Empresas y finanzas

La mitad de los pisos en alquiler o venta no tiene el certificado energético

  • Los anunciantes se juegan una multa de 600 euros

Más de la mitad de los inmuebles que se venden o alquilan no han solicitado previamente el certificado de eficiencia energética, que los propietarios deben incluir en los anuncios, so pena de recibir una sanción que oscila entre los 300 y los 600 euros.

Así lo revela una encuesta de Certicalia -una plataforma usada por 9.132 técnicos certificadores de todo el país- realizada sobre una muestra de 11.864 clientes de certificado energético entre septiembre de 2018 y mayo de 2019. Concretamente, el 56,4% de los compradores o inquilinos se habían comprometido a habitar el piso sin conocer previamente su calificación energética.

De acuerdo con la normativa vigente, el Real Decreto 235/2013, anunciar el alquiler o la venta de un inmueble sin el certificado se considera una infracción leve, castigada con una multa de 300 a 600 euros para el anunciante. Sin embargo, la Administración no está persiguiendo esta mala práctica.

Cuatro multas en seis años

Algunas comunidades autónomas han endurecido la normativa contra las agencias inmobiliarias que anuncian los inmuebles sin certificado, pero sirve para poco. De hecho, los anuncios de los inmuebles se pueden pasar meses en las páginas web sin lucir el correspondiente certificado.

Certicalia comenta a elEconomista que durante los últimos cinco años viene pidiendo repetidamente a las comunidades autónomas y al Gobierno central información sobre las multas impuestas y únicamente ha obtenido respuesta de Aragón: desde la entrada en vigor de la norma, en 2013, sólo ha puesto cuatro sanciones, tres de 600 euros y una de 800 euros, ésta última por haber emitido una certificación falsa.

El certificado cuesta de 40 a 100 euros

El precio del certificado depende mucho de la zona; en Madrid puede costar unos 40 euros, pero en Galicia puede superar los 100 euros, según el desplazamiento que deba hacer el técnico.

Más allá de la inacción de la Administración, la ausencia de certificación obra en contra de los futuros inquilinos o propietarios, porque no pueden tener una idea previa de su posterior gasto energético: Certicalia indica que la diferencia entre una vivienda calificada como B y otra como G puede llegar a los 1.250 euros anuales.

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky