
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en materia medioambiental, pero a pesar de la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del envío del borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, la convocatoria de elecciones deja una docena de normativas, incluida la Ley de Cambio Climático, en el aire.
"Con independencia de si sus contenidos concretos eran más o menos acertados, más o menos elaborados o no, la política medioambiental aparecía como una de las principales cartas de presentación del actual Gobierno", indica Juan Carlos Hernanz, socio de Cuatrecasas. Con la convocatoria de nuevas Elecciones Generales, "decaerán los proyectos de ley que estaban tramitándose ante el Congreso de los Diputados. Habrá que esperar a la constitución de un nuevo Gobierno para ver si vuelve a presentarlos ante las Cortes y empieza otra vez su recorrido desde cero", continúa Hernanz.
Esto es, "como mínimo, medio año", según Christian Morrón, abogado de Terraqui, quien asegura que se paralizará la actividad legislativa de las Cortes, y "probablemente la del Estado". Menos optimistas son desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), su director general señala que "supone un parón inversor de seis u ocho meses. Si a eso añadimos que las administraciones aún están adaptando los pliegos a la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor hace un año, nos encontramos con un escenario de parón inversor que se prolongará hasta 2020".
Iniciativas frenadas
"Irremediablemente, se van a ver frenadas las iniciativas propuestas por este Gobierno, e inevitablemente, se retrasarán las aplicaciones presupuestarias destinadas a inversión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y las entidades públicas que de él dependen, que además de ser escasas cuantitativamente, su tramitación se complica administrativamente y se demora en el tiempo", explica Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas).
A pesar de estos retrasos, la convocatoria de elecciones no es la peor alternativa para la situación de España. "Tras el fracaso del proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, es la mejor alternativa", observa Gabriel Leal, director general de Signus.
La principal normativa en materia ambiental, por su contenido global, que quedará sin tramitarse en las Cortes es el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero. Esta Ley "es un instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París. Para la actual ministra Teresa Ribera ha sido su gran reto y su gran apuesta personal. El adelanto electoral y los retrasos a la hora de consensuar el texto definitivo suponen un obstáculo", continua Leal.
Sin embargo, que habrá que contar con una normativa para combatir el cambio climático es una realidad que no dudan desde ningún ámbito. "Es indudable que necesitamos una Ley de Cambio Climático con urgencia y que, por su trascendencia e implicaciones a medio y largo plazo, debería contar con el mayor consenso político", apunta José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio.
Políticas concretas
La normativa podría no llegar a contar con el rango de Ley. "El cambio climático se tiene que afrontar desde muchos puntos de vista y desde muchas instancias. Quizá sea engañoso pensar que una ley puede englobarlas todas. Me daría por satisfecho si en lugar de una única ley con un título tan ostentoso, se fueran adoptando políticas concretas, tanto entre las Administraciones Públicas como entre los particulares, que realmente sirvieran para combatir el desafío que tenemos en esta materia", anhela Hernanz, de Cuatrecasas.
Mientras el Gobierno central no ha sacado aún adelante una Ley contra el cambio climático, varias comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Baleares ya han aprobado sus normativas en esta materia, y Navarra y País Vasco están avanzando en la suya. "Es una paradoja", señala Christian Morrón, abogado de Terraqui.
De cara al futuro Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril, el sector medioambiental pide que exista consenso, y que se le dé la importancia que tiene. Según el informe Indicadores de gobernanza ambiental en España, elaborado por SEO/Birdlife, tanto solo el 0,44% de los debates y trabajos parlamentarios en el Congreso de los Diputados desde el año 2011 se refería a temas medioambientales.