En tiempos de creciente presión política para reforzar las redes de protección social, suelen aparecer ideas (que a veces se llevan de forma parcial a la práctica) que van encaminadas a otorgar a las familias o individuos ayudas monetarias prácticamente incondicionales, con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social. Este tipo de medidas que parecen claras, necesarias y adecuadas son, sin embargo, un arma de doble filo, puesto que en ciertas ocasiones generan incentivos (o más bien desincentivos) que cronifican los problemas de esas familias (trampa de pobreza) al mismo tiempo que incrementan el gasto estructural de unas administraciones que ya parten de unos niveles elevados de deuda pública. Por eso, resulta fundamental confeccionar con sumo cuidado y detalle este tipo de prestaciones para evitar que se generen dichas situaciones. Al mismo tiempo, también son útiles los experimentos limitados para conocer el impacto práctico de estas políticas. En España ha tenido lugar recientemente una de estas prácticas con resultados interesantes. Algunos devastadores para el mercado laboral y otros más positivos a nivel individual.