La Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente emitieron ayer un comunicado conjunto respaldando la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contenida en el pacto de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos, y que plantea la elección directa de sus 12 vocales por los propios jueces y magistrados.
El quebrantamiento de la pena de localización permanente, cuando ésta se cumple en el domicilio o en cualquier otro lugar fijado por el juez, distinto de un centro penitenciario, se castigará con pena de multa -y no de prisión- de 12 a 24 meses, de acuerdo con el artículo 468.1 del Código Penal (CP). Así lo determina la Fiscalía General del Estado en la Consulta 1/2016, del 24 de junio.
El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las comunidades de propietarios estén legitimadas para reclamar daños morales en representación de sus miembros. Así lo determina una sentencia del 28 de julio en la que determina que si bien su legitimación "puede apreciarse respecto de aquellas cuestiones que hacen referencia a la gestión de la cosa común", en modo alguno resulta predicable de una demanda que hace referencia "al dolor, al sufrimiento o al aflicción de determinados sujetos".
El Defensor del Pueblo reclamó ayer las modificaciones legales necesarias para hacer compatible que los artistas puedan cobrar por su actividad creativa una vez alcanzada la edad de jubilación, sin tener que renunciar a su pensión de jubilación. Según una nota difundida por la institución, esta imposibilidad "constituye un desincentivo a la labor creadora" y "compagina mal" con la protección de los derechos creación literaria, artística y científica del artículo 20 de la Constitución.
Los procedimientos concursales declarados y archivados en el mismo edicto aumentaron su presencia dentro del número total de procesos de insolvencia declarados en Madrid y Barcelona durante la primera mitad del año, con un incremento del 19 y del 35 por ciento respectivamente.
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la legitimación de una madre para presentar, en representación de su hija menor de edad, una reclamación de filiación, a pesar de corresponder con la verdad biológica, por poner en riesgo el interés de la menor. Así lo determina una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil, del 30 de junio.
El 15 de septiembre finaliza el plazo para que cualquier miembro de la sociedad civil haga aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto (correspondiente al periodo 2016-2018) a través de la web del Portal de Transparencia. Un programa de carácter bianual que busca que el Gobierno se comprometa a impulsar reformas que mejoren la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información.
La Inspección de Trabajo ha puesto su punto de mira el control de las horas extraordinarias de la banca, el comercio, las actividades sanitarias y servicios sociales, la industria manufacturera y los servicios de reparación de vehículos. Unos sectores que, según los datos contenidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2015, han registrado un mayor volumen de tiempo de trabajo fuera de la jornada ordinaria de los empleados. En el caso del sector financiero y de seguros, además, el organismo advierte que "concentra un mayor volumen de las [horas extra] no pagadas".
El juzgado que reciba una solicitud de internamiento involuntario, cuando la persona afectada ya se encuentre internada forzosamente, no podrá inadmitirla sin más, aunque el proceso iniciado no sea el adecuado. El órgano deberá adoptar de oficio una decisión en relación con el derecho fundamental afectado -la libertad personal-: decretar la liberación o abrir el procedimiento que corresponda con arreglo a la ley. Así lo determina el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia de 18 de julio.
El empleo de cinta autoadhesiva o esparadrapo como técnica de sutura o aproximación de los bordes de una herida (denominados 'puntos de aproximación') debe considerarse "tratamiento médico-quirúrgico", por lo que su uso sobre una incisión o un corte determina que la acción que lo provocó debe calificarse como un delito de lesiones y no como una simple falta de lesiones.