A menos de 20 días para que concluya el plazo fijado por la ley -el 6 de junio-, la Fiscalía ha advertido de que no cumplirá a tiempo con la exigencia de calificar las causas pendientes entre sencillas o complejas. Una clasificación que, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) -introducido en la reforma de 2015-, determina el límite máximo de duración de la instrucción: seis meses las primeras y 18 meses -prorrogables- las segundas.
En un duro comunicado emitido ayer, el Pleno del Consejo Fiscal -máximo órgano de representación de la carrera aseguró que, "considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 resultado de difícil o imposible cumplimiento". La nota, que fue aprobada por unanimidad, también recuerda que no se ha dado ninguna instrucción en relación con este asunto a los Letrados de la Administración de Justicia, tal y como se comprometió el Ministerio.
El Consejo Fiscal, además, explica que con la información disponible, las distintas fiscalías no pueden conocer el "cambiante volumen" de asuntos pendientes en los juzgados, "de modo que no es posible asegurar con certeza que el 6 de junio se hayan podido revisar todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa".
En este sentido, el organismo exige al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para corregir dicha situación, y reprocha que no se haya apostado definitivamente por atribuir la Fiscalía la dirección de la instrucción de los delitos. "La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos".
"Sobreesfuerzo" de los fiscales
Precisamente, para buscar algún tipo de acercamiento que rebaje la tensión en torno a este asunto se reúnen esta tarde Rafael Catalá, ministro de Justicia, y Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, en la sede del Ministerio.
Desde Justicia no ocultaban ayer cierto malestar tras el pronunciamiento del Consejo Fiscal. Si bien reconocían la ingente labor realizada por los fiscales en los últimos meses, fuentes del Ministerio aseveraban que el Departamento lleva meses trabajando de forma conjunta con el Ministerio Público, y negaban que el Ejecutivo se hubiera desentendido de la carga de trabajo que iba a suponer la clasificación de las causas pendientes.
En este sentido, recordaron que el Gobierno ha aprobado el refuerzo de la plantilla del Ministerio Fiscal para cumplir con los plazos fijados. Un apoyo que fue reconocido por Madrigal ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 25 de abril, aunque, a su vez, criticaba el "sobreesfuerzo" al que se estaba sometiendo a los fiscales. En dicha comparecencia, la fiscal general estimó que, de las causas revisadas hasta el momento, el 30 por ciento habían sido calificadas de complejas.
A pesar de la advertencia del Consejo Fiscal, desde el Ministerio mostraron su confianza en que finalmente se cumpla el plazo fijado en la ley e insistieron en que no se producirá en ningún caso el archivo de las causas inconclusas ni se producirá inseguridad jurídica.
En este punto plantearon que los fiscales, en caso de duda, podrán declarar compleja una causa y, posteriormente, proceder a revisar dicha calificación.
