La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) anunció ayer la creación, en colaboración con la Europol, de una Coalición Coordinada para Delitos contra la propiedad intelectual -IPC3, por sus siglas en inglés-, una unidad que dará apoyo técnico y operativo a las fuerzas de seguridad nacionales y a los Estados miembros en su lucha contra la piratería transfronteriza.

El 70 por ciento de los trámites ante los juzgados y tribunales ya se realizan de forma telemática. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien precisó que, a fecha del 10 de julio, el número de gestiones electrónicas había alcanzado los 38 millones, lo que ha supuesto un ahorro de 280 millones de euros.

Durante el primer semestre del año, la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) tramitó 203 procedimientos en conflictos laborales. Una cifra que supone una reducción del 12,5 por ciento respecto a los asuntos gestionados en los seis primeros meses de 2015. El número de trabajadores afectados por los mismos, sin embargo, se incrementó un 0,36 por ciento con 1.628.582.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a una ciudadana que pasó 542 en prisión preventiva y que, posteriormente, fue absuelta por "inexistencia del delito" que se le imputaba. La sentencia, de 17 de mayo, rectifica así el criterio de la Audiencia Nacional (AN).

A menos de 20 días para que concluya el plazo fijado por la ley -el 6 de junio-, la Fiscalía ha advertido de que no cumplirá a tiempo con la exigencia de calificar las causas pendientes entre sencillas o complejas. Una clasificación que, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) -introducido en la reforma de 2015-, determina el límite máximo de duración de la instrucción: seis meses las primeras y 18 meses -prorrogables- las segundas.