El recargo a las eléctricas y petroleras que estudia el Ministerio de Hacienda para las compañías que obtengan márgenes injustificados en el contexto actual está generando discrepancias en el seno del Gobierno, no tanto por el gravamen en sí sino por su aplicación.
La diferencia de opiniones está en los tiempos. Los planes de la ministra de Hacienda son a medio-largo plazo porque busca introducir este recargo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. María Jesús Montero ha insistido en la necesidad de encontrar "el vehículo adecuado" para su puesta en marcha, descartando los decretos ley porque "no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales".
Desde el otro ala del Gobierno tienen más prisa por activar el mecanismo contra las energéticas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha urgido a aplicar ya esa aportación adicional por posibles beneficios en un contexto de incremento de los precios de la energía.
En la misma línea, desde el Ministerio de Derechos Sociales, la ministra Ione Belarra ha pedido su aplicación inmediata para sufragar con el montante que resulte del recargo otra medida a debate en este momento, la de unificar el precio de todos los abonos transporte en 10 euros.
En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea, Díaz ha rechazado el plan de Montero porque "no es posible" aprobar el impuesto a las grandes eléctricas en la Ley de Presupuestos "por puro mandato constitucional".
Ser refiere al artículo 134.7 de la Constitución, que señala que "la Ley de Presupuestos no puede crear tributos" aunque sí "podrá modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea", en referencia a cambios que pueden atender a aspectos sustanciales o profundos del tributo. Esto implica que solo se pueden crear nuevos impuestos a través de una ley propia.
Tampoco hay fórmula para el descuento en gasolinas
A falta de concretar la fórmula definitiva, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha instado a "estar más pendiente de lo que diga Montero que de Díaz", por ser la ministra que lidera el desarrollo del gravamen.
La presión de los precios está abocando al Gobierno a varias situaciones 'imposibles'. Algo similar a la ausencia de fórmula para gravar los beneficios extra de petroleras y eléctricas ocurre con la bonificación de 20 céntimos por litro a los carburantes. En este caso, el Ejecutivo tampoco da con la tecla para poder sesgar por renta la subvención y dirigir la ayuda a quienes realmente hace falta.
La medida podría prorrogarse durante tres meses más -es una de las incluidas en el plan de choque contra la crisis por Ucrania que se ampliará a finales de junio- con algunos cambios si el Gobierno encuentra la manera de aplicarla con ese sesgo.
