Madrid
Si hubiera que buscarle calificativos a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, lamentablemente tendríamos que recurrir a términos como "decepción" y "frustración". Ni han respondido a las expectativas generadas en el tejido empresarial, estimuladas por la propaganda gubernamental, ni están impulsando nuestro crecimiento a los niveles señalados en las previsiones que para 2021 y 2022 nos trasladó la vicepresidenta económica.
El tiempo avanza inexorable, y cada actualización sobre los datos de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supone una reafirmación sobre la incapacidad para agilizar la llegada de fondos a la economía real. El gobierno no habla de ello, pero a 31 de diciembre de 2021 sólo se realizaron pagos por 11.000 millones de euros, un 45% del presupuesto de los fondos europeos. Sobre la evolución del otro 55%, ningún responsable político ha vuelto a dar explicaciones.
La última información actualizada por la Intervención General del Estado, señala que la ejecución de los fondos europeos del Next Generation hasta el 31 de julio de 2022 asciende a 4.500 millones de euros en concepto de pagos realizados, es decir, un 15,8% del total de créditos definitivos del mecanismo de recuperación recogidos en los presupuestos del estado.
Una cifra ínfima en lo cuantitativo y precaria en lo cualitativo. Ni se movilizan fondos con la velocidad prometida y demandada por las circunstancias económicas; ni llegan a la economía real pues casi 3.000 millones de euros son transferencias a las CCAA para que lancen sus convocatorias, o se destinan a organismos públicos como el SEPE (que ya ha recibido 494 millones de euros) o Adif (367 millones) entre otros.
La responsabilidad primigenia y más elevada del fracaso en la ejecución es del gobierno y su Real Decreto Ley 36/2020, que por cierto va por su 62ª prórroga en su tramitación como Proyecto de Ley. En ese Real Decreto se creaba un procedimiento de gestión del todo inoperante, algo de difícil explicación dado el precedente de los fondos estructurales y nuestra escasa capacidad de absorción. La novedad del Real Decreto era la figura de los grandes proyectos tractores, los Pertes, como el del vehículo eléctrico, frustrante para el sector por el retraso, las deficiencias en su diseño y consecuencia de ello, la resolución provisional de su convocatoria de ayudas materializada con la concesión de tan sólo el 30% de un presupuesto disponible de 2.975 millones de euros.
El resto de Pertes apenas han cerrado convocatorias y esperan a que España solicite los 84.000 millones en préstamos para articular fórmulas de financiación que sean capaces de movilizar esos 3 euros de capital privado por cada euro de inversión pública.
Sinceramente, es un ejercicio de ciencia ficción cuando el tejido empresarial se encuentra con un aumento en sus estructuras de costes que reduce sus márgenes y su capacidad inversora, y cuando la improvisación en materia fiscal genera una inseguridad jurídica que paraliza las decisiones de inversión. No es de extrañar que la AIReF manifieste su preocupación al quedar un 10% de las convocatorias desiertas o que el Banco de España advierta que tan sólo el 16% de las empresas tengan intención de solicitar las ayudas.
Es decepcionante la falta transparencia de este gobierno en muchas materias, pero en lo que tiene que ver con los fondos europeos, demás resulta desesperante. ¿Cómo es posible que no conozcamos los fondos que han llegado a las empresas? ¿Cuál es grado de avance en las convocatorias? ¿Por qué no son accesibles a la ciudadanía los datos sobre el desglose de la ejecución? ¿Por qué no se han implantado indicadores para medir el impacto que cada inversión o reforma está teniendo en el crecimiento y el empleo?
De nuevo es frustrante comprobar como algo exigido por Europa, como es contar con una plataforma que recopile los datos de ejecución y los avances en los objetivos e hitos a los que nos hemos comprometido, siga sin estar en pleno funcionamiento cuando debía estar en marcha desde el 30 de noviembre del año pasado.
Es frustrante observar la baja calidad de muchos proyectos o el reciclado de líneas y subvenciones previas para hacerlas parecer novedosas dentro del Plan. Estos fondos excepcionales venían para incrementar nuestro potencial de crecimiento, no para perderse por el sumidero de inversiones públicas parecidas a un plan E, en el restyling de páginas web y packs prediseñados vendidos a granel o para financiar inversiones que incrementarán el gasto estructural de una economía cada vez más endeudada.
El tramo de 84.000 millones en préstamos que España va a solicitar a la Comisión Europea exige la elaboración de un nuevo plan, aunque se configure como una adenda, ya que tiene que recoger nuevos hitos y objetivos. Sería una nueva irresponsabilidad errar en el diseño, o recaer en la falta de gobernanza.
Estos fondos computan como deuda y si no se articulan a través fórmulas de financiación atractivas para las empresas (no muy proclives a seguir endeudándose en este contexto) y con la flexibilidad suficiente en sus objetivos para adaptarse a necesidades tan diversas, como distintos son nuestros territorios, serán un sonoro fracaso. No podemos repetir equivocaciones como excesivas fragmentaciones, requerimientos de garantías fuera de la realidad, o plazos reducidos que imposibiliten concurrir a las pymes.
Estamos endeudando a la próxima generación, tomando sus recursos futuros para invertirlos en el presente, no para gastarlos, conviene entender la diferencia. Sólo esto debe ser motivación suficiente para exigir la agilidad, eficiencia y eficacia que hasta ahora no hemos contrastado como país.
