Banca y finanzas

El veto del Gobierno borraría gran parte de las sinergias del plan BBVA y Sabadell

  • El banco vasco prevé 850 millones al año en ahorros al fusionar ambas entidades
     

El Gobierno ha elevado su rechazo a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell al Banco Central Europeo (BCE). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desveló ayer haber compartido con la presidenta del brazo de supervisión del BCE, Claudia Buch, las preocupaciones por el "posible efecto lesivo en términos de competencia". Un movimiento que ocurre después de que el mismo ministro y otros miembros del Ejecutivo hayan avisado de que podrían vetar la fusión de ambas entidades, algo que sería un obstáculo no menor a la transacción.

El grupo presidido por Carlos Torres, que está convencido de que el Ejecutivo acabarán viendo y apoyando las bondades de la operación, puede lanzar la opa y comprar Sabadell, pero un veto ulterior del Gobierno amenazaría con desintegrar buena parte de las sinergias que dan rentabilidad al proyecto.

Sobre el papel y según los cálculos del grupo vasco, la absorción de Sabadell devengaría 850 millones de euros brutos anuales vía sinergias y elevaría el beneficio por acción de la entidad al 3,5% en el primer año de la unión. Ahora bien, gran parte de esas sinergias se generarían al suprimir las duplicidades que siempre deja una fusión: servicios centrales, sucursales y personal redundantes y las muy costosas plataformas tecnológicas.

Negocio de escala

Durante la presentación de la oferta, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, explicó que la banca es un negocio de escala, con gastos crecientes en informática y desarrollos tecnológicos, por lo que solo prescindir de una plataforma generaría importantes ahorros al consumar la fusión. A título ilustrativo deslizó, de hecho, que BBVA gasta 3.000 millones al año en esos capítulos tecnológicos.

El arma legal del Gobierno para intervenir en una operación corporativa se encuentra en la disposición adicional de la Ley de Supervisión Bancaria (Ley 10/2014, de 26 de junio) que capacita al ministro de Economía para autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco.

A la hora de tomar la decisión recabaría los correspondientes informes del Banco de España (BCE, por elevación), del servicio de prevención de blanqueo Sepblac, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Pero su intervención sería con la opa consumada, pudiendo darse la paradoja de que BBVA haya tomado un control ajustado de Sabadell (el 50,01% al que supedita el éxito de la opa) o alcanzar el 100% y tener que mantener el banco adquirido como una filial autónoma y sin posibilidad de integrar. No es nada anómalo. El Santander se adjudicó, de hecho, Banesto en 1994 y lo mantuvo como filial independiente por decisión estratégica hasta 2013. Pero, de nuevo, limitaría las sinergias esperadas.

¿Podría actuar antes el Gobierno? No, aunque sí hay otros organismos, independientes, que deben allanar la opa. Para lanzar la oferta, el grupo vasco debe recabar el visto bueno del BCE que, básicamente, debe comprobar que no hay riesgo para la estabilidad financiera y, según BBVA se mostró positivo a la operación; de la CNMV, cuya responsabilidad será verificar que la opa cumple los requerimientos regulatorios; y del organismo de competencia, que debe emitir una autorización, expresa o tácita, antes de que la CNMV autorice el folleto.

Si detectase serios problemas de competencia sería lógico que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) bloqueara la transacción antes, incluso, de lanzarse la opa. Una hipótesis que, sin embargo, chocaría cuando no frenó la fusión de CaixaBank y Bankia que gestó un banco mayor y estuvo favorecida por el Gobierno, ya que el Frob era el dueño de Bankia. Otra cosa es que fije condiciones de desinversión o limitaciones que también resten atractivo a la operación si el Gobierno trunca la fusión.

Condiciones a CaixaBank y Unicaja

En la fusión de CaixaBank y Bankia, la CNMC detectó hasta 86 códigos postales donde la entidad final se quedaba sola, en régimen de monopolio, o duopolio y fijó condiciones en los servicios y productos para evitar un deterioro en la oferta para el consumidor durante tres años, a propuesta del banco. Les prohibió abandonar localidades donde permanecían como operador único y romper los acuerdos de uso de cajeros automáticos con otras entidades durante 18 meses, además de exigirles reducir su participación en varias firmas de medios de pago para bajar la posición sobrevenida de control (en Bizum, Servired, Redsys y Sistema de Tarjetas y Medios de Pago).

Para validar la unión de Liberbank y Unicaja, el banco tuvo que comprometerse con la CNMV a asumir garantías también en productos y servicios en tres localidades de Cáceres donde se daba una alta concentración. En ambos casos, las entidades fusionadas se comprometieron también a comunicar a los clientes del banco absorbido el cambio de condiciones en productos y servicios con suficiente antelación para evitarles sorpresas y para que, incluso, pudiesen cambiarse de banco.

Una unión de BBVA y Sabadell presentaría solapamientos, sobre todo, en Cataluña. Su cuota conjunta de mercado en España rondaría el 22% (14% de BBVA y el 8% de Sabadell), inferior a la que controla CaixaBank, pero parte de una posición de concentración bancaria superior a la que tropezó el banco catalán.

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