en las que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe llegar a los 1.200 euros a final de legislatura, un compromiso expuesto tanto por Unidas Podemos como por el PSOE en la campaña electoral previa a las Generales. En este sentido, se quiere subir a 1.000 euros en 2020 y 1.100 en 2021.
Además, propone que los autónomos coticen por ingresos reales, sobre la base de una actuación cruzada con la información fiscal.
El de las pensiones es otro de los campos en los que la formación morada centra sus reclamaciones. Para empezar, los de Pablo Iglesias piden la derogación de la reforma de pensiones del Partido Popular y la "garantía permanente de actualización de las pensiones con arreglo al IPC real establecida mediante ley, con incrementos progresivos mayores en plazos breves para la equiparación de las pensiones (o garantías) mínimas al SMI".
Esto se suma a la "eliminación inmediata y permanente" del factor de sostenibilidad. Además, las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones y reclama que se revisen las conocidas como "lagunas de cotización".
Por otro lado, la formación morada no renuncia a una de sus más polémicas reclamaciones: que se suprima la totalidad de los beneficios fiscales que tienen los planes privados de pensiones.
