Los test de estrés que publicará la Autoridad Europea Bancaria (EBA) en coordinación con el BCE al sector financiero comunitario el próximo día 2 de noviembre obvian cualquier impacto de una eventual devolución a los clientes hipotecarios por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por los contratos firmados hasta la fecha. Éste es uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el sistema español, por la repercusión económica y social que implica, ya que una resolución contraria a los intereses de las entidades podría provocar un agujero de más de 26.000 millones de euros. Los despachos de abogados ya están preparando una oleada de demandas ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo permita a los usuarios realizar reclamaciones, bien sea ante las agencias tributarias de las comunidades autónomas, bien ante la banca.
Las pruebas de resistencia, que se darán a conocer tan solo cuatro días antes de que el Supremo fije jurisprudencia sobre el gravamen, tan solo han incluido la posibilidad de que la banca tenga que afrontar a partir de ahora los costes en sus ejercicios para comprobar la capacidad de resiliencia de las entidades. Bien es cierto que los resultados aproximativos fueron comunicados a principios de septiembre y que la polémica sobre este impuesto es reciente, de hace menos de una semana, por lo que el margen de maniobra es limitado para rehacer los exámenes, en los que sí se tienen en cuenta contingencias legales por otros asuntos, como las demandas por los gastos de notaría y gestoría en los créditos para la adquisición de una vivienda o por las hipotecas multidivisa.
Distintos informes de analistas calculan entre 700 millones y 800 millones la factura anual que tendría para la banca el tener que sufragar el AJD desde ahora. Aun así, el sector tiene preparadas subidas de los tipos de interés en los nuevos préstamos para compensar este gasto, que rondan el 5% sobre los precios actuales. De aplicarse una retroactividad total o parcial, el encarecimiento de la financiación sería mucho más elevada y el flujo de crédito se restringiría.
Tampoco han incorporado la crisis turca o argentina y solo en parte la incertidumbre existente sobre Italia
La EBA y el BCE han evaluado a todas las entidades que están bajo supervisión comunitaria, pero tan solo informará de los principales grupos. En el caso español, tras descartar a Bankia, los números públicos de los test de estrés serán sólo los correspondientes al Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.
En los ejercicios, en los que se proyecta una recesión económica, la subida del desempleo en 5 puntos porcentuales y una caída de las bolsas del 40%, tampoco han incorporado situaciones tan relevantes como la crisis turca o argentina y solo en parte la incertidumbre existente sobre Italia, según diferentes fuentes conocedoras de los exámenes.
También es destacable, por contra, que las pruebas de resistencia no tendrán en cuenta determinadas plusvalías y saneamientos llevados a cabo por el sector que, en algunos casos, son determinantes en su evolución futura, al haberse concretado a lo largo de este año, como son las relevantes ventas de carteras de inmuebles y morosos o, incluso, la desinversión de la filial chilena por parte de BBVA, que le va a reportar beneficios netos superiores a los 600 millones.
Este punto es importante, según las fuentes consultadas, ya que algunas entidades saldrán perjudicadas al no tenerse en cuenta este tipo de operaciones. Citan, por ejemplo, al Sabadell, que ha alcanzado acuerdos para desprenderse de 12.000 millones de activos improductivos este verano, pero que no computan en los test, por lo que avanzan que podría ser una de las entidades más castigadas en los resultados. En CaixaBank, asimismo, tampoco se ha valorado la venta de todos sus inmuebles.
'Brexit', solo en parte
La no consideración de la crisis turca evitará una penalización mayor a BBVA, al igual que la no inclusión del estado de inestabilidad que sufre Argentina. Ambos mercados aportan a la entidad española más del 20% de sus ingresos. El caso del país latinoamericano no afectará, de igual modo, al Santander, como el mayor riesgo de la salida del Reino Unido de la UE -lo mismo le ocurre al Sabadell-.
Una de las principales novedades de las pruebas de resistencia de este año es la incorporación de las nuevas normas de contabilidad IFRS9, que afectan a la contabilización de los deterioros por morosidad, ya que anticipa su reconocimiento y se modifican los criterios de pérdidas incurrida a esperada. En este sentido, los test recogen estos cambios, que adelantan el impacto de créditos impagados en un 60% en los doce meses siguientes a su afloramiento.
Los analistas consultados sostienen que las entidades que peores resultados conseguirán en las pruebas de resistencia serán los bancos italianos, aunque como el resto se verán favorecidos porque solo se contempla un alza de la prima de riesgo del país transalpino de 100 puntos básicos, cuando a lo largo de este ejercicio es el doble.
En el escenario más dramático para la coyuntura, los bancos están sometidos a situaciones en los que los márgenes financieros (diferencia entre los intereses que pagan por depósitos y los que cobran por los préstamos, principalmente) sufren un descenso de hasta el 25% y la facturación por comisiones se desploma en hasta un 20%. Distintos expertos descartan, aun así, que alguna entidad vaya a tener que ampliar capital de manera inmediata o tomar medidas drásticas para reforzarse.
La AEB: el riesgo para el sector es "cero"
Ni un euro ni 26.000 millones. "Cero" es el riesgo o la responsabilidad de la banca en el impuesto de la firma de hipotecas, según destacó el miércoles el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán. En declaraciones a Antena 3, el responsable de la asociación indicó que es un asunto tributario y que por tanto nada tiene que ver con el sector. Roldán advirtió que las entidades "no pueden con todo", en referencia a la sucesión de cargas que le imponen los reguladores, la administración y los juzgados. De esta manera, alertó de las consecuencias de una jurisprudencia negativa, con un encarecimiento en los créditos.
