El borrador de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica, que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, deja en el aire uno de los ejes principales para poderse llevar a cabo: la financiación. Más información en la revista 'elEconomista Agua y Medio Ambiente'.
Según apunta el documento, "resulta muy complejo hacer una estimación global de las necesidades de financiación que puede conllevar la implementación de una infraestructura verde". Y, además de no hacer cálculos, pone de manifiesto la necesidad de contar con el sector privado para poder llevar a cabo la estrategia.
Si bien el documento, que pretende dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad a 2020, no cuantifica el coste de implementar esta estrategia, sí que da algunas cifras para hacer estimaciones de lo que puede suponer. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural de la Biodiversidad 2011-2017 recogía una estimación presupuestaria de 750 millones de euros para su desarrollo. Y el informe de valoración de costes de conservación de la Red Natura 2000 en España calculaba un coste anual de 934,7 millones de euros (68,8 euros por hectárea) para las Administraciones Públicas españolas, aunque el informe señalaba que para conseguir alcanzar los objetivos de conservación sería necesario aumentarlo hasta los 1.556,8 millones de euros (113,5 euros por hectárea).
Financiación
Si no está claro el coste que tendrá la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, tampoco lo están los instrumentos que se utilizarán para llevarla a cabo. A nivel estatal, el documento, cuya fase de consulta pública terminó el 27 de junio, destaca tanto el Fondo para el Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero más allá "no existen aún líneas generales de financiación pública nacional específicas para fomentar la conectividad ecológica, e incluso a nivel regional, aplicables al mantenimiento y conservación de zonas o redes de conectividad identificadas como prioritarias a nivel espacial". Si bien, existen otros fondos más generales que podrían tener incidencia directa sobre las infraestructuras verdes, como el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático (PIMA Adapta).
Gran parte de la financiación pública tendrá que venir de la Unión Europea, que cuenta con instrumentos financieros que pueden ser utilizados para promover el desarrollo de la infraestructura verde y de la conectividad ecológica. Dos de ellos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). "Son quizá los que mayores posibilidades ofrecen de financiar la conectividad espacial y la regeneración de ecosistemas naturales en el medio rural".
También el programa Life de la Unión Europea, dentro de su sección de Medio Ambiente, Life Naturaleza y Biodiversidad, ofrece oportunidades para financiar la Estrategia Española de Infraestructura Verde. De hecho, varias ciudades, como Santander y Zaragoza, ya han llevado a cabo proyectos para llevar a cabo un desarrollo urbanístico basado en infraestructuras verdes. Otra opción que vendría de Europa es el programa Horizonte 2020 que también permite la implementación de este tipo de proyectos, siempre que tengan un marcado valor de innovación, y siempre que estén vinculados con acciones por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas.
Leticia Hernández, abogada y socia directora de LHM Legal, apunta que "se sigue contando con financiación europea, que está muy bien, y luego se pasa el testigo a la financiación privada. A nivel de financiación pública no está muy claro qué se va a hacer"
De hecho, el borrador de la Estrategia es realista y señala que "además de las no siempre abundantes fuentes públicas de financiación", habrá que estudiar fórmulas de financiación público-privada y privada.
Más allá del 'quien contamina, paga'
En el ámbito de la financiación privada es, precisamente, donde llega una de las principales novedades que presenta el borrador de la estrategia, al superar el principio de quien contamina, paga y pasar un concepto mucho más amplio de quien provee, cobra. "Se ha demostrado que quien contamina, paga, pero así no se incentivan comportamientos positivos con el medio ambiente", explica la socia directora de LHM Legal. De este modo, el documento pasa de hablar de contaminación a hacerlo de impacto y beneficio.
En este ámbito de la financiación privada, el borrador de la estrategia habla de buscar "mecanismos innovadores de financiación", citando seis, desde incentivos para retribuir las externalidades positivas generadas por los servicios de los ecosistemas, esquemas para el pago por servicios de los ecosistemas, sistemas basados en la creación de créditos negociables, mecanismos de compensación relacionados con la diversidad biológica, acuerdos voluntarios para la protección de la biodiversidad y mecanismos de certificación y etiquetado para reflejar las repercusiones sobre la biodiversidad de determinados productos. Sin embargo, la estrategia hace hincapié en dos de ellos: el pago por servicios medioambientales y los bancos de conservación de la naturaleza.
En el caso de los primeros, que ya están reconocidos en la legislación española en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo el principio de quien provee, cobra o quien se beneficia, paga, pueden ser de difícil aplicación, ya que "tal y como está redactado el texto, obligaría a establecer una relación causal muy directa", explica Hernández.
En el caso de los bancos de conservación no se avanzaría tanto en los principios, pero se parte de la base de que se rijan por el principio de "no pérdida neta". Y para ello, se establece que la Administración tendría que crear un organismo regulador que gestione la obtención de los créditos ambientales que se generarían para compensar los daños ambientales generados de actividades económicas, mientras que deja a la oferta y la demanda la fijación en un mercado de precios de la adquisición o venta de activos.
Objetivo a 2050
La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica establece un marco general para conseguir, que, en 2050, se haya consolidado "una infraestructura verde a escala nacional". Ese es el horizonte temporal que se ha marcado, y que, en principio, "supone un enfoque más coherente y ambicioso de mayor protección del medio ambiente al estar dentro de un proyecto europeo", explica la socia directora de LHM Legal.
De hecho, la Unión Europea ha fijado sus prioridades en cuanto a infraestructura verde en la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2020, en la que marca como objetivo el mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios de los ecosistemas no más tarde de 2020 mediante la creación de una infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 por ciento de los ecosistemas degradados.
El documento que ha desarrollado el Ministerio para la Transición Ecológica quiere dar respuesta a las indicaciones de la Unión Europea, pero llegará tarde, ya que debería haberse aprobado, a más tardar, tres años después de la entrada en vigor de la Ley 33/2015 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Es decir, en 2015.
La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde se ha concebido como "una estrategia encaminada a promover e implementar un cambio en el modelo de ordenación y planificación, territorial, enmarcado en un proceso hacia la transición ecológica del modelo de desarrollo".
Para ello, se han fijado ocho metas generales, con 50 líneas de actuación y diez programas de trabajo concretos, el primero de los cuales tendría que estar ya aprobado este año y evaluado en 2022, cuando entraría en vigor el segundo. "A nivel de Estado, la estrategia no está desarrollada. Marca unos objetivos, unas líneas de trabajo a 2050, con lo cual es difícil ver ahora mismo si se van a conseguir los objetivos o no", apunta Hernández. Y recoge todos los elementos que podrían integrarse en la infraestructura verde, desde la Red Natura 2000, paradigma europeo de conservación de hábitat naturales, pero que no conecta sus espacios entre sí, hasta espacios naturales protegidos, áreas protegidas por instrumentos internacionales, humedales, montes, elementos urbanos y marinos, etc.
Si bien se trata de un marco genérico para el desarrollo y la consolidación de las infraestructuras verdes, hay conceptos novedosos que se incluyen en el documento, más allá de superar el principio de quien contamina, paga. Por ejemplo, uno de ellos, es la restauración, que pasaría a considerarse desde una perspectiva más amplia, ya que "el enfoque que se le está dando en el borrador de la Estrategia no se limita a restaurar el espacio natural, sino que permite utilizar esos espacios incluso para generar ecosistemas o darle otros usos que no se hubieran dado antes", explica la socia directora de LHM Legal. Es decir que, a la hora de restaurar espacios naturales, no se trataría tanto de volver a dejarlo como se encontraba antes de cualquier actividad, sino que se podrían llegar a cabo proyectos con una visión más amplia desde el punto de vista de la naturaleza. "En principio, por ejemplo, determinados espacios se podrían utilizar para la protección de especies en peligro de extinción, algo que ahora no se hace. Luego habrá que ver si se puede hacer o no se puede hacer".
Desarrollo normativo
A falta de que se apruebe la Estrategia en sí, lo que vendrá después es saber cuál va a ser su desarrollo normativo. España cuenta con una prolífera legislación medioambiental, "mucho más que en otros países", destaca la socia directora de LHM Legal, pero "disperso en mil normas".
El documento no resuelve las dudas sobre el futuro de la legislación ambiental, si la estrategia se enmarcará dentro de las normas actuales o se desarrollarán nuevas "más acordes con el ambicioso objetivo de promover e implementar un cambio de modelo de ordenación territorial", asegura Hernández.
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