Si hay una rama de actividad estratégica para impulsar la competitividad de un país, esa es la industrial. Se trata de un sector que en España contribuye de manera esencial a la creación de valor, con inversiones en I+D+i importantes y continuadas, capaz de generar empleo estable y de calidad, dinamizador de la actividad empresarial allí donde se instala al crear un ecosistema de industrias auxiliares, que en definitiva, es generador de riqueza y bienestar.

Para España, los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia venían a ser una oportunidad, una herramienta transformadora que incrementaría el potencial de crecimiento de nuestro país y generaría empleo estable de manera sostenida en el tiempo, permitiéndonos dar el salto cualitativo que redujera nuestro gap en productividad y competitividad con las grandes economías europeas.

Si hubiera que buscarle calificativos a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, lamentablemente tendríamos que recurrir a términos como "decepción" y "frustración". Ni han respondido a las expectativas generadas en el tejido empresarial, estimuladas por la propaganda gubernamental, ni están impulsando nuestro crecimiento a los niveles señalados en las previsiones que para 2021 y 2022 nos trasladó la vicepresidenta económica.

Después de siete años sin realizarse, el debate del estado de la nación nos deja el poso amargo de un presidente que ha tenido que modular el tono triunfalista que mantenía sobre la recuperación económica hasta hace dos semanas, obligado por una inflación desbocada del 10,2% que está profundizando los problemas que ya tenía gran parte de la sociedad para llegar a fin de mes o para afrontar cualquier clase de gasto imprevisto.