EMPRESAS
El Gobierno rechaza por ahora imponer un impuesto especial a la banca para aumentar el gasto social, pero valora castigar al sector a través de otras fórmulas, como son un gravamen a las transacciones financieras o la fijación de un mínimo en la tasa fiscal efectiva más elevada que al resto de empresas (18% frente al 15% del conjunto). Este tope reducirá el uso de los activos diferidos (especie de deducciones) que acumula en sus balances por las pérdidas y provisiones sufridas durante la crisis.