El paro es una prestación contributiva, por lo que obliga a sus posibles beneficiarios a acumular determinadas cotizaciones para tener derecho a ella. En función de ese tiempo cotizado, la persona que se queda en desempleo tendrá derecho a un mayor o menor periodo de cobro de esa prestación.
La gran mayoría de los trabajadores desean jubilarse de forma anticipada, es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación. La normativa permite hacerlo de diferentes maneras, pero en cada una de ellas se contemplan diferentes requisitos y una edad mínima a partir de la cual se puede adelantar esa jubilación.
Desde 2022 se han dado diferentes novedades que afectan a los pensionistas españoles. Una de ellas está íntimamente relacionada con el nuevo método de revalorización de las pensiones contributivas, en base al Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, la inflación. Y, aunque parezca en un primer momento una mala noticia, no tiene efecto en el bolsillo de más de los nueve millones de pensionistas que perciben alguna de estas pensiones.
Las pensiones de jubilación son la gran partida de gasto dentro del abanico de pensiones contributivas que se abonan todos los meses. Estas prestaciones son la mayoría, ya que significan el 62,9% del total: 6,27 de los 9,95 millones del total, de acuerdo con los datos que ha publicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web.
Todos los trabajadores tienen acceso a la jubilación anticipada si reúnen los requisitos necesarios para ella, pero solo unos determinados ciudadanos pueden acogerse al anticipo máximo de la jubilación de los empleados del Régimen General: retirarse de forma definitiva del mundo profesional a los 61 años.
La pensión de jubilación que recibe un trabajador una vez decide terminar su vida profesional no se calcula al azar. Obviamente, responde a un proceso de cálculo que tiene en cuenta diferentes variables establecidas por la normativa y que obedecen a la naturaleza contributiva de la prestación.
La jubilación anticipada permite a los trabajadores dejar su trayectoria profesional antes de la edad de jubilación ordinaria que le corresponde. Es una práctica desarrollada detalladamente por la normativa y que obliga a las personas que se acogen a ella a, salvo excepciones, asumir recortes en la cuantía de la pensión de jubilación.
El sistema de pensiones español basa su cobertura en las cotizaciones de los trabajadores a lo largo de su vida laboral (las denominadas pensiones contributivas), pero no deja desprotegidos a los ciudadanos que, por cualquier motivo, no llegan a los requisitos de cotización suficientes.
La pensión de jubilación contributiva es la más abonada en España (se pagan más de 6,25 millones al mes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) y, al tratarse de una prestación contributiva, obliga a sus beneficiarios a acumular ciertos periodos de cotización para tener derecho a su cobro.
Los Presupuestos Generales del Estado vendrán cargados de novedades en lo que respecta a las prestaciones por desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por supuesto, la prestacion contributiva, el paro, no será una excepción. De hecho, sufrirá cambios significativos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023 si las cuentas del Gobierno se aprueban de forma definitiva por la vía parlamentaria.