El Gobierno endurece las exigencias de calificación energética de los inmuebles; si hasta ahora sólo tenían que obtener el certificado los inmuebles puestos en venta o alquiler, con una nueva regulación, ahora en tramitación, deberán disponer del certificado todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada con una superficie útil total superior a los 500 metros cuadrados. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
Obtener un certificado energético cuesta de 40 a 100 euros, dependiendo del desplazamiento que tenga que hacer el técnico competente hasta el inmueble a certificar. Esta visita, al objeto de evitar fraudes, pasará a ser obligatoria -al menos una vez- y deberá realizarse durante el mes previo a la emisión de certificado, de acuerdo con el borrador de Real Decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública hasta el próximo 16 de septiembre.
La futura norma, además de trasponer novedades de la normativa comunitaria relativa a la eficiencia energética y el fomento de las renovables, amplía las exigencias de la normativa actual. Hasta ahora sólo tenían que obtener el certificado energético los inmuebles en venta o alquiler y los de la Administración mayores de 150 metros cuadrados y frecuentados por el público.
Pero cuando entre en vigor deberán mostrar el certificado en un lugar público todos los edificios o unidades de edificios públicos mayores de 250 metros cuadrados, aunque no estén abiertos a los ciudadanos, y todos los inmuebles privados de más de 500 metros cuadrados de uso administrativo, comercial -tiendas, supermercados, almacenes...-, residencial público, de pública concurrencia -espectáculos públicos, restauración, transporte de personas...-, más los que deban realizar la Inspección Técnica y los que, con independencia del tamaño, acometan reformas que afecten a las instalaciones de generación o al 25% de la envolvente.
Nuevo Registro central
Los certificados, por otro lado, recalarán en un nuevo Registro Administrativo Centralizado para conocer mejor el estado energético del país y facilitar la descarbonización de la economía, la reducción de la pobreza energética, estudios estadísticos y el diseño de otras políticas sobre el parque de edificios.
Además, la recepción de ayudas e incentivos para la rehabilitación se vincularán a la obtención objetiva de ahorros, mediante la mejora de la calificación energética del certificado, el resultado de una auditoría energética, la incorporación de equipos o materiales más eficientes u otra fórmula que demuestre el ahorro obtenido.
Finalmente, se potenciarán las inspecciones de las auditorías energéticas a las que deben someterse grandes empresas por parte de las comunidades autónomas, mediante procedimientos reglados, con especial incidencia sobre la labor de los auditores internos, para garantizar su calidad.
Régimen sancionador
Las sanciones por incumplimiento, con independencia de las resultantes por vulnerar la protección de consumidores y usuarios, oscilan entre los 6.000 euros de las infracciones muy graves, como falsear el certificado, hasta los 300 euros de las infracciones leves, como no mostrar el certificado cuando es obligatorio.
En este sentido, la nueva normativa refuerza la visibilidad del certificado en todas las ofertas, incluyendo la obligación de que aparezca también en las páginas web de las inmobiliarias que publiquen información de terceros.
