En los primeros días de febrero se hizo público un nuevo suspenso de la Comisión Europea a España. Bruselas censura a nuestro país -y no es la primera vez- por no seguir sus recomendaciones en materia de tributos medioambientales y mantener su laxa política fiscal verde, cuya recaudación apenas alcanza el 1,85% del PIB -frente al 2,46% que suponen de media en la UE-, y que no desincentiva con mayores gravámenes las actividades empresariales, fabriles y sociales más contaminantes. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Agua.
En concreto, el informe reprocha al Gobierno que todavía subvencione los combustibles fósiles, el carbón local o los automóviles de empresa; que grave menos el gasóleo que la gasolina, y que haya hecho caso omiso de sus repetidos consejos y sugerencias para armonizar y mejorar el funcionamiento de los tributos verdes, una opción clara para incrementar los ingresos del Estado de manera lógica y sostenible.
"En España, los impuestos ambientales y la Reforma Fiscal Verde han tenido siempre mayor apoyo académico que relevancia presupuestaria y receptividad política. Los sucesivos Gobiernos españoles han sido renuentes a incorporar este tipo de instrumentos y cuando lo han hecho ha sido de manera tangencial, como opción para resolver problemas regulatorios y recaudatorios puntuales", afirman los profesores Xabier Labandeira y Alberto Gago en su reciente informe Las nuevas reformas verdes. La consecuencia, añaden, es que, el papel que han desempeñado las políticas fiscales y ambientales ha sido muy poco relevante.
En el furgón de cola
Nuestro país está en el furgón de cola de la UE en impuestos verdes, lo que se refleja en su reducida participación recaudatoria. Según los datos de la CE, España es uno de los países con menor porcentaje de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales: el 5,5% del PIB, frente a la media del 6,35% de la UE, con datos de 2014. Y en términos de PIB, España ocupa la antepenúltima posición de los 28 países miembros en impuestos ambientales, solo por delante de Lituania y Eslovaquia; el puesto 22 en tributos sobre la energía y sobre el transporte, y el puesto 16 en la fiscalidad sobre la contaminación y el uso de recursos naturales. Algo ha mejorado la recaudación en los últimos años -si en 2010 la fiscalidad verde suponía el 1,6% del PIB, en 2014 había subido al 1,85%, unos 19.250 millones de euros-, pero sigue muy lejos de la media europea, que estaba ese año en el 2,46% del PIB.
"Los tributos medioambientales son meramente instrumentales, su fin primordial no es recaudar, sino proteger el medio ambiente. Son impuestos de naturaleza no fiscal. Si ha subido algo la recaudación es porque, actualmente, lo que están haciendo tanto el Estado como las comunidades autónomas es aumentar la fiscalidad verde para lograr recursos, pero no es cierto que estén protegiendo el medio ambiente, porque no disponemos de un sistema tributario verde, no hay nada sistematizado", explica el abogado fiscalista, Félix Bornstein.
Considerando la fuerte caída en la recaudación fiscal global desde que se desatara la crisis, resulta más curiosa la reticencia del Gobierno a desarrollar una reforma fiscal medioambiental, que podría contribuir a incrementar los ingresos de las maltrechas arcas públicas. Según las simulaciones realizadas en 2012 por VividEconomics, la Fundación Europea para el Clima y Green Budget Europe, la aplicación de la propuesta fiscal verde europea hubiera generado en España una recaudación adicional de 4.000 millones de euros en 2013, que sería de 10.000 millones en 2020, lo que hubiera supuesto una reducción del déficit público del 3% en 2013 y del 8% en 2020. Al mismo tiempo, la reforma hubiera generado una reducción en los niveles de emisión de CO2 del 0,75% en 2013, que subiría al 2,5% en 2020, lo que permitiría cumplir con más facilidad con los compromisos españoles en este campo. Con las recientes estimaciones de Gago y Labandeira, la reforma de la imposición ambiental en España generaría un incremento recaudatorio de 13.365 millones de euros en 2018 y de 32.801 millones en 2035. Además, la tributación medioambiental permitiría financiar las políticas de renovables y eficiencia energética, promover la innovación, reducir las emisiones contaminantes y avanzar de esta forma en la transición hacia economías bajas en carbono.
La oportunidad autonómica
España no aprovechó la reforma fiscal aprobada a finales de 2014 para desarrollar la imposición energético-ambiental, a pesar de las recomendaciones de la CE y la OCDE, y de los múltiples beneficios asociados a los impuestos ambientales. "La Reforma Fiscal Verde puede desempeñar un papel crucial para reforzar el binomio crecimiento-competitividad, mantener la agenda de cambios en el modelo económico en la transición hacia una economía baja en carbono, y asegurar la viabilidad de las políticas emergentes: eficiencia energética, renovables, distribución de rentas, investigación y desarrollo", señalan Labandeira y Gago. Para Bornstein, "un momento de crisis recaudatoria como este sería muy oportuno para sistematizar toda la imposición verde y repartirla, con la tutela del Estado, en los tres niveles territoriales".
