La imposición por el banco de un swap para evitar la prestación de garantías personales del cliente sin la debida información sobre los riesgos de este producto provoca un vicio de consentimiento en el cliente, que lleva a la anulación del contrato de este producto financiero y a la devolución de las cantidades pagadas más los intereses de demora, incrementados en dos puntos.
El plazo para la conservación de los documentos de inscripción, afiliación y altas, bajas y variaciones de datos se establece a partir de hoy en cuatro años, equiparándose así expresamente al fijado como límite para la aplicación de sanciones en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Ser abogado especialista en Derecho bancario es asimilable a experto inversor, por lo que el banco queda exento de la obligación de aportarle la información sobre los riesgos que asume al firmar un contrato de hipoteca multidivisa, cuya falta lo anularía en el caso de tratarse de un consumidor con escasos conocimientos financieros, según determina una sentencia del Tribunal Supremo, 30 de junio de 2015.
La Fiscalía del Estado, de la que es titular Consuelo Madrigal, ha emitido una nueva Circular aclaratoria de la reforma del Código Penal (CP), que unifica criterios entre fiscales a la hora de determinar la pena cuando se cometen dos o más acciones delictivas siendo una de ellas necesaria para cometer la otra, acción conocida como concurso medial.
Cuando un asegurado fracciona el pago de la prima y deja de pagar el el primer recibo de la prima, a su vencimiento, debe entenderse impagada. Por ello, desde ese momento, comienza el plazo de gracia de un mes y, a partir de entonces, se suspende la cobertura del seguro, hasta la extinción del contrato a los seis meses del impago, siempre que en este tiempo no conste que la aseguradora ha optado por reclamar la prima.
Las futuras quiebras bancarias, de producirse, ya no serán sufragadas por los contribuyentes españoles, según se establece en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y crea un Fondo de Resolución Nacional para que el sector se haga cargo de los costes.
El Tribunal Constitucional (TC) recibió durante el pasado año un total de 60 recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales o autonómicas, de los cuales 35 fueron los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, y a su vez 25 de ellos llegaron desde Cataluña o Andalucía.
El Tribunal Supremo rechaza que los municipios puedan modificar la calificación del suelo prevista en los Planes Generales de Urbanización Urbana si no se cumple la Estrategia Territorial Europea para el medio ambiente urbano, que señala "un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada".
El Grupo Popular ha incluido en el Proyecto de la Ley General Tributaria, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, dos nuevos tipos de infracción en relación con el incumplimiento de la obligación de las entidades financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o control de las cuentas, que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2016.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, cuyo titular es Javier Gómez Gálligo, ha logrado en un breve espacio de tiempo superar los problemas que se habían generado sobre la legalización de los libros societarios en el Registro Mercantil.