El Ministerio de Transición Ecológica ha cancelado un Grupo de Trabajo creado por el anterior Gobierno con la finalidad de elaborar modelos de contratos de rendimiento energético para la Administración que cumplieran con las disposiciones de la nueva Ley de contratos del sector público y con los criterios de déficit de Eurostat, al objeto de potenciar la rehabilitación de los edificios del Estado.
Durante los últimos años, España había liderado un movimiento europeo, en el que se contaban Francia, Italia y Portugal, contra los criterios contables de Eurostat, que convertían en deuda pública las inversiones en eficiencia energética de la Administración, al exigir la contabilización del valor del activo que recibía la inversión, un caro inmueble habitualmente. Como el déficit de la Administración está limitado por la Ley de estabilidad presupuestaria de 2012, el criterio de Eurostat impedía en la práctica la rehabilitación energética de los edificios públicos.
El criterio de Eurostat, por otro lado, dificultaba sobremanera cumplir con el mandato de la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energétia, que obliga a rehabilitar el 3 por ciento de la superficie de los inmuebles públicos cada ejercicio.
Eurostat cambia el criterio
Al final Eurostat cedió y modificó sus criterios en septiembre del año pasado. Pero ante la complejidad de la materia, el anterior Ejecutivo -el propio ministro Álvaro Nadal había apostado fuertemente por la eficiencia energética-, decidió montar un Grupo de Trabajo para diseñar modelos de contratos de rendimiento energético con ahorro garantizado que facilitaran el trabajo a los responsables de las licitaciones de los distintos niveles de la Administración.
La idea era que, una vez que los modelos estuvieran concluidos y acomodados también a las disposiciones de la nueva Ley de contratos del sector público, se distribuyeran acompañados de una recomendación de la Junta de Contratación Pública.
El Grupo estaba coordinado por Maite Velasco, subdirectora general de Planificación Energética, y tenía una veintena de participantes, desde técnicos del Ministerio y el Idae, hasta representantes de la Abogacía del Estado, la Oficialía Mayor y las tres asociaciones sectoriales, Ami, Anese y A3E. Arrancó a finales de 2017 y mantuvo un buen ritmo de reuniones, que llegó a ser de una por semana antes del verano, momento que lo disolvió el nuevo equipo ministerial, cuando estaba a punto de culminar su labor.
El Ministerio no ha respondido a la petición de elEconomista de conocer el motivo de la cancelación, pero fuentes del sector explican que se adujo colusión con el artículo 115 de la Ley de contratos del sector público, referido a consultas al mercado por parte de los órganos de contratación, algo ajeno a la actividad del Grupo. Sea por lo que fuere, la cancelación dificultará que la Administración licite actuaciones de eficiencia energética en sus edificios; sólo la central tiene más de 11 millones de metros cuadrados, según el inventario de 2015. Los modelos de contratos, sin el marchamo público, están colgados en la página web de Ami.
