Pedro Sánchez sube este martes a la tribuna del Congreso de los Diputados para pronunciar su primer Debate del Estado de la Nación. Y lo hace con la factura de la luz disparada, la inflación desbocada, el reto de la sostenibilidad de las pensiones en el aire, sin pacto de rentas cerrado, con la ejecución de los fondos europeos sin repercusión tractora en el PIB y, con el fracaso del tope del gas, y el alza de los tipos de interés, que agravarán la deuda pública.
Y todo ello, con el batacazo sufrido por el PSOE en las urnas andaluzas del 19-J y, sin acometer, por el momento, ninguna actuación para reducir el gasto público.
Los frentes
Una panorama que los economistas califican de 'tormenta perfecta', acuciada por un final de guerra en Ucrania, que no se atisba a corto plazo. Y también, por una nueva crisis en el Gobierno de coalición, disconforme, por parte del ala de Unidas Podemos, con las insuficientes medidas tomadas por el equipo de Sánchez, especialmente con el incremento del gasto en Defensa, hasta llegar al 2% del PIB.
Una situación de la que ayer no pudo desentenderse la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Nadia Calviño, quien admite que tenemos que prepararnos para una situación energética más complicada para el próximo otoño; aunque la número dos de Sánchez afirma, que el suministro de combustible en España "está asegurado".
Pero es el suministro del gas y del petróleo lo que también preocupa a los ciudadanos, que han visto como desde que se puso en marcha la excepción ibérica, los españoles pagamos un 9% más la factura de la luz.
Sorpresa
A esta tempestad, con aires de estanflación o de recesión si las circunstancias se recrudecen, y ante la falta de medidas eficientes, la economía española suma la paridad del euro con el dólar, la marcha del empleo a partir de septiembre y, la ausencia de senda fiscal, una recomendación pedida con insistencia por parte de la Comisión de la UE.
Sin descartar todavía una medida sorpresa -como aventuran fuentes políticas-, el Gobierno avanzó este lunes un paquete de actuaciones ambiciosas destinadas a la clase media y trabajadora, como respuesta a una "situación excepcional", confiando en que, con esa respuesta, el Gobierno de coalición salga "fortalecido".
Por su parte, la vicepresidenta podemita, Yolanda Díaz, augura que "el discurso del presidente estará a la altura y dará el discurso que tenga que dar". Una opinión que no comparte la formación de izquierdas que a respalda, y que seguirá censurando el gasto en Defensa.
Unidas Podemos reclama, y también de cara a los Presupuestos Generales del Estado, más medidas sociales, mayores salarios, un fondo de 10.000 millones para reforzar la educación y la sanidad, topar el precio de los combustibles, abaratar el abono transporte y, desplegar una renta de crianza universal de 100 euros, junto con un permiso retribuido de siete días al año a todos los trabajadores para cuidar de familias. Y sin olvidar, que en la mesa de negociación sigue el impuesto al beneficio a las eléctricas, del que no se sabe si este martes habrá alguna sorpresa.
La 'trampa' del decreto
Los debates del Estado de la Nación, con una periodicidad normativa anual, es la fórmula que tiene un Gobierno para rendir cuentas ante la sede nacional del Parlamento. En ellos, los presidentes defienden qué han hecho, qué están haciendo, y qué les queda por concluir su acción política hasta el final de la legislatura.
Se trata de un examen, que es aprovechado por la oposición para fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo, pero que no tiene votación, si bien, un debate perdido tiene un componente de desgaste, máxime cuando hay elecciones generales a la vista.
Pero en esta ocasión, el formato tiene un valor añadido. Y es que, una vez que concluya del Debate del Estado de la Nación -para lo que se han previsto dos días, la Cámara Baja procederá el jueves a la votación del debate del Proyecto de Memoria Democrática, la Proposición de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud y, el Real Decreto en respuesta a las consecuencias económicas de la invasión de Rusia sobre Ucrania.
El Grupo Popular, por su parte, no ha aclarado todavía su intención de voto sobre el plan de choque. De hecho ha dejado abierta la puerta a una posible abstención, lo que daría un triunfo político al Gobierno.
Cabe recordar que, este plan incluye algunas de las medidas impulsadas por el Grupo Popular como oferta al Gobierno, entre ellas, la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Si bien los populares quieren más compromisos, entre ellos, la reducción del gasto público improductivo -reducción de ministerios y asesores- o, el rediseño de la gestión de los fondos Next Generation.
Ayer, el vicepresidente institucional de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo -que se sentará junto a Cuca Gamarra en el Congreso estos días-, Esteban González Pons, señaló que, tanto por "la Ley Bildu" como por las "medidas a la hora de afrontar la crisis" se "echa de menos hoy en el PSOE" a figuras como Rubalcaba. "El PP -enfatizó- es un partido de Estado y una alternativa de Gobierno. Y tenemos la sensación de que hacemos una política más de Estado que el propio Gobierno".
Discrepancias
Donde no se atisba acuerdo entre PP y PSOE es la Ley de Memoria Democrática, donde los socios de investidura están dispuestos a apoyar al Gobierno de Sánchez.