El Gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar su apuesta por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático a una nueva dimensión, y lo hará con los mecanismos que tiene desde la Administración General del Estado para impulsar los bienes y servicios ecológicos.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de diciembre el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025, que también afecta a los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el que se establecen los criterios medioambientales que tienen que seguir estos organismos para las contrataciones. Se trata de un paso más en el camino hacia la Economía Circular que ya inició el anterior Gobierno y que está marcando Europa.
"Hay múltiples formas de impulsar la economía circular, y ésta es una de las principales", asegura Nicola Cerantola, profesor asociado de Economía Circular y Emprendimiento Verde de la Escuela de Organización Industrial, EOI, quien continua que "representa un paso más allá del impacto económico en el sector 'cero', es una declaración de intenciones que cambia los equilibrios en el mercado. Cuando se habla de Economía Circular y nuevos modelos de producción y consumo más eficientes hacia el residuo cero, a veces caemos en el error de centrarnos en las empresas (y su producción y consumo B2B) e informar al consumidor (y su decisiones de comprar y hábitos de consumo) considerando el sector público simplemente como un articulador de esta situación, una especie de arbitro que tiene que vigilar a los jugadores. Con este tipo de propuestas, el arbitro empieza a jugar y cambiar las reglas del juego a favor de lo que debe ser, una economía más sostenible, justa y competitiva en el tiempo".
La Ley de Contratos del Sector Público, aprobado el pasado invierno, ya puso los cimientos para que la administración pública impulsara las compras con criterios medio-ambientales. En esta norma se introdujeron novedades importantes en la adjudicación de los contratos, como el hecho de que éstas se deben realizar utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, en los que se incluye el coste del ciclo de vida de los productos y servicios, teniendo en cuenta desde la investigación y desarrollo de los mismos, la fabricación o producción, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de materias primas necesarias y la generación de residuos.
Además, se establecen criterios cualitativos en la evaluación de la mejor relación calidad-precio que pueden ser medioambientales, como la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el em-pleo de medidas de ahorro y eficiencia energética o la utilización de energía procedentes de las fuentes renovables, entre otros.
Un plan demandado desde distintos ámbitos
Este es un plan que venían demandando desde distintos ámbitos, especialmente desde el sector el reciclaje y los productos y servicios ecológicos, sobre todo aquellos que utilizan materias primas provenientes de materiales reciclados puedan competir en igualdad de condiciones, y hasta con cierta ventaja, sobre aquellos materiales más contaminantes. "La administración no solo es importante por el elevado porcentaje que representa, sino por el efecto ejemplarizante que puede tener en el sector privado a la hora de incorporar criterios ecológicos para la adquisición de productos y servicios", apuntan desde uno de los sistemas integrados de gestión de residuos.
"Hasta ahora, los productos y servicios de la actual economía lineal compiten de manera desleal con los productos ecológicos. Esto se debe a qué en los últimos dos siglos hemos estado optimizando este sistema, que ha monopolizado nuestras formas de vivir. Proponer un nuevo modelo más sostenible, supone desafiar el estatus quo viciado por muchas inercias y cuyas empresas aún no entienden del todo los retos que tenemos delante en cuanto a medio ambiente", indica el profesor de la EOI.
"Promover la compra pública verde es claramente un paso clave para que la balanza empiece a moverse hacia poner en valor otros tipos de productos, mucho más responsables dando un fuerte empujón a todo el sector verde que aún sigue luchando mucho para competir con el convencional", continúa.
El Gobierno destacó que la contratación pública ecológica es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.En este sentido, el Plan de Contratación Pública Ecológica, con una vigencia de siete años, sin perjuicio de que se pueda proceder a su revisión y actualización, incorpora criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones públicas, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental.
El Plan es un marco de referencia para la contratación de las administraciones públicas, incorpora criterios ecológicos de la Unión Europea y puede servir también como modelo en otros tipos de contratos privados. Dicho plan define qué se entiende por contratación pública ecológica y establece una serie de objetivos.
Objetivo: el menor impacto medioambiental posible
En concreto, se marca como metas promover la adquisición por parte de administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso del plan de acción de la Unión Europea para la economía circular y como apoyo para la transición hacia una economía baja en carbono.
Además, pretende apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento "inteligente, sostenible e integrador", garantizando al mismo tiempo un uso más racional y económico de los fondos públicos; promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública y, por último, dar publicidad en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autonómicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, de las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública ecológica.
A nivel más concreto, el plan establece objetivos claros, como la intención de atajar la obsolescencia programada, premiando productos más duraderos, pero "habrá que ver cómo se concreta", explica Nicola Cerantola. Otro aspecto es el objetivo de que el 100% de la energía contratada por la Administración Central del Estado sea renovable en 2025, o que el 50% de los contratos licitados en ese año tengan en el proceso de contratación empresas inscritas en el Registro de huella de carbono, compensación y proyecto de absorción de dióxido de carbono.
