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El Refor denuncia que la economía sumergida que elude el concurso pone en peligro la reforma concursal

  • En sus alegaciones compara el aumento de los pagos del Fogasa
Madrid

Los economistas consideran que la reforma de la Ley Concursal que prepara el Gobierno tendría que resolver el grave problema de economía sumergida que afecta las insolvencias y que suponen una competencia desleal para el resto de los empresarios.

En sus alegaciones al Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas compara los pagos del Fogasa y el número de concursos, y los últimos datos disponibles de 2021 siguen indicando que persiste un número significativo de insolvencias que no siguen el procedimiento concursal establecido sino que se alejan del mismo.

Esta situación, considera el Refor, supone un coste añadido e ineficiencia económica empresarial en cuanto a la posible recuperación del crédito. Señalan los economistas en su informe, que los pagos del Fogasa de enero a mayo 2021 han aumentado en torno al 22,06%, y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores -1,09%- ha disminuido un 37% con respecto a 2020. "La ratio de 1, 09% mostraría que al menos debería haber un 9% más de concursos de acreedores, pues hay más pagos del Fogasa, que proceden de insolvencias, que concursos de acreedores a través de este sistema legal.

Un sistema poco atractivo

El Refor considera que el sistema concursal (y preconcursal) español no parece resultar atractivo para el empresariado, especialmente para las micropymes y pequeñas empresas, y la situación concursal de las empresas es cada vez más complicada, con un mayor porcentaje de concursos express.

Por ello, los economistas estiman que de no producirse una mayor flexibilidad del crédito público (tanto en fase preconcursal como concursal y en segunda oportunidad) y mejorar, en la línea que a continuación se expone, un conjunto de variables pre y concursales es muy probable que persista esta economía sumergida concursal y este ratio de bajísima concursalidad en España comparada con otros países de nuestro entorno, alejándonos de los modelos europeos e internacionales concursales.

Consideran que el procedimiento no resulta atractivo para el empresariado y la micropyme

Aunque los economistas consideran que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, critican que no se aborde "con seriedad" la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.

Lamentan que no se haya avanzado y aprovechado esta reforma para llegar a una postura intermedia en cuanto a una mayor extensión del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para autónomos y emprendedores.

Otras críticas

No obstante, indican en su informe, que el Anteproyecto no transpone el mecanismo de alertas tempranas dispuesto en la Directiva Europea, al dedicar una disposición final a describir la futura implantación en 2022- de un sistema básico que "no parece que vaya a permitir detectar los riesgos de insolvencia de una forma eficiente".

También inciden en la ausencia de claridad en la profesionalización de la asistencia a los empresarios en los procesos de reestructuración en los que, si bien desarrolla los contenidos de naturaleza financiera y de viabilidad que deben contener dichos planes, omite desarrollar los aspectos subjetivos que deben cumplir los profesionales encargados de unas tareas tan esenciales para garantizar el éxito de estos procedimientos.

En la misma línea, crítica, destacan el escaso tiempo que la Administración ha concedido para presentar alegaciones en la fase de audiencia pública.

Novedades positivas

Entre las mejoras introducidas destacan que el nuevo texto impulsa los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, dado que las empresas llegan tarde al concurso.

Asimismo, también consideran un avance la inclusión de un procedimiento específico para microempresas como existe en otros países, si bien no se garantiza la gestión profesionalizada de estos procesos.

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