El Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra propone ampliar el escudo social, que se prorrogará tres meses para cubrir el verano, hasta el 31 de diciembre y ampliarlo con varias medidas, entre ellas, reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros, aumentar un 15% las pensiones no contributivas de forma inmediata y prohibir los cortes de suministros a las familias vulnerables.
Las propuestas normativas han sido enviadas este lunes a los ministerios competentes y al de la Presidencia para que se incluyan dentro del Plan de Respuesta sobre el Impacto de la Guerra de Ucrania, que perdía vigencia el 30 de junio pero que el Gobierno va a prorrogar finalmente hasta septiembre
Belarra ha incluido tres propuestas adicionales al plan de choque para proteger a las familias ante la fuerte escalada de los precios. La primera busca reducir hasta los 10 euros al mes todas las modalidades de abono transporte, tanto urbano como interurbano, ante la subida de los combustibles.
La formación morada también urge a aplicar de manera inminente la subida de las pensiones no contributivas del 15% que Moncloa avanzó la semana pasada. En concreto, Belarra solicita que el incremento se incorpore de forma acumulada a la nómina de julio para que las pensiones más bajas puedan hacer frente al aumento de los precios, si bien el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya confirmó el fin de semana que el Gobierno trabaja para aplicar la medida desde la ampliación del decreto anticrisis y hasta final de año.
La cuantía básica está en 420 euros y con la inflación existente "miles de familias no pueden llegar a final de mes", ha dicho en rueda de Pablo Fernández, portavoz de Podemos que ha detallado las medidas avanzadas por la ministra.
Como tercera medida, Podemos apuesta por extender el bono social sobre la factura eléctrica a los dos millones de personas y legislar para prohibir los cortes de suministros (luz, gas y agua) antes de comprobar que el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación social o económica.
Las tres medidas adicionales que pide Podemos se unen a las que ya están en marcha: la extensión de la bonificación a combustibles, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%, incluidas en el plan anticrisis por la guerra y que, al menos, permanecerán hasta finales de septiembre.
Podemos exige reactivar la Ley de Vivienda y un impuesto a grandes fortunas
Por otra parte, Podemos ha reclamado que se inicie ya la tramitación de la nueva Ley de Vivienda y ha pedido al PSOE que apoye su propuesta en el Congreso para crear un nuevo impuesto a los 'superricos'.
Sobre la primera medida, la coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha alertado en la misma comparecencia de que las "familias no pueden esperar más" y es necesario reactivar la Ley de Vivienda con vistas a lograr bajar el alquiler y prohibir los desahucios. En este sentido ha criticado que el alquiler sigue siendo la "factura más alta" que pagan los españoles y, ante ello, hay que desplegar la regulación de precios junto a otras medidas, como movilizar la vivienda vacía, incorporar la que está actualmente en manos de la Sareb y prohibir que los pisos de titularidad pública se vendan a fondos buitre.
Por otro lado, ha llamado a apoyar la proposición de ley para crear un nuevo impuesto a grandes fortunas y evitar que la Comunidad de Madrid, a su juicio, se siga comportando como un "paraíso fiscal" para los ultrarricos. Concretamente, la dirigente de la formación morada ha explicado que ese nuevo tributo se ceñiría a menos de 10.000 personas con patrimonios superiores a 10 millones de euros y no sería bonificable, para evitar así que gobiernos autonómicos trataran de vaciar su contenido.
Jacinto ha reivindicado que es una propuesta de "justicia fiscal y social" para acabar con los "regalos fiscales a los ultrarricos", como en su opinión hace Madrid al perdonar tributos por valor de 1.000 millones a "un puñado de millonarios" mientas recorta en Metro y cierra urgencia en la Atención Primaria.
