El borrador de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica, que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, deja en el aire uno de los ejes principales para poderse llevar a cabo: la financiación. Más información en la revista 'elEconomista Agua y Medio Ambiente'.
Hasta 6.500 millones de euros en inversión y la creación de 92.000 puestos de trabajo son las cifras de las consecuencias que ha tenido el retraso administrativo en la tramitación de expedientes de calidad ambiental, según un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Según la titular de este departamento, Carmen Crespo, hasta ahora "lo que existía era una falsa protección medioambiental de palabra, que realmente lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía".
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo anunció y un día después la Confederación Hidrográfica del Segura se puso manos a la obra, licitando la redacción del estudio de la interconexión de las desaladoras de agua de mar de interés general de la cuenca del Segura. Con un presupuesto que supera el medio millón de euros, éste es el primer paso para analizar la viabilidad técnica, económica y social de la conexión de las desaladoras de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
El pasado 14 de marzo finalizó el periodo de consulta pública para realizar aportaciones de cara a la revisión de la Directiva Marco del Agua, la base normativa que marca la regulación y las políticas del agua en la UE, y hasta ese día y posteriormente no han dejado de alzar la voz distintas organizaciones, unos para defender su actual redacción, objetivos y plazos; y otros para pedir más flexibilidad en su aplicación.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en materia medioambiental, pero a pesar de la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del envío del borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, la convocatoria de elecciones deja una docena de normativas, incluida la Ley de Cambio Climático, en el aire.
Con estos impuestos, el Estado solamente recaudó 3.653 millones de euros durante el año 2017
España se encuentra lejos de contar con una fiscalidad verde, es decir, que incluya criterios medioambientales, y de hecho, en los últimos años, los impuestos ambientales han reducido su peso en el total de tasas que pagan los españoles. Según los datos de Eurostat, en 2017, solo el 5,43% de los impuestos son ambientales, lo que supone una reducción sobre el 5,56% de 2016 y el 5,7% de 2015. Si bien, en términos relativos los impuestos verdes han caído, ha crecido la recaudación por este concepto, hasta los 21.382 millones en 2017. Estos datos sitúan a España muy lejos de los países de la UE que lideran este ranking, como Letonia, Grecia o Eslovenia, los tres por encima del 10% de su presión fiscal; y aún a distancia de la media de la UE, que fue del 6,14% en 2017.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar su apuesta por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático a una nueva dimensión, y lo hará con los mecanismos que tiene desde la Administración General del Estado para impulsar los bienes y servicios ecológicos.
The Circular Lab cuenta con 20 emprendedores y otros 60 programas más que está arrancando