Sólo el 30% de los concursos de ahorro y eficiencia energética de la Administración se resuelvan en el mismo año en que se convocaron, por culpa del desconocimiento del modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos (ESE), la lentitud de la burocracia, la complejidad de los pliegos de las licitaciones, la falta de medios y la apelación a los tribunales de los descontentos con el resultado de los procesos, entre otras razones. El plazo medio de maduración de los contratos ha pasado desde los nueve meses de 2015 hasta los 12 meses del año pasado.
Así lo reflejan los datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), que ha analizado la evolución del sector entre 2015 y 2018, y receta a los responsables públicos "que se dejen asesorar a la hora de diseñar los procedimientos y los pliegos de condiciones", en palabras de Carlos Ballesteros, director de la entidad.
El retraso a la hora de materializar las actuaciones no es exclusivo de la Administración, pero se supone que ésta debe tener un comportamiento ejemplarizante -así lo exige la normativa, fijando cuotas mínimas anuales- que no se refleja en los datos: el peso del sector público en el mercado del ahorro y la eficiencia se ha hundido desde el 23% de 2015 hasta el 5% de 2018, mientras que en el mismo período la importancia del sector privado se ha disparado desde el 26% hasta el 46%; al mismo tiempo, las actuaciones conjuntas público-privadas se han mantenido estables, pasando del 51% al 49%.
Anese, no obstante, confía en que un modelo de contrato energético integral para los servicios energéticos con la Administración, publicado en octubre por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, puede solucionar buena parte de los problemas actuales.
El modelo de contrato, en cuya elaboración ha participado la Federación Española de Municipios y Provincias, comprende cinco tipos de prestaciones: la gestión del suministro de energía, el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la garantía total de reparación, las obras de mejora y renovación especificadas y el fomento de la eficiencia con la incorporación de equipos y fuentes de energía renovable.
Mercado de 1.200 millones
El volumen del mercado nacional no ha experimentado un cambio relevante en esos cuatro años, puesto que ha crecido un 1%, pasando de los 1.170 millones de euros a los 1.183 millones, y el presupuesto del proyecto medio ha bajado un 3%, de los 523.000 euros a los 506.000 euros.
La única diferencia es el mayor peso de las ESE con un volumen de facturación intermedio -de 5 a 10 millones al año-, que ha duplicado su cuota hasta el 10% del total, reduciéndose el de las empresas más pequeñas, con una facturación menor, de 2,5 a 5 millones anuales, por la ampliación de los tipos de proyectos. Aún así, el 59% del mercado pertenece a Pymes que facturan menos.
El hecho de que el grueso del mercado de ahorro y eficiencia energética esté en manos de Pymes con menos de 50 empleados incide directamente en la generación de empleo y riqueza local: el 58% de las ESE operan en menos de cinco comunidades autónomas. No obstante, un 18% ha desarrollado proyectos en el extranjero, y la actividad fuera de nuestras fronteras le aporta el 25% de la facturación.
También ha cambiado a mejor el uso de la tecnología por parte de las empresas; gracias a ello, los niveles de ahorro y de rentabilidad que consiguen con sus actuaciones son superiores. Los presupuestos varían según el tipo de proyecto, desde los 813.000 euros del alumbrado hasta los 264.000 euros de los edificios, pasando por los 668.000 euros de la industria, pero, con una duración típica de siete u ocho años, proporcionan un ahorro energético medio del 30%, que se traduce en un ahorro económico de 242.000 euros.
El mayor ahorro de energía se obtiene con el alumbrado y la iluminación, que alcanza el 45%, seguida por la climatización -28%-, la rehabilitación de la envolvente de los edificios -27%- y las aplicaciones industriales, que llegan al 26%. Atendiendo al coste en emisiones de carbono, ahora ronda los 19 euros por tonelada de CO2, sensiblemente menos que el mercado europeo, donde ronda los 25 euros.
Escasa externalización
Las barreras que impiden un mayor desarrollo del mercado, de acuerdo con Anese, son la escasez de las ayudas fiscales, la baja tendencia a la externalización de los servicios energéticos, la escasa conciencia ciudadana, la duración de los contratos y los procesos burocráticos. Llama la atención que haya desaparecido la falta de financiación.
