El Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas considera que el proyecto de reforma del texto refundido de la Ley Concursal carga a las microempresas en exceso con la responsabilidad de tramitar el sistema especial, que se introduce como una de las grandes novedades y que está pensado para el 90% de los posibles deudores insolventes.
Recomienda, asimismo, que se testen los nuevos formularios concursales electrónicos previstos para desarrollarlo para constatar su eficacia o la necesidad de modificarlos antes de su entrada en vigor obligatoria.
Así, argumenta, "se evitarían ineficiencias en su puesta en marcha que pueden colapsar su funcionamiento en un ámbito como es la Justicia todavía no suficientemente digitalizado".
Tres años de perdón de deudas públicas
También, denuncia la poca efectividad en los mecanismos del procedimiento de segunda oportunidad, tanto del sistema especial de venta de la empresa para las micropymes o en su versión mediante un plan de pagos y el aumento de los privilegios de Hacienda y la Seguridad Social en el mantenimiento vivo de sus deudas, que reduce el perdón de estas deudas a 1.000 euros como máximo en cada uno de los casos. Esta cifra es considerada "meramente testimonial, claramente insuficiente y muy limitada".
A este último respecto, en su informe sobre el proyecto, que hoy publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el REFOR considera que en el caso de los empresarios individuales, debería modularse la excesiva protección del crédito público en situaciones de liquidación que se ha introducido en el proyecto de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, de forma que, como mínimo, se exima del pago de los tres últimos periodos liquidativos (deuda corriente).
En esta misma línea, proponen que en cuanto al consumidor sobreendeudado, debería permitirse la plena exoneración en situaciones usuales, como multas, sanciones o impuestos habituales del último año.
Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, "algunos aspectos del proyecto de ley siguen una transposición de mínimos, en especial en la dificultad de pequeños emprendedores y personas físicas para acceder a una verdadera segunda oportunidad, si bien, en líneas generales, la percepción sobre el nuevo marco es positiva".
El presidente Juan Carlos Robles considera que en el proyecto de reforma del texto refundido de la Ley Concursal "sigue habiendo aspectos en el proyecto de ley que habría que mejorar como el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas, la poca efectividad en los mecanismos de segunda oportunidad, la falta de claridad de la regulación de los profesionales de la insolvencia y de las nuevas figuras que desarrolla –como el experto en reestructuración– o la inexistencia de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico".
Críticas al sistema de alertas tempranas
"El Gobierno parece haber renunciado a crear un mecanismo de alertas tempranas eficiente y fiable, y se ha limitado a cumplir, de manera estrictamente formal, el trámite de transposición de la Directiva Europea.
Así, el Proyecto prevé la creación de un sistema de alertas tempranas cuyas características (estructura, antigüedad y fuentes de la información financiera) garantizan la completa ineficacia de dicho sistema y que, con total certeza, no aportará utilidad alguna para la detección precoz de las situaciones de insolvencia empresarial", afirman los economistas.
Así, consideran que para que España se dote de un sistema eficaz y robusto de alertas tempranas, se precisan implantar modelos eficientes basados en mecanismos automatizados de control, tales como los test de estrés de solvencia y las certificaciones de solvencia y liquidez elaborados por profesionales financieros cualificados.
"Estos modelos de certificación se están aplicando con éxito en otros países de la UE, como Italia, donde ya se aprecia el impacto positivo en la detección precoz de las situaciones de insolvencia del tejido productivo", explica el REFOR.
Falta de regulación profesional
Estiman, también, que el mecanismo especial para microempresas que plantea el proyecto es eficiente y ahorra coste, pero la total ausencia de profesionales de la Administración Concursal supondrá, en la práctica, una total falta de control sobre el procedimiento que podría desembocar en manipulaciones interesadas por parte de ciertos deudores, trasladando la tutela del coste del control de los mismos a los acreedores.
Para ello, debería flexibilizarse el mecanismo de protección y que bastara con que un acreedor justificara razonablemente la necesidad de la intervención de un administrador concursal para que la designación de este fuera obligatoria.
Además, Robles manifiesta su queja ante la indefinición del todavía pendiente Reglamento de la Administración concursal, a pesar de los cambios en su nombramiento que incluye el anteproyecto.
En la misma línea, destaca el informe que la nueva figura del experto en reestructuración está indefinida, aunque se trata de una figura esencial en la gestión prematura de las insolvencias mediante el conocimiento especializado del mundo de la empresa.
De hecho, entre las funciones que, de acuerdo con el propio proyecto, debe desempeñar el experto en reestructuraciones, se contemplan las valoraciones de empresa, análisis de viabilidad, etc.
"Si se pretende que esta institución sea una herramienta útil para garantizar el éxito de estos procedimientos, se debería enfocar el ámbito subjetivo hacia los profesionales del mundo de la economía de la empresa y expertos financieros, tales como economistas, titulares mercantiles o auditores", añade.
Por ello, valora que sería conveniente establecer en el Proyecto de Ley las condiciones profesionales para ser experto en reestructuraciones, así como las del administrador concursal, por principio de legalidad, ya que no se definen claramente y se retrasan a un futuro reglamento sin conocerse su regulación, lo que produce inseguridad e indeterminación.
'Prepack' y mediación concursal
Sería necesario incorporar medidas de garantía para los procedimientos de prepack (venta de unidades productivas o de la empresa entera) que permitan a los acreedores y resto de interesados asegurar la corrección y supervisión del procedimiento de venta, así como conocer los valores reales de mercado de las empresas o unidades productivas que se van a transmitir.
Para ello, resultaría imprescindible la designación de un experto en reestructuración en dichos procedimientos y la elaboración por éste de un informe de valoración, tal y como ya se exige en otros supuestos como la homologación de planes de reestructuración.
Sería conveniente incluir medidas en la mediación concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios que con esta reforma han quedado descafeinados y relegados, como herramientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que "pese a entender las prisas del Gobierno para acometer las reformas comprometidas con Bruselas, estimamos que una reforma del tal calado, en la que está en juego la supervivencia de nuestras empresas, merecería un período de maduración más amplio, a no ser que se quiera, como en la paradoja de Lampedusa, "cambiarlo todo para que nada cambie" y que esta nueva norma sea una reforma más de las 25 que se han efectuado de la Ley Concursal desde 2004".
Por ello, los economistas anuncian que ya han iniciado una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios al objeto de trasladarles una serie de propuestas, para su posible toma en consideración, destinadas a corregir algunas deficiencias en el diseño del proyecto e intentar mejorar el sistema de insolvencias de nuestro país.
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