El Gobierno gravará con un impuesto temporal los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas, lo que supondrá un recorte del 16% de las ganancias esperadas -24.940 millones de euros- a lo largo de este año y el próximo. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno espera recaudar en torno a 2.000 millones de euros cada año con el tributo extraordinario que aplicará entre los años 2023 y 2024 sobre los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' de petroleras, eléctricas y gasistas -con más de 1.000 millones de facturación- cosechados en 2022 y 2023 por los altos precios. Este tributo, además, tendrá un carácter retroactivo al gravarse el próximo año los beneficios del actual ejercicio.
Así, desglosando el impacto bianual del nuevo tipo que aplicará Hacienda sobre las empresas energéticas, para este año se espera ya un recorte del 15,4% que limará los beneficios en 2.000 millones de euros.
De forma similar, este recorte impactará sobre las cuentas de estas empresas el próximo 2023 bajando un 16,6%, que se corresponde con otros 2.000 millones de euros anuales de beneficios. Así, de los 24.940 millones esperados de beneficios según Bloomberg y con el cálculo realizado por elEconomista.es en base a las previsiones del Gobierno, el impacto global sería 4.000 millones menos.
Tras conocerse el anuncio, las empresas energéticas han registrado caídas en la bolsa española, en algunos casos rozando caídas del 1% (Iberdrola cayó un 0,25%, Enagás un 0,72%, Naturgy un 0,74% y Endesa un 0,63%). Sin embargo, la petrolera Repsol dio la sorpresa y marcó tanto la jornada como el cierre de bolsa del día de ayer al producirse una caída del 5,73% de su cotización.
Objetivo de contención
El Ejecutivo ya avanzó el pasado mes de junio su intención de que este tributo estuviera operativo a partir del 1 de enero de 2023. Según indicó anteayer Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, el Ministerio de Hacienda ha trabajado para configurar un impuesto que no se pueda trasladar a los consumidores de estos productos energéticos y se centre en las empresas de mayor tamaño y en cuánto beneficio han obtenido respecto al volumen de ventas. Para ello, la clave está en fijar el tipo impositivo en los beneficios obtenidos y no en otra actividad que tenga "otro traslado más sencillo" a los consumidores, señaló Ribera.
Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha comunicado que por su parte consideran que el nuevo impuesto a las compañías energéticas no tiene como objetivo recaudar, sino contener los precios, ya que este llegaría a aportar unos 2.000 millones de euros al año, según los últimos cálculos del Gobierno, cuando la recaudación devengada del Impuesto sobre Sociedades en 2021 escaló por encima de los 24.600 millones de euros.
En cambio, los técnicos de Hacienda sostienen que el nuevo impuesto energético es un "incentivo serio" para que contengan sus precios, pues solo aquellas grandes empresas energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, y cuando se haga público que tienen que pagar este impuesto sufrirán una "tacha reputacional", que pondrá "en duda su responsabilidad social".
En cualquier caso, los técnicos de Hacienda han recordado que las grandes compañías de todos los sectores ya están sometidas a pagar como mínimo el 15% de la base imponible desde este año, tipo que llega al 18% para el sector financiero y el sector de los hidrocarburos.
