Hasta 6.500 millones de euros en inversión y la creación de 92.000 puestos de trabajo son las cifras de las consecuencias que ha tenido el retraso administrativo en la tramitación de expedientes de calidad ambiental, según un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Según la titular de este departamento, Carmen Crespo, hasta ahora "lo que existía era una falsa protección medioambiental de palabra, que realmente lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía".
Según este informe, están pendientes de tramitación 4.367 expedientes de calidad ambiental, y los plazos para resolverse han llegado a cuadriplicar los legalmente establecidos. "De medía, hay cuatro años de retraso", señala Crespo, quien asegura que por ellos "se ha paralizado nuestra comunidad autónoma y no ha protegido el medio ambiente. Hay trámites que se podrían hacer de forma más rápida". Además de la inversión, que incluye 2.800 millones en inversión relativa a energías renovables, se han perdido 92.000 puestos de trabajo potenciales, que representan más del 11% de la población desempleada de Andalucía.
De hecho, según el informe, solo agilizando la tramitación de la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 empleos. Se trata de unos cálculos "a la baja", indicó Crespo, ya que no todos los proyectos que están pendientes de resolver tienen establecido un presupuesto, por lo que las cifras tanto de inversión como de empleos que se podrían haber generado podrían ser aún mayores.
Distribución
En total, son 4.367 los expedientes pendientes de resolución a día de hoy. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral; 391 al de Calidad del Aire; 370 a Residuos; y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental. En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de diez meses, pero que se ha estado dilatando hasta los dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debería resolver en ocho meses, pero que se ha tardado hasta 20 meses en tramitarse. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe indica que los plazos se cuadriplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total y casi 24.500 empleos potenciales. Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos, tiene el 16,8%. Le siguen Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo (12,3%); Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos (11,2%); Granada, con 405 expedientes y casi 8.500 puestos de trabajo (9,3%); Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos (7%); Córdoba, con 275 trámites y casi 5.800 puestos de trabajo (6,3%) y Hueva, con 197 expedientes y cerca de 4.150 empleos (4,5%).
La Junta de Andalucía ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y así aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ellos seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección del medio ambiente. En ese sentido, en el mes de marzo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ya anunció que el Gobierno andaluz iba a comenzar a trabajar para la simplificación de los trámites administrativos, con el fin de eliminar al menos el 20% de los trámites burocráticos existentes en la actualidad. El objetivo, según indica Crespo, es intentar que "todo lo que se hacía en un año y medio pueda tener salida en seis meses.
Además de cambiar las normativas, la Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes de calidad ambiental, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación no se llevará a cabo con la creación de nuevos puestos de trabajo, sino con la reubicación de personal procedente de otros departamentos de la administración. Esta reasignación de personal se llevará a cabo "en el plazo de tres meses", según anunció Crespo.
Y, en el caso concreto de los chiringuitos, que están contemplados en el departamento de Gestión del Litoral, se está elaborando un plan específico para dar solución a los 648 expedientes por resolver.
