Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha anunciado en Oviedo que el Gobierno piensa destinar unos 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resulten perjudicados por el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. Se trata de un incremento del 50% sobre los fondos públicos originalmente previstos, que ascendían a 422 millones.

Ibedrola, Acciona y Telefónica son las empresas del Ibex35 que mejor están actuando e informando sobre cómo abordan los impactos del cambio climático, cómo aseguran la sostenibilidad ambiental y económica de su actividad y cómo contribuyen a conseguir unas emisiones neutras de carbono, de acuerdo con el Estudio del estado del reporting de sostenibilidad del Ibex-35, elaborado anualmente por la consultora Ecoact. El sector energético copa los 10 primeros puestos de la clasificación, con seis compañías.

El miedo a agigantar la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica de nuevas plantas renovables y la subsiguiente especulación con los derechos concedidos -se vende el primer papelito de la tramitación a 80.000 euros por MW- ha frenado en seco la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de dicha red al suavizar límites técnicos establecidos hace tres décadas.

Quizá sea por honrar una tradición de incertidumbre y sobresalto, quizá por despiste, quizá por ninguneo... No importa. El caso es que las renovables con retribución regulada –perciben unos 5.700 millones al año– no saben cuánto van a cobrar a partir del próximo 1 de enero. Según la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cada seis ejercicios pueden revisarse su retribución, ligada a parámetros objetivos, al objeto de que obtengan una rentabilidad razonable, en la actualidad fijada en el 7,4%.