Comunidades Autónomas

Año 2020 en Cataluña: del reto presupuestario al electoral

  • La negociación de las Cuentas lleva un aumento fiscal asociado
  • Seguirá liderando la presión fiscal a rentas bajas y medias
El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y el presidente, Quim Torra, en el 'Parlament'. Foto: Efe.
Barcelona

El año 2020 estará marcado por muchos desafíos que la clase política deberá afrontar para asegurar la estabilidad económica de Cataluña y el bienestar de sus habitantes. El primer reto será lograr el consenso necesario para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos, algo que no ocurre desde 2017, año en el que estalló la fase más convulsa del procés, y que tanto empresarios, como patronales, gremios y sindicatos llevan pidiendo desde la primera prórroga. En un mundo de cambios cada vez más rápidos y de transformación constante, Cataluña no se puede quedar atrás y establecer unas nuevas cuentas, dicen todos ellos, es vital para seguir siendo competitivos.

Las previsiones del Govern pasan por aprobar los presupuestos durante el primer trimestre del año 2020. No obstante, para ceñirse a estos plazos se deben cerrar aún muchos flecos, ya que, de momento, la mesa negociadora, formada principalmente por la Conselleria de Economía, en manos del vicepresidente Pere Aragonès, de ERC, y los Comuns, solo se ha puesto de acuerdo en materia de ingresos, siendo mucho más complicado entenderse en materia de gastos, que tienen un margen de crecimiento de entre 2.500 y 2.900 millones.

Subida fiscal

De momento, hay preacuerdo para aumentar la presión fiscal a través del IRPF, el impuesto de Sucesiones y un nuevo gravamen ambiental a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, entre otros. Estas modificaciones apuntan a un aumento de los ingresos para la Generalitat cifrados en 543 millones de euros anuales, aunque este año la recaudación solo crecería en 173 millones.

En el primer caso, la reforma del IRPF, pactada entre Economía y los Comuns propone rebajar la carga fiscal sobre las rentas más bajas, aquellas que no alcanzan los 12.451 euros al año, reduciendo el 50% que gestiona la Generalitat y librando del pago sobre los primeros 6.105 euros ingresados al año. En total, 205.042 personas se beneficiarán de un ahorro aproximado de 50 euros al año. Por contra, sube la presión sobre las rentas de 90.000 a 175.000 euros, es decir, a más de 50.000 personas que pasarán a pagar un 23,5% de IRPF (de 90.000 a 120.000 euros) y del 24,5% (de 120.000 a 175.000).

Desde el Colegio de Economistas de Cataluña reconocen que esta reforma fiscal "no es una revolución" y que "tendrá poco impacto". No obstante, celebran los primeros pasos para renovar los presupuestos regionales. Cabe recordar que, si bien esta reforma resta presión sobre las rentas bajas, Cataluña sigue siendo líder en España de carga fiscal a las rentas medias y bajas, de hasta 30.000 euros.

Por otro lado, Foment del Treball, que también agradece los esfuerzos por unos nuevos presupuestos, advirtió que "ni empresas, ni ciudadanos pueden soportar más presión fiscal" y tildó las medidas anunciadas de "abusivas" y "confiscatorias".

Otro de los puntos sobre los que hay consenso, muy a regañadientes de JxCat, es la variación del Impuesto de Sucesiones. De nuevo, a mayor importe del legado se pagará más. Se ha mantenido la bonificación del 99% para cónyuges, pero se reduce para hijos y padres. La mesa negociadora estima en casi 190 millones de euros la recaudación por esta modificación, lo que la convierte en la medida de mayor impacto.

Legislatura en duda

Este 2020 también puede volver a ser año electoral. Si se trunca la aprobación de Presupuestos catalanes, o si se aplica la inhabilitación de un año y medio a Quim Torra tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia -que la Junta Electoral Central (JEC) ha pedido aplicar sin esperar a sentencia firme del Supremo, aunque Torra quiere evitarlo con alegaciones y recursos e incluso llegar hasta la Justicia europea-, las discrepancias entre JxCat y ERC pondrían muy difícil la tarea de buscar un candidato alternativo y la legislatura terminaría antes de hora, algo que abocaría a la región a unos nuevos comicios.

En caso de condena a Torra, Aragonès (ERC) tomaría el mando y, en un plazo de 10 días, se debería presentar un candidato para ocupar la presidencia, algo complicado por las citadas discrepancias entre los grupos independentistas, que han vuelto a aflorar durante las Navidades debido a las negociaciones entre ERC y PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

JxCat, ERC y la CUP sí que se pusieron de acuerdo el fin de semana para rechazar en un pleno de urgencia del Parlament la decisión de la JEC de inhabilitación inmediata de Quim Torra, pero sus puntos de encuentro acaban ahí. Mientras, ERC también batalla por la inmunidad de Oriol Junqueras.

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