Después de siete años sin realizarse, el debate del estado de la nación nos deja el poso amargo de un presidente que ha tenido que modular el tono triunfalista que mantenía sobre la recuperación económica hasta hace dos semanas, obligado por una inflación desbocada del 10,2% que está profundizando los problemas que ya tenía gran parte de la sociedad para llegar a fin de mes o para afrontar cualquier clase de gasto imprevisto.
Resulta sorprendente observar como el presidente del gobierno elude toda responsabilidad sobre cualquier efecto que sus decisiones de política económica puedan provocar en los hogares y las empresas de nuestro país, olvidando que las medidas que aprueba no son neutras, tienen consecuencias. El hecho diferencial que provoca que seamos la última economía europea en recuperar los niveles pre pandemia, son precisamente, sus decisiones en política económica.
Con sus nuevos anuncios, el presidente del gobierno ha llenado los bolsillos de los españoles de propaganda en lugar de porvenir, dilapidando la confianza en nuestro país con un conjunto de subidas de impuestos a las energéticas y a la banca, sin consensuar y apropiándose de la retórica de su socio de gobierno, Podemos, y tras sugerir que las familias españolas han impulsado la inflación por sus compras o por el uso del aire acondicionado o la lavadora.
No hay ni una sola medida para reducir la inflación, ni propuestas para reducir el gasto improductivo de la estructura administrativa del estado. Tan sólo medidas para subsidiar más la economía, con ausencia de soluciones para reactivarla más allá de ejecutar los fondos europeos.
El gobierno, dejándose llevar por su ansiedad en señalar enemigos de una recuperación justa, nos anuncia un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el que espera recaudar 2.000 millones al año durante 2022 y 2023, pero sin indicar qué concepto graba, y olvidar deliberadamente el impacto que tendrá sobre las inversiones previstas por estas compañías o la desconfianza que generará en los inversores la falta de seguridad jurídica en un sector que empieza a estar molesto al verse señalado, una vez más, como el malo de la película.
Irá acompañado por un impuesto a las entidades financieras, con el que pretenden recaudar 1.500 millones al año. El sector financiero, que tras una década con problemas de rentabilidad y eficiencia empezaba a recuperar sus cuentas de resultados y observar con optimismo el futuro, se ha visto duramente castigado en bolsa, y por extensión también el patrimonio de pequeños ahorradores que poseen acciones o participaciones en fondos de inversión.
El sector, que cruza los dedos para que el deterioro de la cartera crediticia en vigilancia especial no se traduzca en mayor morosidad, especialmente si nuestro escenario en otoño es de estancamiento económico o directamente de recesión, se encuentra con un nuevo impuesto que tendrá un impacto sobre el PIB, provocará restricción de crédito y encarecimiento de la financiación.
Serán los hogares y las empresas las que se verán perjudicadas por una medida que, como sucedió en 2018 con la imposición de los costes de Actos Jurídicos Documentados a los bancos, pagarán mediante mayores tipos de interés.
Con estos impuestos, el gobierno pretende recaudar 7.000 millones en dos años para financiar sus nuevos dispendios. No le basta con recaudar 15.600 millones de euros más que en los cinco primeros meses del año pasado, reiterando de nuevo que se debe al crecimiento y al empleo, cuando el crecimiento del primer trimestre ha sido nulo, un 0,2% inter trimestral y los datos de empleo esconden bajo la figura de fijos discontinuos mucha temporalidad.
Las clases medias y trabajadoras hubieran recibido un efecto positivo mucho más directo y eficiente para aliviar el impacto de la inflación si el gobierno hubiera optado por la deflactación de las tarifas del IRPF.
El presidente, además de animarnos a consumir menos energía, en aras de incentivar el transporte público bonificará el 100% del coste de los abonos de Cercanías y Media Distancia operados por Renfe, con un coste aproximado de 450 millones de euros. Resulta paradójico cuando ha olvidado la necesidad de ejecutar las inversiones en infraestructuras pendientes y la atención de frecuencias que necesitan muchos territorios. Además, no parece tener en cuenta externalidades como el impacto sobre las compañías de autobuses que operan entre las 4.045 paradas que hay repartidas en 2.382 poblaciones. Estoy seguro que la propaganda gubernamental no lo ha contemplado, pero el daño económico que pueden sufrir es importante.
La "Operación Campamento" es un doble reciclado de anuncios pasados, tras haber permanecido en el cajón desde la época de Zapatero en el gobierno y Maria Antonia Trujillo en el ministerio de vivienda, con un reintento fallido del defenestrado ministro Ábalos, mientras el anuncio de 100 euros adicionales en las becas supondrá un coste adicional de 400 millones de euros.
La tozuda realidad es que el debate del estado de la nación termina con las mismas recetas que Sánchez lleva aplicando tres años: más gasto, más deuda y más impuestos. Lamentablemente comprobaremos en los próximos días como instituciones independientes revisan a la baja las previsiones de crecimiento y al alza las de inflación, mientras el gobierno aplica medidas que gastan por encima de lo previsto al compás de la propaganda, en lugar de buscar la eficacia en la gestión.
