Sólo el 30% de los concursos de ahorro y eficiencia energética de la Administración se resuelvan en el mismo año en que se convocaron, por culpa del desconocimiento del modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos (ESE), la lentitud de la burocracia, la complejidad de los pliegos de las licitaciones, la falta de medios y la apelación a los tribunales de los descontentos con el resultado de los procesos, entre otras razones. El plazo medio de maduración de los contratos ha pasado desde los nueve meses de 2015 hasta los 12 meses del año pasado.
Los nuevos edificios consumirán un 40% menos de energía que los actuales, de acuerdo con los nuevos requerimientos de construcción del Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobados este viernes por el Consejo de Ministros, después de dos años de tramitación. Supondrá un encarecimiento de la obra nueva del orden del 2,5%.
La industria pesada clama contra el resultado de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, concluida el jueves, que se ha saldado con una reducción del precio de adjudicación del 90% con relación a la subasta anterior, del segundo semestre de 2019. En esta ocasión han participado 118 empresas por un volumen de oferta un 60% menor -1.000 MW frente a 2.400 MW- y sólo 30 compañías se repartirán 4,4 millones de euros, frente a los 95 millones de la anterior puja otorgados a 123 industrias.
EDP ha acordado vender seis centrales hidroeléctricas con 1.689 MW de capacidad a un consorcio formado por Engie (40% de participación), Crédit Agricole Assurances (35%) y Mirova - Natixis Group (25%), por 2.210 millones de euros.
El 40% de los 8.200 MW eólicos y fotovoltaicos que el Gobierno adjudicó en 2017 no va a estar construido antes de que concluya el año, según las previsiones de REE. El retraso provocará que se active la ejecución de más de 100 millones de euros de garantías depositadas para participar en las pujas.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy tres Circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), relativas a la retribución regulada del transporte y la distribución de electricidad. En el primer caso supone una rebaja del 7,3% (unos 125 millones al año), mientras que en el segundo la rebaja será del 4,5% (unos 250 millones por ejercicio), que se producirán escalonadamente.
La gestión de los consumos de energía debería externalizarse, al igual que la limpieza o la seguridad
El sector privado reclama el reconocimiento de los especialistas en gestión de la energía, las Empresas de Servicios Energéticos (ESE), como un asesor clave para conseguir unos ahorros difíciles de conseguir.
Las comunidades autónomas quieren profundizar más en las políticas de ahorro y eficiencia energética, pero se encuentran con problemas de diseño de las ayudas, que no se ajustan a los plazos ni de los proyectos ni de los agentes que quieren acometerlas.